Julio Fernández, titular de Aduanas, presentó una denuncia contra el senador Martín Arévalo sobre su intermediación para la liberación de una carga de contrabando, que en el 2019 cayó en unos controles en Encarnación.

Según los antecedentes de este caso, según Fernández, tan solo horas después de la incautación, un comando de personas desconocidas cortó la energía eléctrica del puerto donde estaba el contenedor, para clonarlo por otro y robarlo, pero las autoridades aduaneras se percataron de lo ocurrido y por el camino lograron detener de vuelta el conteiner con los productos de contrabando y lo trasladaron a Mariano Roque Alonso, donde posteriormente se robó de vuelta parte de la carga. Lo poco que quedó de la mercadería fue subastada por Aduanas.

Ahora el empresario Armando Ahmad Khalil Chams, dueño de la carga incautada, robada en parte y rematada de lo que sobró, reclama su mercadería. En entrevista con la radio 730 AM, el hombre aseguró que “el director de Aduanas dice disparates, solo sabe fabricar mentiras, habla de comandos (que clonaron y robaron los productos). Cuando la mercadería está dentro de la Aduanas, no es contrabando. Cuenta una película de Hollywood cuando no es el caso”.

Chams denunció que Fernández en realidad supuestamente “secuestró el container, robó la carga y le vendió a un amigo suyo, su socio (identificado como Denis Vera, candidato a intendente en Ybytymí), sin hacer un remate público”. Indicó que llamativamente luego el propio Vera le ofreció su mercadería que había sido incautada por Aduanas, con lo cual logró cerrar el circuito de lo que había ocurrido.

El empresario sostuvo que el cargamento tenía un valor superior a 3 millones de dólares, y contenía celulares, relojes y otros aparatos electrónicos. Dijo que es mentira que Aduanas desconocía que la carga era suya, porque aseguró tener documentos que avalan que el año pasado vino 30 veces a Asunción a solicitar explicaciones a las autoridades aduaneras sobre el paradero de sus productos. “(El director de Aduanas) solo sabe fabricar mentiras y de películas de Hollywood, de Superman, Batman”, agregó.

En otro momento preguntó a Fernández dónde está el segundo cargamento que supuestamente fue clonado para robar en la primera oportunidad la carga. “Él dice que un comando cortó las cámaras y se clonó la carga. Entonces, yo le pregunto: ¿Dónde está el otro container clonado, señor administrador? Le pregunto al director qué pasó de las 35 cajas de celulares del otro container. Lo que estoy reclamando es que este señor está mintiendo, es un corrupto. Él ataja la mercadería que viene al país de EEUU, crea problemas para robar la mercancía”, agregó.

Por otra parte dijo que no conocía al senador Martín Arévalo y que fortuitamente llegó hasta él para exponerle lo que había ocurrido con su carga en Aduanas. Contó en ese sentido que al no recibir explicaciones de los aduaneros, recurrió al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, pero este le dijo que no podía ayudarlo. Entonces luego fue al Senado para reunirse con un legislador, pero como este no se encontraba, le derivaron junto a Arévalo. “Eso fue el mes pasado. Yo solo quería saber qué pasó con mi mercadería”, dijo el entrevistado.

El empresario comentó que hace 40 años trabaja como importador y además está afiliado a la ANR. “Soy coloradísimo, soy independiente por este momento”, agregó.

Por último aseguró que mediante un tercero recibió amenazas del titular de Aduanas.

Constantemente, el diario ubicado sobre la calle Yegros presenta en sus ediciones impresa y digital publicaciones sobre la criptominería. El enfoque de estos artículos, en su mayoría, son positivos, demostrando las bondades que ofrece este negocio.

Desde editoriales, artículos de opinión y noticias con autoridades o referentes de las cripto granjas, el diario ABC Color viene posicionándose a favor de esta industria minera. La última nota compartida sobre el tema guarda relación con la posibilidad de que la energía excedente de las binacionales sea destinadas a las empresas dedicadas a la criptominería.

Al respecto, ABC publicó que el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, designado como negociador de la tarifa de Itaipú para el año en curso, reconoció que el Gobierno fue a negociar con el Brasil con la idea de la creación de un fondo binacional “y puede ser que eso esté trancado”. Por tanto, indicó que se debe acelerar el proceso para la venta de energía a nivel local.

“La industria que capta mano de obra y mucha energía tal vez tarde un poco más (en venir al país), porque tiene su proceso, entonces vamos a mirarle a las criptomineras con otros ojos y a usar la característica que tienen para monetizar nuestra energía que le estamos vendiendo al Brasil a un costo muy bajo”, dijo recientemente.

