Fuente: La Caja Negra

La investigación por presunto lavado de dinero contra los directivos del Banco Atlas avanza con dificultades debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a través del diario ABC Color para evitar que se avance con las pesquisas. A partir del reclamo de la Conmebol de recuperar el dinero del fútbol, la fiscalía analiza la aplicación de la figura del comiso autónomo con el objetivo que el banco devuelva las ganancias obtenidas en las operaciones comerciales con Nicolas Leoz.

El proceso está regido por la Ley 6431, que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo. Los fiscales deberán presentar la solicitud de privación de los beneficios y ganancias provenientes del hecho punible. La acción es de carácter real y patrimonial; es decir, va contra los bienes. Incluso, puede hacerse sin declaración de reprochabilidad.

La investigación penal tropieza además con la férrea resistencia de los directivos del banco Atlas de proveer información clave sobre las operaciones realizadas por Nicolas Leoz con el entidad bancaria. Los fiscales del caso, Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera, solicitaron información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolas Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado.

Sin embargo, el directorio del banco Atlas respondió que están no obligados a retener la información en soporte documental por más de 5 años y además alegaron que ya no cuentan con registros de dichas operaciones ya que supuestamente realizaron una “migración” de su sistema. De esta manera el Grupo Zuccolillo aplica el mismo modus operandi de no colaborar con la justicia. El banco Atlas había negado información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”.

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LLAMATIVA DILACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Los directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.

En el mes de mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del BCP inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.

Los resultados de esta auditoría aún no fueron entregados al Ministerio Público por lo que los fiscales del caso Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera remitieron una nota requiriendo los resultados de dicha auditoría.

Se trata del segundo episodio protagonizado por la Superintendencia de Bancos donde denotan poca colaboración con la justicia ya que en julio del año pasado se habían negado a proveer información en el marco del mismo proceso penal. En aquella ocasión el juez Humberto Otazú autorizó allanar la dependencia del BCP destacando en el considerando de su resolución el poco favor que hace a la justicia la negativa a colaborar de parte de la banca matriz en un caso donde se investigan presuntos hechos de lavado de dinero.

Los miembros del directorio del banco Atlas también se encuentran en la mira de la investigación por haber avalado las operaciones realizadas por el ex dirigente deportivo, Nicolás Leoz.

CRONOLOGÍA DE LA OPERACIÓN LAVADO Y CÓMO SE BLINDÓ DINERO SUCIO DE LEOZ

Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas de sobornos.

En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos. Leoz estaba acusado como responsable de asociación delictuosa de crimen organizado; asociación delictuosa de fraude electrónico; fraude electrónico; asociación delictuosa para el lavado de dinero; lavado de dinero conforme a la legislación de los Estados Unidos.

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Las autoridades paraguayas, al conceder la extradición concluyeron que los hechos acusados se corresponden con las figuras, según nuestra legislación, de asociación criminal, lesión de confianza y lavado de dinero. Leoz era acusado del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado un “perfil de alto riesgo”.

LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO

En febrero del año 2016, el banco Atlas formalizó dos contratos de fideicomiso a favor de Nicolas Leoz y sus familiares directos. Los dos acuerdos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso Fifagate.

Al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.

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En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.