Detectan irregularidades por G. 2.196 millones en Escobar
Gestiones del equipo político, hoy liderado por María Cristina Espínola, en la Municipalidad de Escobar dejaron serios cuestionamientos detectados a través de una auditoría realizada por la Contraloría, en la cual se encontraron pagos por obras que no fueron realizadas, cargas de combustible sin rendición de cuentas, desembolso por kits alimenticios sin acta de recepción, entre otros.
Fuente: La Nación
Unidad de Investigación, Nación Media
Un total de G. 2.196 millones en la ejecución de gastos en la Municipalidad de General Patricio Escobar fueron cuestionados en una fiscalización especial inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República (CGR). El informe contiene 27 observaciones que ponen bajo la lupa a la actual intendenta, María Cristina Espínola, considerando que su equipo político se adjudica las irregularidades en uso de fondos de la comuna.
La auditoría corresponde a los períodos del 2020 hasta setiembre del 2021, tiempo en que su difunto esposo, el ex intendente Elvio Ruiz Díaz, fallecido en abril del 2021, y el doctor Gabriel Sánchez eran los responsables de la administración del municipio. En la misma se estudió la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los recursos provenientes tanto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) como de royalties y otras compensaciones, según explica el documento.
Respecto a las observaciones realizadas, la administración actual del municipio realizó su descargo alegando que no cuenta con los documentos solicitados por el equipo auditor, en la mayoría.
De los 27 cuestionamientos no rebatidos por la Municipalidad de Escobar, 17 refieren a inconsistencias de documentos de pago por obras, 4 son por irregularidades en las entregas de kits alimenticios, 4 son por obras inconclusas, 2 de construcciones en terrenos privados y 2 casos de carga de combustible irregular.
La observación número 24 señala que la Municipalidad de Escobar pagó la suma de G. 148.811.546 “por obra inexistente”. Se trata de la construcción de un tinglado para la Escuela Básica San Roque González de Santa Cruz, de la localidad.
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El informe aclara que, pese a no ser construida, en la municipalidad intervenida se encuentra un acta de recepción definitiva de esta obra. Dicho documento tiene fecha del 31 de enero del 2021 y está firmado por el fiscal de obras, Rafael Flores, y por Cristino Jara, quien es propietario de la constructora contratada, Consultora San Miguel.
La observación número 8 del equipo auditor habla sobre el pago de G. 153.600.000 por un total de 1.200 kits de víveres, de los cuales apenas se constató la entrega de 276 kits. Es decir, que el equipo auditor no encontró actas de recepción u otro documento que respalde la entrega de los otros 924 kits restantes valorizados en G. 118.272.000.
Al respecto, el equipo auditor entrevistó sobre estos documentos faltantes a funcionarios de la Municipalidad de Escobar y las respuestas fueron que no cuentan con respaldo documental.
La observación número 10 habla sobre el pago de G. 85.351.000 sin informe de utilización en concepto de “combustibles y lubricantes”; por tanto, vía memorándum, el equipo auditor solicitó al municipio remitir copia de las facturas y un detalle de la utilización del combustible durante el período analizado.
Sin embargo, según se expresa en la conclusión del caso, el municipio pasó de largo esta solicitud y no remitió documento alguno.
Si bien la Contraloría consignó una serie de irregularidades en el municipio de Escobar, la intendenta parece estar más interesada en la campaña proselitista de la precandidata a gobernadora María del Carmen Benítez y del precandidato a presidente de la República Arnoldo Wiens, equipo al que también pertenece Gabriel Sánchez, ex intendente cuya gestión es cuestionada y quien pugna como precandidato a concejal departamental.
Acuerdo de IA con Taiwán incluye estudio sobre nuevas fuentes de energía
Teniendo en cuenta que el 2030 es el año en que se agotarían los excedentes energéticos, el acuerdo con Taiwán para construir un centro de inteligencia artificial en Paraguay incluye, entre otros aspectos, un estudio sobre nuevas fuentes de energía.
Gustavo Villate, ministro de Información, Inteligencia y Tecnología, habló acerca del acuerdo firmado con Taiwán para la construcción de uno de los mayores centros de IA del mundo.
“Hace dos años venimos trabajando en esto. El proyecto incluye un tratado internacional y estipula el inicio del proyecto piloto de la misma dimensión del data center de Taiwán”, explicó Villate, en un contacto radial con la 730 AM.
Existe una fase de escalabilidad que incluye un estudio de factibilidad técnica para dimensionar cuáles son las fuentes de generación nuevas que se deben implementar a la par, detalló el ministro.
