El artículo 285 de la Constitución Nacional establece el carácter técnico y autónomo del Banco Central del Paraguay. El “blindaje” de esta institución a los vaivenes de la política ha sido, hasta ahora, una conquista de los últimos gobiernos a excepción del gobierno de Mario Abdo Benítez.

En el último quinquenio primó el criterio político en el manejo del BCP. El copamiento del directorio por parte de funcionarios leales al presidente, la actuación al margen de la ley por parte de la Superintendencia de Bancos y la operación “blanqueo” protagonizada por el presidente de la banca matriz en complicidad con miembros del directorio confirman que la institución dejó de ser un organismo técnico e independiente para ser sometido a los antojos del poder de turno.

Ignorando todas las críticas y advertencias acerca del conflicto de intereses, el presidente Mario Abdo Benítez propuso la designación de dos ex funcionarios de Hacienda y del Ejecutivo como miembros del directorio del Banco Central. Se trata de los economistas Humberto Colmán y Carmen Marín, ambos considerados leales al presidente Abdo.

La designación de estos funcionarios desató críticas desde sectores políticos e incluso de los propios funcionarios de la banca matriz quienes advertían del copamiento del Directorio del BCP por parte de funcionarios leales al presidente de la república. El directorio del BCP debió mantener una representación plural e idónea para garantizar su desempeño como un organismo técnico responsable de la condición de la política monetaria.

Otro de los episodios bochornosos observados durante este gobierno y que afectó severamente la imagen del Banco Central fue el papel que jugó la Superintendencia de Bancos a cargo de Hernan Colmán. Este funcionario se negó a proveer información relevante al Ministerio Publico en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que afectaba la banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

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Tras la injustificada negativa de Colman, el juez penal de garantías Humberto Otazú autorizó allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos advirtiendo que la negativa ponía en riesgo el proceso de evaluación de Paraguay en Gafilat y que el funcionario responsable, Hernan Colmán, se exponía a un proceso penal por el hecho punible de obstrucción de la investigación penal.

Finalmente, y como corolario del proceso de destrucción institucional al que fue sometido el Banco Central, el presidente de la entidad José Cantero en complicidad con los miembros del directorio y del Superintendente de Bancos sancionaron a un entidad financiera por faltas cometidas. Llamativamente, en la resolución no se incluyó el periodo en el cual el propio Cantero se desempeñó como gerente general de la entidad hoy sancionada.

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Según informes de la Superintendencia de Bancos, desde 2016 se detectaron hechos irregulares en la entidad financiera sancionada, época en la que Cantero se desempeñaba como gerente general.

El 8 de junio del 2023, Cantero decidió imponer una multa a la entidad de la que formó parte, pero se excluyó de la sanción, consumando así un acto administrativo arbitrario y con fuerte tinte político ya que se sanciona a personas de intachable trayectoria, pero llamativamente se excluye al exgerente de la entidad sancionada, que hoy funge de juez y parte.

La política de manoseo, copamiento y actuaciones arbitrarias por fuera de ley en el Banco Central durante la presidencia de Mario Abdo representan un serio riesgo a la institucionalidad que llevó años construir y sostener. Un “legado” más del presiente Abdo que puede costarnos muy caro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.