El abogado Claudio Lovera, represen­tante de la Conme­bol, reveló que el banco Atlas, además de mentir al Banco Central del Para­guay (BCP) para justificar operación con Nicolás Leoz, nunca fue a la institución deportiva para verificar el origen de los fondos decla­rados por el cliente que era de alto riesgo en materia de prevención de lavado.

Lovera, representante de la Conmebol, indicó en entre­vista con la radio Universo 970 AM / Nación Media que es sumamente impor­tante la nueva informa­ción publicada por el pro­grama “La caja negra”, que expone la irregularidad en la actuación de los directi­vos del banco Atlas en torno a su cuestionado cliente, el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.

 

 

 

 

 

Jorge Mendelzon, Santiago Llano y César Coll, integrantes del directorio del banco Atlas.

 

El abogado recordó que una auditoría de la Conme­bol detectó elementos con­cretos que comprueban que Nicolás Leoz perjudicó el patrimonio del ente para obtener beneficios ilícitos tras realizar operaciones sospechosas con el banco Atlas.

Remarcó que un banco es un sujeto obligado y que por ley debe prevenir que la estruc­tura financiera sea utilizada para los casos de lavado de dinero.

Para ello destacó que existe el Límite Operativo Autori­zado (LOA), el cual es uti­lizado por los bancos a los efectos de establecer un sis­tema de monitoreo de tran­sacciones de un cliente, de modo a que se activen las alertas en el caso de sobre­pasar el perfil asignado al mismo.

Sobre el caso de Leoz, el abogado indicó que el docu­mento remitido por el banco de la familia Zuccolillo no se ajusta a la verdad porque contiene una mentira irre­futable. “A partir de eso el siguiente paso es chequear cuál es la motivación de esta información y las fechas son relevantes. A todas luces se observa que se llevaron adelante las transacciones y luego se intentaron justi­ficar”, puntualizó.

Detalló que el 16 de marzo del 2013, Nicolás Leoz seguía siendo presidente de Conmebol; su renuncia se da a finales del mes de abril de ese año. Es en ese sentido que ocurre la irregulari­dad del banco Atlas, porque el documento en cuestión señala en su justificación que los ingresos de Leoz correspondían a su carác­ter como presidente hono­rario, cuando en la práctica aún seguía al frente de la institución.

Este es el documento remitido por el banco Atlas a la Superintendencia de Bancos en el que se consigna una información errónea, pero que habilitó al banco a realizar la operación de fideicomiso con Nicolás Leoz.

NUNCA CONSULTARON A CONMEBOL SOBRE LOS INGRESOS

Lo llamativo del caso es que la Conmebol nunca fue con­sultada por el banco en cues­tión si Leoz recibía remu­neración alguna como ex presidente de la institución, de acuerdo con el entrevis­tado. “Eso es importante porque como en el 2015 Nicolás Leoz tenía un per­fil de alto riesgo en materia de prevención de lavado, eso obligaba por resolución de la Seprelad al banco a verificar la información proporcio­nada por el cliente sobre el origen de los fondos, veri­ficando in situ la realidad, pero a la Conmebol nunca fueron”, reveló.

En otro momento sos­tuvo que en el 2015, Atlas solo realizó un reporte por “prensa negativa”, no así por operaciones sospechosas al sobrepasar el límite del per­fil asignado a Leoz.

La Conmebol, como víc­tima de Leoz y Atlas, sigue expectante al avance de la investigación del Ministerio Público y cooperando con todos los elementos que le son requeridos.

En el caso de comprobarse la denuncia hecha contra los directivos del banco Atlas por supuesto lavado de dinero, estos se expo­nen a una pena inicial que va hasta cinco años de cár­cel, con la eventual eleva­ción a 10 años, teniendo en cuenta posibles agravantes. A lo anterior se suma que la ley de prevención establece penas administrativas, tales como multas, apercibimien­tos, e incluso la suspensión del banco por un período importante, según Lovera.

El camionero paraguayo denunció la crítica situación que vive junto a otros compatriotas en la localidad de Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia. En una entrevista concedida al canal GEN/Nación Media, el trabajador reveló que llevan 35 días varados en territorio peruano sin poder avanzar debido al severo bloqueo de rutas que mantienen grupos indígenas en Bolivia, quienes exigen la salida del presidente de ese país.

Los manifestantes cortaron los accesos con maquinaria pesada, piedras y palos, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo.

Valdez calificó de “vergüenza” y de “migajas” la asistencia económica brindada por la embajada paraguaya en Lima. Según explicó, la representación diplomática les envió un primer desembolso de 270 soles, unos 479.000 guaraníes, a los ocho días de haber llegado, y una segunda partida de 170 soles hace apenas una semana.