Por otra parte, el medio periodístico en cuestión trajo a colación que, en la audiencia pública realizada el martes pasado en el Senado sobre el proyecto de ley que busca prohibir la criptominería en el país, los directores de la ANDE resaltaron que este año la institución facturará a las criptomineras US$ 100 millones y que el próximo se duplicará ese monto.

Te puede interesar: Criptoshopping de los Zuccolillo: ANDE analiza cobrar los US$ 300.000 evadidos

EL NEGOCIO QUE HAY DETRÁS

Una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la ANDE. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.

De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a tra­vés de la administración y distribución de energía eléc­trica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.

En setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clien­tes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, de los Zuccoli­llo, que se encarga del Sho­pping Mariscal, al detec­tar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de crip­toactivos”.

En esa oportunidad llamó la atención a la Ande que la actividad comercial que funcionaba en el lugar bajo la categoría de shopping y edificio corporativo no cuadraba con el alto consumo que registraba en la prác­tica durante las 24 horas. Este factor hizo presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la acti­vidad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.

En su misiva, la Ande puso en conocimiento de los Zuccolillo que estaba en vigencia la Resolución n.° 47191/2022 y su modifi­cación 47708/2023, por la cual se crea el Grupo de Consumo Intensivo Espe­cial, y aprueba las tarifas para los usuarios abaste­cidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el pro­cesamiento de datos, provi­sión de servicios de almace­namiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.

Ese mismo mes, en una nota enviada por el direc­tor del establecimiento, Jorge Mendelzon, al titu­lar de la Ande, Félix Sosa, la respuesta dada fue que la empresa Penta no se dedica a la actividad de minería; sin embargo, sí lo hacía en sus instalaciones la firma Esur SA, la cual realizaba ade­más la “gestión interna” de la energía eléctrica en algu­nos centros comerciales. En su escrito, Mendelzon explicó que el NIS 1293023 correspondía a Esur hasta el 5 de julio de 2022, fecha en la cual transfirió el mismo a Penta, por discontinuidad de este modelo de negocio, quedando vinculado a Penta como cliente por el suminis­tro de energía.

Además, de acuerdo con el documento, por las nuevas tarifas fijadas por la Ande, Esur tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de Penta en el mes de marzo de 2023.

El agente fiscal Reinaldo Castillo decidió formular imputación contra Florentina “Ñeca” Chávez, de 53 años, por el hecho punible de homicidio doloso.

La mujer es acusada por la muerte de su pareja sentimental Sergio Daniel Ledesma Urtado, de 25 años, en un hecho ocurrido la mañana del lunes en la localidad de Hohenau, Itapúa.

Nota relacionada: Discusión de pareja acaba con un joven fallecido: mujer lo atacó a puñaladas

Según explicó Castillo a Nación Media, tomó la determinación de imputar a la acusada luego de recabar testimonios de algunos testigos, entre ellos los hermanos de la víctima, quienes confirmaron que frecuentemente la pareja tenía discusiones.

“Tenemos indicios que nos hacen suponer que el ataque se habría producido de esa forma (por una cuestión de celos)”, refirió el representante del Ministerio Público. De acuerdo a la familia, “Ña Ñeca” acostumbraba a ser celosa y agresiva.

El conflicto tendría su origen en el deseo del joven de terminar la relación (que llevaba cerca de 5 años), decisión que la mujer no aceptaba.

Leé también: Mujer habría matado a su pareja: “Él quería separarse y ella no aceptaba”

Hasta el momento, no se logró conversar con la mujer debido a que aún permanece internada en el Hospital Regional de Encarnación. Una vez sea dada de alta, quedará en calidad de detenida y será convocada para prestar declaración.

El reporte menciona que Chávez fue hasta la casa de Ledesma para asesinarlo, propinándole estocadas en el cuello y el pecho. Tras cumplir con su cometido, habría intentado autoeliminarse cortándose las venas de las muñecas.

La fiscal Lourdes María Soto, agente fiscal de la Unidad Pena 3 de Coronel Oviedo, dispuso la captura y detención de un hincha de Presidente Franco que hirió a una mujer durante la final del Nacional de salonismo.

Nota relacionada: Identifican al que disparó balines de plomo contra hinchada (mujer quedó ciega en un ojo)

Se trata de Gustavo Daniel Barreto Patiño, de 22 años, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Las imágenes de las cámaras captaron al autor de los disparos con hondita. El joven se encontraba en la gradería donde estaba la hinchada de Presidente Franco, ya identificado por la Policía. Varias otras personas sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo, con los balines de plomo.

El criminal acto fue denunciado incluso por parte de personas que estaban con él. Señalaron que resulta evidente que el joven fue con la intención de agredir, ya que contaba con importante cantidad de proyectiles.

Lea más: Incautan más de 400 máquinas mineradoras tras allanamiento en Minga Guazú