La doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios de Salud Pública, mencionó a la radio Universo 970 AM que dos pacientes ya fueron derivados al sector privado mediante el convenio que empezó a implementarse ante la saturación por casos Covid-19 en el sector público, donde la ocupación de las camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) llega al 95% en todo el país. En el privado la ocupación es del 68%.

Ambos pacientes son del área Central. A uno de ellos se logró estabilizar y ya volvió al sector público. Mientras que el otro sigue internado en un sanatorio privado porque su cuadro continúa inestable.

“Hay mucha cantidad de pacientes que están en la delgada línea que requieren pasar a terapia intensiva. Fácilmente, contando dos o tres hospitales, son como 60 pacientes o más que están en esa franja. Hay mucho movimiento de pacientes, esa es una realidad que debemos afrontar. Hay mucho más de lo que nos gustaría”, dijo la entrevistada.

La directora comentó que hasta ahora cerraron convenio con siete sanatorios privados y así consiguieron 67 camas de UTI en Central e interior del país. Aclaró que la cifra puede subir, dependiendo de la disponibilidad en otros centros asistenciales privados. Estimó que se podrían llegar a las 100 camas disponibles, pero es muy dinámico porque depende de los sanatorios.

El convenio entre el servicio público y el privado establece que el paciente sea trasladado e internado hasta lograr que se estabilice y luego retorna al hospital público. La internación en el privado posee una duración de 15 días para cada paciente, aunque puede extenderse en casos excepcionales cuando la situación así lo requiera. Cada día de internación en UTI en los privados le costará al Estado unos 13 millones de guaraníes.

Pintos aclaró además que el compromiso no incluye a aquellos pacientes que ya están internados en los sanatorios privados y que no pueden solventar el costo de la internación. En estos casos, necesariamente el paciente debe ser llevado al servicio público. “Ocurre mucho esto, por lo menos dos veces a la semana tenemos esto. Se tarda uno o dos días para conseguirles lugar”, agregó.

El acuerdo solo está dirigido a los pacientes internados en sala común del sector público que necesiten ingresar a la UTI cuando su vida corre peligro pero ya no exista cama disponible.

#Tempranísimo

Habla la Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios del @msaludpy: “Actualmente tenemos un paciente que fue derivado al sector privado mediante el convenio que empezó a implementarse desde el sábado”.

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— GEN (@SomosGEN) September 14, 2020

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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