El chofer lamentó que el dinero solo les alcanza para cubrir los gastos de alimentación de dos días, debido a que los comerciantes locales inflan los precios de los productos básicos al notar la desesperación de los transportistas.

La situación se complica aún más para estos trabajadores debido a su condición laboral, ya que operan como propietarios independientes. Valdez aclaró que los camiones están registrados bajo una empresa de transporte local que únicamente les provee el permiso internacional necesario para circular por la región de manera legal.

A pesar de haber enviado toda la documentación correspondiente y sus datos de identidad a los responsables de la firma para solicitar apoyo, el conductor denunció que la empresa optó por llamarse a silencio y desentenderse del problema, dejándolos completamente a su suerte.

Actualmente, el panorama es de total incertidumbre para el grupo de paraguayos, quienes transportan cargas que van desde telas y plásticos hasta aceite bitónico.

A pesar de contar con todos los papeles de tránsito en regla para cruzar a territorio boliviano y continuar el viaje hacia Paraguay, los afectados no tienen una fecha estimada de retorno ni saben cuánto tiempo más durará el conflicto político ajeno que los mantiene retenidos.

El Gobierno Nacional dejó sin efecto los decretos 5306 y 5307, vinculados al régimen de industrias convergentes y proyectos de transformación energética, según confirmó este martes el ministro de Industria y Comercio y jefe de Gabinete, Javier Giménez.

“El presidente ordenó que se deje sin efecto los decretos relacionados con industrias convergentes”, afirmó el secretario de Estado, al anunciar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

Las normativas habían sido promulgadas en enero de este año y posteriormente modificadas en abril, con el objetivo de establecer condiciones especiales para atraer inversiones de alto consumo energético al país.

El Decreto 5306 declaraba como política pública el desarrollo de las denominadas industrias convergentes, categoría que incluía actividades como centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y otras iniciativas tecnológicas intensivas en el uso de energía eléctrica. La normativa contemplaba además mecanismos especiales para la habilitación de estos proyectos y esquemas tarifarios específicos para el suministro de energía.

Por su parte, el Decreto 5307 estaba orientado a proyectos denominados “Power to X”, destinados a transformar energía eléctrica en productos de valor agregado como hidrógeno verde, amoníaco verde, metanol y combustibles sintéticos, considerados estratégicos dentro de la transición energética global.

Ambos decretos buscaban aprovechar la disponibilidad de energía hidroeléctrica paraguaya para captar inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo previsibilidad para proyectos de gran escala.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás a estas disposiciones. “Este gobierno no tiene empachos en corregir en lo que se tenga que corregir”, sostuvo Giménez al explicar la determinación.

El ministro argumentó que la prioridad del Gobierno pasa actualmente por fomentar un mayor aprovechamiento interno de la energía generada en el país. “La prioridad ahora es dejar de exportar energía y que se use en Paraguay”, expresó.

La derogación de las normas marca un cambio en la estrategia impulsada por el Ejecutivo respecto al uso de la energía disponible, en momentos en que el debate sobre industrialización, inversiones y aprovechamiento de los excedentes hidroeléctricos ocupa un lugar central en la agenda económica nacional.

El encuentro se llevó a cabo en Villa Serrati, sede del MEF, y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Oscar Lovera, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. También participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez; así como representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Durante la reunión fueron evaluados los avances en el cumplimiento de los pagos correspondientes a obligaciones pendientes con el sector, además de la ejecución presupuestaria del MOPC en el presente ejercicio fiscal.

Las autoridades también analizaron el ritmo de ejecución de las obras públicas desarrolladas durante el año y las proyecciones previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de las inversiones impulsadas por el Gobierno en infraestructura.

El ministro Lovera destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, señalando que este tipo de espacios contribuye a generar previsibilidad financiera y facilitar el desarrollo de los proyectos en ejecución.

En ese contexto, reiteró la apertura del Ministerio de Economía para continuar dialogando con los distintos actores vinculados a la actividad de la construcción y evaluar alternativas que permitan atender las necesidades del sector.

Por su parte, la ministra Centurión valoró el acompañamiento de los gremios en la búsqueda de mecanismos para avanzar en la regularización de los compromisos pendientes del Estado, al tiempo de destacar el trabajo conjunto desarrollado con el equipo técnico del MEF.

A su turno, representantes de Cavialpa y Capaco resaltaron la predisposición mostrada por ambas instituciones y destacaron la importancia de la mesa de trabajo instalada entre el Gobierno y el sector privado para coordinar acciones y plantear soluciones a los desafíos que enfrenta la actividad constructiva.