La declaración se inició en la siesta de este sábado y tras ello se estaría imputando a todos por simulación de un hecho punible, cuya expectativa de pena va hasta los 10 años de cárcel.

El caso se inició el 26 de julio pasado con el secuestro de Juan Carlos Olmedo quien es peón de la estancia Pindoty, ubicada en el distrito de Tacuatí y hermano del administrador de la finca.

En un primer momento todo los secuestradores pidieron para la liberación del peón US$ 150.000, dando un plazo de 48 horas. Luego, el monto subió a US$ 200.000 tras comunicarse con la familia de Olmedo.

Para las autoridades el hecho no fue perpetrado por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o algunas de sus ramificaciones. Se pensó que era otro grupo el que se llevó a Olmedo, quien luego de dos días finalmente apareció. Se lo encontró dos días después en la zona de Horqueta.

La versión que dio Olmedo fue investigada y al parecer cayó en contradicciones, hasta que la Policía llegó a conclusión que el tema se trató de una autosecuestro y que el trasfondo era sacarle plata al hermano.

Por esa razón ahora Juan Carlos Olmedo y otras cuatro personas están detenidas y se exponen a ser procesados.

Agentes de la Subcomisaría 46ª de Ciudad del Este están siendo investigados por un presunto caso de extorsión y agresión ocurrido en la madrugada del jueves.

Según la denuncia presentada por las víctimas, los policías abordaron a los jóvenes en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Blas y les exigieron la suma de G. 6 millones. Tras ser golpeados y ante el temor, ambos entregaron G. 2 millones para ser liberados.

Las víctimas fueron identificadas como Fernando Nicolás Britos Román, ingeniero agrónomo de 28 años, y su amigo Diego Lezcano, de 24 años. Britos Román conducía una camioneta GEELY, color blanco, cuya matrícula aún está en trámite debido a que es cero kilómetro.

El ingeniero relató que se encontraba cerca de su domicilio, en las inmediaciones de la estación de servicio Puma, cuando fue interceptado por los uniformados.

“Nosotros íbamos a comprar algo que nos faltaba y, justo en ese momento, ellos estaban realizando un control de vehículos a unos 200 metros. Tal vez pensaron que huíamos, pero de repente actuaron de manera muy violenta”, explicó a un medio local.

Según su versión, los agentes lo agredieron físicamente y, a pesar de intentar dialogar para explicarles que su vehículo era nuevo y aún no tenía chapa, fue reducido y subido a una patrullera. “Me negué a entregarles las llaves, pero uno de los policías utilizó su picana para inmovilizarme y me las sacó de la mano”, denunció.

Posteriormente, Britos Román, Lezcano y el vehículo fueron trasladados a la Subcomisaría 46ª, donde los policías realizaron una nueva revisión del automóvil. Al pedir explicaciones, el ingeniero fue nuevamente agredido. Su amigo, al intentar grabar la situación, fue despojado de su celular.

La situación culminó cuando Susan Carina Ocampos, esposa de Britos Román, llegó al lugar. Al ser coaccionada por los agentes, Ocampos logró reunir G. 2 millones para pagar por la liberación de su esposo.

La denuncia fue presentada por las víctimas y el ingeniero agrónomo aseguró que hará una denuncia formal este ante el Ministerio Público.

Un operativo policial en el barrio Reducto de San Lorenzo dejó como resultado la aprehensión de dos jóvenes, la incautación de un arma de fuego y la confiscación de un vehículo. La intervención se llevó a cabo ayer, a las 17:30, en la intersección de la calle San Isidro y sus adyacencias.

El procedimiento se inició tras una denuncia recibida a través del Sistema 911, en la que un vecino alertó sobre la presencia de personas sospechosas portando un arma de fuego. Al llegar al lugar, los agentes intentaron identificar a los implicados, quienes huyeron a bordo de una camioneta Nissan Frontier gris, modelo 2018.

La persecución culminó con su captura, y durante la fuga, los sospechosos arrojaron un arma de fuego por la ventanilla.

Los aprehendidos fueron identificados como Kevin Daniel Romero Álvarez y Fabricio Alejandro Falcón Sánchez, ambos de 18 años y sin antecedentes. Entre las evidencias incautadas figuran una pistola Smith & Wesson con 14 cartuchos, un cuchillo táctico, tres teléfonos celulares y 157.000 guaraníes en efectivo.

El procedimiento quedó a cargo de la agente fiscal Elvia Chávez, de la Unidad N°4 de San Lorenzo, quien ordenó la detención de los implicados y la remisión de las evidencias a la Fiscalía.

Juan Carlos Frutos, gerente de desarrollo y tecnología del IPS, informó que actualmente se registra un 25 % de ausentismo a las consultas agendadas y que esto representa una pérdida para todos, teniendo en cuenta que esos lugares desperdiciados podían haber ido a otras personas en lista de espera, de haber sabido que el asegurado no acudiría.

Para evitar que esto vuelva a suceder, el IPS decidió implementar un nuevo sistema de confirmación. Se enviará un mensaje de texto sms (no de Whatsapp) con un enlace en el cual el asegurado podrá confirmar o descartar su asistencia.

Lea también: “Como en los viejos tiempos”: veto al celular reanima recreos escolares en Brasil

El único número desde el cual el IPS enviará este mensaje es el 0961 152 152. Este dato es muy importante para evitar caer en algún engaño de algún malintencionado que pretenda robar datos o cuentas.

“Nosotros no le pedimos ningún dato al asegurado para confirmar el mensaje, básicamente le pide por favor confirmar la asistencia y le da aceptar, nada más”, comentó Frutos, en una entrevista con la 1080 AM.

También existen otras vías de confirmación igualmente válidas, como el call center o la aplicación móvil Mi IPS, a la cual, muchos están más acostumbrados.

Puede interesarle: Postulación para becas de Taiwán están abiertas hasta hoy