Cambio de APP es un “golpe” a credibilidad del Gobierno

El Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS) emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la modificación de la Ley APP (Alianza Público-Privada). Insta al Poder Legislativo a cumplir su rol constitucional y no inmiscuirse en el ámbito del Ejecutivo.

“El Congreso no está facultado para negociar ninguno de estos puntos, ninguna concesión caso por caso. Sólo debe dar el marco jurídico de las posibles alianzas público-privadas y el Ejecutivo las negocia por su ejercicio de la administración general del país. La pretensión del legislativo de citar a los interesados y negociar los términos de los posibles emprendimientos, constituirá un claro abuso de poder”, expresa el documento firmado por los principales referentes del IDPPS.

“Por otra parte la propuesta de modificación de la Ley que regula la APP asimila impropiamente los posibles acuerdos de voluntades entre el sector público y el sector privado para la satisfacción de servicios públicos (contrato administrativo), con los casos posibles de concesiones (contrato de concesión), y hasta con procesos de tercerización y privatizaciones”, agrega el escrito.

El grupo entiende que la modificación legislativa de la ley constituye un duro golpe a la credibilidad de las políticas del gobierno, en particular en materia de inversión pública. “El hecho, como mínimo, estaría postergando las decisiones de iniciativas cercanas a la definición, en unos casos, y en otros, las inversiones serán diferidas sin fecha”, menciona en otra parte.

El comunicado lleva la firma de los integrantes de “Patria Soñada” Thomas Field, José Altamirano, Ernesto Orbegoso, Gilberto Caniza, Cibar Benítez, Bernardino Cano Radil, Dionisio Coronel, Juan F. Facetti, Lidia Edith Amarilla, María Ester Jiménez, Julia Maciel, Ronald Dietze, César Talavera, Víctor Sánchez e Ignacio Mendoza.

Jueza se constituye en vivienda disputada entre una madre soltera y su exsuegra

La jueza de Paz Liz Lobo se constituyó este martes en la vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por la cual se disputan una madre soltera con dos hijos y su exsuegra, quien en un principio había regalado la casa a la mujer, pero ahora intenta dejarla en la calle.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

Puede interesar: Comienza estudio que definirá el porcentaje de reajuste del salario mínimo

Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

Lea también: “Caseros de oro”: Fiscalía apela sobreseimiento del exdiputado Tomás Rivas

Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

Advierten nuevo ingreso de sistema de tormentas para Asunción y gran parte del país

La Dirección de Meteorología emitió este martes un boletín en el que se alerta el ingreso de un nuevo sistema de tormentas que afectará a gran parte del país.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

Puede interesar: Senado autoriza el ingreso al país de militares del Brasil y Estados Unidos

En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Papá moroso condenado a 2 años, desde ahora deberá estar inscripto en el Redam

El hombre recibió la condena de 2 años, con suspensión a la ejecución, por el plazo de 5 años en los que deberá pagar la suma de G. 400.000 mensuales. Inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) no podrá realizar escrituras públicas.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

Te puede interesar: Comienza estudio que definirá el porcentaje de reajuste del salario mínimo

El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

Lea también: “Todos somos responsables 2024″: lanzan campaña contra el abuso sexual infantil