Arnildo Caballero, interventor de la cárcel de Tacumbú, en entrevista con Radio Uno manifestó que al momento de ingresar al lugar, Justo Cárdenas sufrió una descompensación debido a un pico en su presión arterial, lo cual habría sido como consecuencia del “cambio brusco por el ingreso en una penitenciaría”, situación que -de acuerdo a sus expresiones- “le habrá afectado también en lo emocional”.

Tras este hecho y para salvaguardar su salud, el extitular del Indert fue remitido al pabellón de la tercera edad donde actualmente se encuentra bajo tratamiento, recibiendo solo visitas de sus familiares. “Se siente diferente a los demás, no es una persona común, un reo como los demás que está normalmente, se cuida mucho la salud y por ese motivo está en ese lugar”, afirmó.

Respecto a la “celda VIP” que anteriormente era ocupada por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavâo, Caballero recordó que dicho lugar fue reacondicionado para convertirse en el pabellón de la tercera edad donde son remitidos algunos de los internos mayores de 50 años.

Según estimó, en ese sector actualmente alberga a unos 50 internos, cantidad que sería el tope máximo permitido. Todos los allí recluidos se encuentran cómodos y con guardia permanente, indicó el interventor, evitando llegar a la situación de hacinamiento de otros sectores.

Al ser consultado sobre el rumor de que se debe abonar un monto de dinero para ser ubicado en ese sector -tal y como menciona el diario Última Hora en una publicación-, el interventor de Tacumbú negó dicha acusación y sostuvo que las personas son remitidas allí de acuerdo a su edad y los problemas de salud que pudieran llegar a tener.

Inclusive, Caballero manifestó que existen varios reos de escasos recursos que actualmente ocupan el pabellón de la tercera edad y no se encuentran en condiciones de abonar la millonaria suma de dinero que supuestamente se debe aportar para gozar de ese privilegio.

El extitular del Indert, Justo Cárdenas, fue remitido para guardar prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el pasado 3 de diciembre luego de ser imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, se ha detectado una falta de justificación de G. 2.644 millones en base a los ingresos en los últimos 10 años.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.