En 2016 fueron 33 los periodistas asesinados en toda la región, en comparación con los 27 de 2015, 25 de 2014 y 18 de 2013. Los 33 asesinatos de periodistas ocurrieron en Brasil, Honduras, México, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Perú y Venezuela.

El informe recoge además “cientos de agresiones, amenazas, y hostigamientos, entre otros actos de violencia cometidos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación, (…) como consecuencia de las denuncias realizadas o la información difundida”.

En 2016 también hubo “declaraciones estigmatizantes hacia aquellos que publican información que no es del agrado de las autoridades” en Colombia, Bolivia, Honduras, Ecuador, El Salvador y Venezuela, y múltiples agresiones contra periodistas en el marco de protestas sociales.

La CIDH destacó la detención de una periodista durante una protesta contra un oleoducto en Dakota del Norte (EE.UU.) así como decenas de agresiones, algunas de agentes de la fuerza pública, en Brasil, Colombia, Canadá, Paraguay, El Salvador y Venezuela.

El informe “condenó” además la muerte de manifestantes y agentes estatales en el marco de protestas en 2016: 8 en México, 4 en Venezuela, 3 indígenas y un estudiante en Colombia y 3 mineros en Bolivia, país en el que fue asesinado el viceministro del Interior, Rodolfo Alvarado.

La CIDH ve con preocupación en su informe las múltiples denuncias penales presentadas por funcionarios estatales o candidatos políticos contra periodistas por la publicación de informaciones de interés público, que acabaron algunas de ellas con condenas a penas de prisión.

“La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público persiste en algunos países como respuesta desproporcionada a los eventuales conflictos con el honor y la reputación”, apunta en informe.

Alerta además que “aunque no fue la regla, en un pequeño número de países se registró casos de censura estatal de medios de comunicación, bloqueo de páginas informativas en Internet y ataques de denegación de servicios contra sitios web de medios y organizaciones no gubernamentales”.

Finalmente, la CIDH “registra con especial interés los avances verificados en los Estados del hemisferio en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública” y ve “una buena noticia” en “el creciente rol de los tribunales superiores de varios países que emitieron pronunciamientos judiciales que incorporan una protección reforzada a la libertad de expresión”.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Américanos (OEA) con sede en Washington.

El embajador estadounidense recibió a Claudia Aguilera y a Juan Manuel Corzo porque este viernes 10 de mayo se cumplen 2 años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena, Colombia.

Ostfield ratificó, en nombre del Gobierno de EEUU; la disposición y el compromiso con las investigaciones para dar con los responsables de la muerte del fiscal y con la lucha contra el crimen organizado.

“El legado de Marcelo exige priorizar la investigación, hasta que se haga justicia, para que nunca más ocurra algo así”, escribió el embajador en un posteo en redes sociales.

Pecci fue asesina por sicarios cuando se encontraba en la playa de un hotel en la isla de Barú, donde fue de luna de miel con Aguilera.

La justicia colombiana condenó a varios implicados con el crimen. Margareth Lizeth Chacón Zúñiga por su participación en la planeación del asesinato, los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes aceptaron su responsabilidad en el asesinato, recibieron una condena de 25 años y seis meses de prisión. Otro de los acusados de articular el homicidio fue Francisco Luis Correa Galeano.

El comunicado de la familia Pecci hace mención a lo ocurrido dos años atrás en Cartagena, Colombia, donde un grupo de sicarios internacionalmente, coordinados y financiados, acabó con la vida del fiscal Marcelo Pecci. Al respecto, sostienen que los responsables hoy se muestran “fuertes con el uso del dinero mal habido, atropellando lo que han encontrado a su paso, pero que también lo usan para esconderse detrás de fachadas y de lugartenientes que no hacen sino retrasar el proceso”.

Indican además que esto fue retrasando el que consideran el único proceso de investigación, el que se da en Colombia. “Vivimos y crecimos en este país en donde sabemos de injusticias. Vivirla en carne propia lo hace doloroso, frustrante. El olvido son como capas de polvo que no vemos caer pero en el bronce que engalana el nombre de Marcelo Pecci ya hay una capa bastante gruesa que en poco tiempo más va a impedir leer sus letras o recordar sus hazañas”, resaltan.

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Al respecto de los homenajes a los dos años de su asesinato, indican que “ningún acto ni tributo para la familia es aceptable si no se trata de Justicia”.

“Tímidamente hoy vemos caer hojas y hojas del calendario a las que acompañan excusas, lamentos, discursos; pero muy poco en cuanto a lo que se refiere a aquella ansia que a los justos enciende cuando de encontrar al asesino de su compañero se trata”, subrayan en relación a las acciones investigativas que se llevan en Paraguay, donde lamentan que no se ven entusiastas investigadores como sí los hay en Colombia.

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“El olvido es la peor forma de injusticia. Porque el dolor no cesa y la putrefacción no sana. El nombre de Marcelo Pecci no ha sonado ni en los discursos públicos (aquellos que apuntan a la corrección política) por lo menos para decir que se está buscando algún tipo de justicia. Ni se ha intentado disimular. El olvido provocado es aún peor”, enfatizan.

Ante toda la situación expuesta, solicitan a las autoridades encargadas de la administración que respetuosamente ahorren cualquier tipo de estipendio público en memoria de Marcelo Pecci. “Les solicitamos que en lugar de lirios o calas, cartas o cintas, hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matarlo”, agregan.

“Tenemos un gran desafío, considerando que tenemos previsibilidad por un período de tres años en la tarifa de la Itaipú Binacional, en el ingreso adicional y por sobre todas las cosas, el acuerdo operativo que posibilita a la Ande tener la prioridad en la energía excedente”, expresó el titular de la Ande, Félix Sosa, en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

Destacó que Paraguay de inmediato puede vender energía al mercado libre brasileño. Pero, se necesitan algunas definiciones técnicas por las que se empezará a trabajar. “Históricamente Paraguay quiso realizar esa venta de su energía al mercado brasileño. Es un logro demasiado importante”, sostuvo.

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Al tener un acuerdo también sobre el costo operativo de la binacional, Sosa señaló que una de las prioridades es el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y la industrialización. “La intención del Paraguay y el presidente Peña es que esa soberanía energética se constituya a través de la industrialización de nuestro país”, enfatizó.

Agregó que la Ande ya cuenta con un plan maestro definitivo, en el que se destaca la necesidad de inversión, cuyo estimativo por año es de 650 millones de dólares, repartidos entre generación y línea de transmisión de distribución de energía eléctrica.

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Asimismo, mencionó que la proyección de utilización del 100% de la energía es para el 2030, pero puede variar en caso de que aparezcan grandes industrias. “Actualmente a Paraguay le conviene una tarifa alta, porque el mayor porcentaje de ingreso lo aporta Brasil. Pero, eso se va a ir equilibrando con el aumento de la demanda en Paraguay”, explicó Sosa.

Por otra parte, remarcó que con esta definición de la tarifa de Itaipú, no se tendrá un efecto en la factura final del cliente.