Hizo énfasis en este punto al ser consultado sobre lo que pasará en el 2030, año en el que se calcula el fin de los excedentes energéticos.
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“No es que no hay energía en el 2030, sino que tenemos punta de potencia que pudiera llegar a su tope y eso es importante. Tenemos una matriz 100 % estable que viene de la hidráulica”, indicó.
También hizo un paralelismo con la criptominería, sector al que hoy destina 1 gigawhat de potencia, sin que esto implique una amenaza para abastecer la demanda local de energía.
Además, sostuvo que esa misma cantidad trasladada a la Inteligencia Artificial significa un ingreso de 50.000 millones de dólares.
“Paraguay tiene un activo estratégico que muy pocos países del mundo pueden ofrecer. Energía renovable, en abundancia, y la decisión de usarla para impulsar el desarrollo del país a través de la tecnología. Con esa visión trabajaremos para potenciar hospitales, ciudades, transporte e industria a través de la inteligencia artificial, para el beneficio de todos los paraguayos ”.De esta manera, Santiago Peña hizo el anuncio del acuerdo firmado con Taiwán.
El hecho de que se agoten los excedentes energéticos no significa que Paraguay se quedará sin energía, sino que ya no tendrá la abundancia que hoy posee y que deberá buscar fuentes de generación.
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El nuevo Código de Defensa del Consumidor 2026 pone la lupa en los servicios públicos
Tras la presentación de los lineamientos generales del anteproyecto, el debate se traslada ahora a las protecciones específicas para los usuarios de servicios esenciales. El nuevo marco legal busca terminar con la desprotección ante facturaciones anómalas de entes como ANDE y ESSAP.
El proceso de socialización del nuevo Código de Defensa del Consumidor 2026 continúa avanzando, y uno de los puntos que generó mayor interés en esta etapa de seguimiento es la regulación de los servicios públicos esenciales. A diferencia de la normativa vigente, el proyecto busca establecer parámetros de control mucho más estrictos para garantizar la calidad y la continuidad de servicios como la electricidad y el agua.
Protección ante facturaciones “sorpresa”
Uno de los cambios más esperados por la ciudadanía es la creación de mecanismos específicos para proteger a los usuarios ante facturaciones anómalas. En la práctica actual, los usuarios a menudo se ven obligados a pagar montos excesivos para evitar el corte mientras se resuelve un reclamo administrativo.
El nuevo Código propone una solución directa: en caso de una factura con montos inusuales, el consumidor tendrá el derecho de pagar un promedio de sus facturas anteriores mientras dure el proceso de resolución del reclamo. Esta medida busca aliviar la presión económica sobre el usuario y asegurar que el servicio no sea interrumpido por una deuda en disputa.
El enfoque preventivo de la reforma
La ministra de la SEDECO, Sara Irún, enfatizó que el objetivo principal es que el consumidor obtenga una reparación rápida a su problema. “Lo que busca esto es un enfoque más preventivo”, señaló al referirse a la necesidad de detectar patrones de falla en los servicios antes de que afecten a miles de personas.
Este seguimiento del proyecto también contempla la transversalidad del derecho del consumidor, posicionándose como un pilar para una economía moderna en Paraguay. El texto sigue en etapa de recepción de aportes, permitiendo que la ciudadanía y sectores interesados participen en la construcción de estas reglas hasta el 31 de mayo de 2026.
Jubilados respaldan a Isaías Fretes y piden “raje” de su representante en IPS
Miembros de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay expresaron su respaldo al presidente del IPS, Dr. Isaías Fretes, al tiempo de solicitar la destitución o renuncia de su representante ante la previsional, José Jara.
Esta mañana se realizó una protesta pacífica frente al edificio de la Caja Central del Instituto de Previsión Social, ubicado sobre la calle Constitución de Asunción.
La convocatoria estuvo encabezada por la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), cuyos integrantes decidieron expresar su respaldo al nuevo presidente del IPS, Isaías Fretes.
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En un momento dado, el titular de la previsional decidió salir junto a los manifestantes, con quienes tuvo oportunidad de conversar brevemente y, además, recibir las muestras de apoyo a su gestión.
Los jubilados destacan la intachable trayectoria y el perfil técnico de Fretes, así como también su reputación y la confianza que viene demostrando desde que asumió las riendas del ente.
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A la par, aprovecharon la manifestación para exigir la renuncia o destitución del representante de los jubilados en el Consejo de Administración del IPS, José Jara Rojas.
“No nos representa ni nunca nos representó, jamás presentó un solo proyecto a favor de los jubilados ni se bajó en las decenas de manifestaciones que tuvimos”, sostuvo uno de los voceros del grupo.