Cristina Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), en entrevista con la 730 AM explicó que en la Región Oriental actualmente rige la Ley Nº 2524/04, conocida como “Ley de Deforestación Cero”, mediante la cual se prohíbe todo “cambio de uso de suelo” (entiéndase, desmonte). Por ende, cualquier tala de árboles en superficies boscosas que se haga en esta región del país es considerada como ilegal.

En lo que respecta a la Región Occidental o Chaco, mencionó que el desmonte está autorizado por el Decreto 175/18 que reglamenta el Art. 42 de la Ley Nº 422/73 (Ley Forestal Paraguaya). Dicho decreto establece que todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas de extensión deberán conservar el 25% de sus bosques en estado natural, además del 15% de las franjas de protección y separación de parcelas. En caso de que en estas propiedades también existan cauces hídricos, se deberá preservar otro 5% de los bosques de galería o bosques protectores de cauces hídricos.

Haciendo una sumatoria de todo lo señalado anteriormente, en total se debería conservar el 45% de la superficie boscosa de cada una de las propiedades rurales en la zona del Chaco paraguayo, de acuerdo a lo que establece la legislación forestal nacional.

Según datos del Infona, de agosto de 2017 a agosto de 2018 se registró un cambio de uso de suelo de 255.312 hectáreas en la Región Occidental. De esta cifra, un 76% corresponde a un cambio de cobertura forestal autorizado y enmarcado dentro de la ley vigente, lo cual significa que unas 194.037 hectáreas fueron objeto de desmonte de forma legal.

El restante 24% -equivalente a 61.275 hectáreas- corresponde a sectores en los que se observan cambios de cobertura forestal (desmontes), pero de los que no se tiene precisión si se trata o no de talas ilegales, esto -según Goralewski- debido a que no se cuenta con todo el archivo de catastro digitalizado para hacer la verificación de los límites de las propiedades rurales.

Por consiguiente, se puede interpretar que casi 62.000 hectáreas de bosque de la zona del Chaco pudieron eventualmente ser objeto de deforestación en el transcurso de un año (periodo agosto 2017 – agosto 2018), aunque para tener precisión de ello se debería revisar el catastro de cada finca.

En la actualidad, el Chaco paraguayo cuenta con 13.841.761 hectáreas de superficie boscosa, lo cual representa aproximadamente el 56% de la superficie boscosa total, de acuerdo a lo señalado por la titular del Infona a ABC Cardinal.

A diferencia de la Región Oriental donde, en cumplimiento de la Ley de Deforestación Cero, no se puede realizar ningún tipo de desmonte, en el Chaco se debe cotejar si es que las propiedades cuentan con un plan de cambio de uso de suelo para poder aprobar cualquier cambio de cobertura forestal.

“Si los porcentajes de conservación son insuficientes o no, creo que es un debate muy amplio y complejo que debe llevarse a cabo en una mesa técnica con expertos a nivel nacional e internacional, incluyendo en el debate los efectos sociales y económicos que implicaría el cambio de la legislación vigente en donde se debe definir el modelo de desarrollo que queremos como país”, manifestó Goralewski.

Si la legislación no es modificada, sostuvo que en el Chaco paraguayo se estaría conservando un 45% de superficie boscosa, lo cual equivale a aproximadamente 11 millones de hectáreas.

El procedimiento estuvo encabezado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, en el marco de la causa n.° 40/24, denominada “Miguel Prieto y otros / Lesión de Confianza”.

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la provisión de kits alimenticios para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19, para lo cual se habrían realizado pagos millonarios a la empresa mencionada, sin embargo, los productos entregados no coinciden con las especificaciones estipuladas en el contrato firmado entre las partes. Se detectó que productos como el azúcar y el aceite, no corresponden a las marcas contratadas, lo que levantó sospechas de un posible esquema fraudulento.

Puede interesar: Incautan cocaína oculta en pelotas de tenis con destino a Australia

La intervención fue impulsada con el propósito de realizar una exhaustiva búsqueda e incautación de documentos que pudieran estar relacionados con los hechos investigados. Cabe destacar que la presente causa surge luego de una serie de intervenciones hechas por la Contraloría General de la República y las documentaciones remitidas al Ministerio Público.

Según la hipótesis investigativa, la Municipalidad a cargo de Miguel Prieto habría desembolsado la suma de Gs. 2.637.408.000 para la adquisición de productos que no cumplían con las especificaciones acordadas y sin los permisos necesarios para la comercialización de productos de consumo humano.

Además, se sospecha que estos alimentos fueron distribuidos de manera irregular a las familias beneficiarias sin que se haya podido determinar su origen o si cumplían con los requisitos legales.

La Fiscalía tiene previsto continuar con la investigación en los próximos días para esclarecer la magnitud del fraude y determinar las responsabilidades de los involucrados, incluyendo funcionarios de la Municipalidad y representantes de la empresa contratista.

El procedimiento fue supervisado por el agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de Asunción, junto a la Dirección de Control de Aeropuertos y Seguridad Portuaria (DCASP) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, a cargo la jueza Lici Teresita Sanchez, tomó intervención en el caso.

Puede interesar: Paraguay marca presencia en congreso regional de promotores de donación de sangre

El procedimiento de apertura de encomienda se llevó a cabo en la sede de Atención Permanente del Palacio de Justicia. La encomienda, una caja de cartón de color amarillo, había sido remitida desde la ciudad de Ciudad del Este.

En el operativo intervino personal del Departamento de Control Aeroportuario Silvio Pettirossi de la SENAD, incluyendo agentes especiales.

El proyecto de ley además de declarar en situación de emergencia tres departamentos, amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408, del 30 de diciembre de 2024 – Presidencia de la República – Secretaría de Emergencia Nacional”.

Cabe destacar que el proyecto fue remitido nuevamente al Senado con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En ese contexto, el senador Orlando Penner, impulsor del documento, solicitó que el Pleno se constituya en comisión para su análisis. En su intervención, argumentó que la aprobación es urgente debido a las graves inundaciones que afectan a los mencionados departamentos.

Por su parte, el senador Natalicio Chase subrayó la crítica situación de las zonas afectadas, completamente aisladas por vía terrestre, y abogó por una respuesta inmediata a través de asistencia aérea y provisión de víveres. Destacó que el objetivo del proyecto es dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para agilizar los procesos de compra y contratación requeridos ante la emergencia.

Puede interesar: Senado rinde homenaje póstumo al impulsor de la Ley de la Maquila Paraguaya

Finalmente, se resolvió transferir los recursos a las gobernaciones, dado su mayor grado de cercanía con las zonas afectadas, aunque se canalizarán a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de G. 15.000 millones, distribuidos equitativamente entre los tres departamentos.

El texto sancionado corresponde a la versión de la Cámara de Diputados y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.