El pasado 14 de julio Silvio Alvaro Alfaro, presentó una recusación contra el magistrado de la causa, pero hoy la Cámara de Apelación integrada por Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Emiliano Rolón Fernández, rechazó el planteamiento por improcedente.

De esta manera reenvían el expediente la juez Delmás, quien había fijado para mañana 4 de agosto la audiencia preliminar para Roldofo Friedmann, Marly Figueredo, Silvio Alvaro Alfaro, María Auxiliadora González y Eduardo Domínguez en el caso del almuerzo escolar.

Los camarista señalan en su fallo que, para que un juez sea apartado de un proceso, es necesario que las causas que motiven el pedido sean debidamente justificadas para poder aplicar las normas establecidas en el derecho. Pero en este caso la defensa del procesado pide que se aparte del magistrado basándose en meras situaciones desprovistas de prueba alguna y que fueron desvirtuadas por el magistrado, por lo tanto no corresponde darle curso al presente incidente.

De esta manera el juez Delmás puede llevar a cabo mañana la audiencia preliminar, de no presentarse nuevamente otro incidente, tal como lo vienen haciendo las diferentes defensas en este proceso en el que se van turnando para chicanear la marcha del proceso.

En este caso están imputados Rodolfo Max Friedmann Alfaro, por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado en calidad de autor. Silvio Alvaro Alfaro Bertolo, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autora. Eduardo Domínguez, acusado por lavado de dinero y asociación criminal. Marly Eliana Figueredo López, por lavado de dinero en calidad de autora. Para todos ellos se pidió la elevación del caso a juicio oral y público, ahora el juez penal de Garantías José Agustín Delmas debe fijar una fecha para la realización de la audiencia.

En este expediente el fiscal Osmar Legal concluyó que entre los años 2016 y 2017 la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que ganaba las licitaciones para proveer el almuerzo escolar en el departamento del Guairá, le pertenece a Rodolfo Friedmann, quien en esos años se desempeñaba como gobernador.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.