La causa en cuestión surge por la denuncia realizada por quienes fueron ubicados en el referido lugar, y son -según lo confesaron ellos mismos- los responsables de la tala de árboles, y a la consulta de la fiscalía de si con qué permisos contaban para realizar tales actos, respondieron que fueron “autorizados por el presidente del Indert en forma verbal”.

Desde la institución sostienen que ya se dejó constancia de que el testimonio hecho por los involucrados es “falso y temerario”, por lo que supuestamente el propio titular del Indert pidió la investigación. Además, aseguran que Justo Cárdenas dejó documentación mediante, que desde el 20 de julio de 2016 la Colonia Francia Cue, está intervenida y que la administración actual no otorgó ninguna adjudicación de lote, ni certificado de ocupación.

La postura del Indert refiere que es hasta “bochornoso” que se impute como autor de tala de árboles a una persona que “jamás estuvo en el lugar” y que no realizó acto alguno para permitir o instigar dicho acto. Sostienen que la imputación carece absolutamente de sustento.

En ese sentido, Cárdenas analiza una eventual denuncia contra Rachid por mal desempeño de funciones y prevaricato.

La agente fiscal Lourdes Bobadilla abrió una investigación caratulada “Exposición de personas a lugares de trabajo peligroso Art. 205″, en averiguación de supuesta responsabilidad sobre actividades peligrosas en la construcción luego del fallecimiento de un obrero tras el derrumbe registrado en una obra en construcción en la ciudad de Ñemby.

La representante del Ministerio Público ordenó que el lugar en donde se realiza la obra de construcción sea lacrado debido a la inseguridad de la zona y para evitar otra tragedia. Luego el personal de Criminalística efectuará los estudios necesarios de forma de precisar que causó el derrumbe y el fallecimiento del obrero Rodney Amarilla Bogado, de 33 años.

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Para la agente fiscala Bobadilla es prioritario evaluar la cadena de responsabilidad en los cuidados de los elementos de bioseguridad que debían llevar los empleados.

De la misma manera, el Ministerio Público investigará sobre el plan de obras y la autorización de la municipalidad para la construcción.

Durante el anuncio, el Rector Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira hizo lectura de la carta enviada por su Eminencia José Tolentino Card. De Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en la cual se confirma el nombramiento del Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer como Rector, reconociendo en ella la elección realizada por los Obispos en la 242° Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

La designación del Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer como nuevo rector responde al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el estatuto que regula la Universidad Católica.

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“Con esta confirmación la Conferencia Episcopal Paraguaya proseguirá el proceso de elección de las autoridades de la Universidad Católica que acompañarán al nuevo Rector en el quinquenio de su mandato”, refiere el comunicado de la institución.

Cabe mencionar que, todas las autoridades del Gobierno de la Universidad Católica continúan en funciones hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades en una fecha que será comunicada próximamente.

Bohnert Bauer reemplazará en el cargo a Narciso Velázquez.

Al inicio de la sesión el Pleno se constituyó en Comisión para el tratamiento del proyecto de Ley “Que amplía el plazo de vigencia y modifica el artículo 4 de Ley N° 7238/2023,’Que declara en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas”, presentado por varios diputados.

El senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que este proyecto tiene carácter de urgencia, ya que dota al Ministerio de Justicia de una herramienta jurídica que permite, entre otras disposiciones, garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas. “Este apoyo busca fortalecer el control en las periferias de cada establecimiento penitenciario”, sostuvo el legislador.

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Asimismo, el proyecto amplía ciertas atribuciones del Ministerio de Justicia con el propósito de dar continuidad a las medidas establecidas por la Ley Nº 6231/2023, especialmente en áreas como infraestructura, tecnología, seguridad, personal y formación, que impactan directamente en la seguridad del sistema penitenciario. “Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo continuo por mejorar y ampliar la normativa vigente”, destacó el senador Zacarías Irún.

Tras el análisis correspondiente, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto, el cual será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación, conforme al procedimiento establecido.