El abogado José Domingo Almada, querellante en el proceso penal que soporta Matías Raúl Bilbao, acusado por el crimen de Olga Feliciangeli, hermana de la conocida periodista Mina Feliciangeli, indicó a Hoy Digital que cuentan con suficientes elementos de prueba contra el procesado que deberá someterse a un juicio oral en la causa que investiga el condenable crimen.

Precisó que con la querella adhesiva van a probar la responsabilidad del sujeto investigado y que pedirán que sea aplicada la máxima pena de 30 años de cárcel más otros 10 años como medida de seguridad para el procesado.

“Contamos con testimoniales, informes técnicos, tenemos la certeza de la responsabilidad del sujeto en este homicidio, la certeza plena. Él representa un peligro para la sociedad, hay numerosos antecedentes de sus actuaciones. Una semana antes de este crimen de Olga, él había atacado brutalmente a un sereno de una construcción, le llegó a propinar varios golpes con machetes. Al día siguiente del asesinato de Olga, el hombre asaltó a una mujer en la calle para arrebatarle su celular”, indicó el letrado.

La familia Feliciangeli sigue aún con mucho dolor ante la partida de la mujer, pero confía en el trabajo del Ministerio Público, y en que los jueces harán justicia, de acuerdo con el abogado.

“Olga era una mujer de 74 años, estaba en la seguridad de su casa, cuando este hombre ingresó cobardemente antes de las 5:00 (de la madrugada) le encontró acostada y le dio 16 a 17 apuñaladas, le mató directamente en la cama. Una señora que no podía defenderse, estaba acostada, dormida. Aprovechó la indefensión de la víctima, por eso pediremos la máxima pena para el presunto criminal porque se tienen varios elementos de prueba que determinan la responsabilidad de Bilbao en el hecho de homicidio doloso”, resaltó por último el entrevistado.

Matías Raúl Bilbao Fassardi está imputado por los hechos de homicidio doloso y robo agravado y guarda reclusión por la causa en la que está sindicado como el principal sospechoso. Durante su detención, se encontraron pertenencias de la víctima, identificadas por la familia; además, se obtuvieron imágenes de circuito cerrado que lo ubican en la zona del crimen.

Tras la identificación de Bilbao, el mismo relató que es adicto a la cocaína desde los 11 años, e incluso, había solicitado ser devuelto a la cárcel de Tacumbú, en donde hasta abril del 2020 se encontraba preso.

La intervención se realiza a pedido de la fiscal Stella Mary Cano, quien abrió expediente sobre el tema, a base de denuncias de pobladores de ese departamento, que presentaron videos y fotos de momentos en que accionan los delincuentes aerotransportados.

“Se está trabajando al respecto. Desde la denuncia que recibimos en la Dinac, se montó una especie de control en la zona y no tuvimos más reportes. Sí, a través de videos y fotografías, estamos recopilando y vimos que no fue sólo en una ocasión, sino más de una vez”, señaló Nelson Mendoza, titular de la Dinac.

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Subrayó que serían tres las naves utilizadas por los que se dedican a la caza desde helicóptero. Y que operan con sobrevuelos aparentemente rutinarios.

Desde el sector de la Senad, por su parte, existe la presunción de que los que accionan de ese modo, podrían tener alguna conexión con elementos del narcotráfico. La actividad de los operadores de este tipo de ilícitos, se ha incrementado significativamente en la frontera sur (con Argentina) por lo cual se sospecha sobre la posibilidad de que los infractores están realizando cacerías ilegales “recreativas” en los extensos territorios que abarcan los humedales.

En la madrugada del lunes pasado, un asalto violento tuvo lugar en la ciudad de Capiatá, cuando Aníbal Ortiz, de 56 años, fue atacado por un desconocido tras salir de un patio de folklore. Según la denuncia presentada por la familia de la víctima, Ortiz fue abordado por el agresor, quien lo golpeó brutalmente en la cabeza y lo abandonó en la Calle Ombú, dejándolo inconsciente e herido.

La víctima fue encontrada por una vecina, quien alertó a los familiares a través de redes sociales. Ortiz, quien fue despojado de sus pertenencias, incluyendo un celular Samsung, dinero en efectivo y documentos, fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá para recibir atención médica.

La denuncia incluye material capturado por cámaras de seguridad, donde se observa a un automóvil Toyota Premio, de color blanco y sin chapa trasera, de donde desciende un hombre de estatura alta, robusto, de cutis blanco, con cabello corto negro y vestido de negro. El agresor abandonó a Ortiz en el lugar antes de huir rápidamente.

La familia de la víctima pide la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable, mientras la Policía Nacional continúa con la investigación del caso. Las personas con información pueden denunciar en la comisaría más cercana.

La investigación del Ministerio Público se encuentra a cargo de los fiscales antidroga, Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, en el marco de la causa denominada “Pavo Real II”.

El equipo de fiscales comunicaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado la atribución de los nuevos hechos a Alexandre Rodrigues Gomes. El juzgado aceptó el escrito y se prevé para el próximo miércoles 11 de diciembre la realización de la audiencia de imposición de medidas.

Los hechos atribuidos a Alexandre Rodrigues Gomes, quien es hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, hacen referencia a que el mismo formaría parte de una organización criminal de carácter transnacional, que estaría compuesta por ciudadanos de nacionalidad paraguaya, brasileña y boliviana. Todos ellos operarían principalmente en el territorio nacional, concretamente en las ciudades fronterizas del departamento de Amambay.

Las presuntas actividades ilícitas identificadas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancias ilícitas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como cocaína, pasta base y marihuana, provenientes de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación en diversos mercados de consumo.

Asimismo, se reveló que el modus operandi de la organización criminal a la que pertenecería Alexandre Rodrigues Gomes, habría consistido en el envío sistemático de sustancias estupefacientes hacia Brasil, previamente adquiridas en Bolivia.

Las operaciones criminales habrían incluido la recepción de aeronaves provenientes de Bolivia, cargadas con pasta base y cocaína, que aterrizaban en pistas presumiblemente clandestinas situadas en establecimientos rurales estratégicamente ubicados en Amambay. Posteriormente, las sustancias ilícitas eran trasladadas al territorio brasileño, mediante diversos medios de transporte.

Además, se habría identificado una dinámica específica en la utilización de la aplicación de mensajería SKY ECC por parte de la organización criminal, la que habría consistido en la creación de grupos exclusivos entre sus miembros, establecidos específicamente para la coordinación de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.