Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, mencionó a la radio 650 AM que hasta la fecha son varios los municipios y gobernaciones que no realizaron sus llamados a licitación para la provisión de la merienda escolar para el año lectivo 2020.

Detalló que la Ley de Presupuestos de Gastos de la Nación obliga a contratar los servicios ya en septiembre en año anterior del calendario escolar, para que desde el primer día de clases ya se brinden los servicios. Si bien es un rubro muy sensible, la normativa no establece sanciones o impedimentos por el incumplimiento de lo establecido, según agregó. Es por ello que las instituciones ni presentan los argumentos por sus desidias.

El rubro de alimentos mueve 200 millones de dólares en el sector público (incluye fuerza pública, funcionarios, alimentación de estudiantes). Solamente para el almuerzo escolar, durante el 2019, se invirtieron 848.000 millones de guaraníes, de acuerdo con Seitz.

LAS INSTITUCIONES QUE ESTÁN EN FALTA

Las gobernaciones de Caaguazú, Cordillera, Guairá, Paraguarí y Presidente Hayes; y los municipios de 3 de Mayo, Acahay, Arroyos y Esteros, Avai, Bahía Negra, Bella Vista-Amambay, Borja, Caacupé, Capitán Miranda, Carmelo Peralta, Cerrito, Corpus Christi, General Delgado, Gral. Eugenio A. Garay, Gral. Francisco Caballero Álvarez, Gral Higinio Morínigo, Gral. José Eduvigis Díaz, Horqueta, Humaitá, Independencia, Isla Umbú, Iturbe, J.Augusto Saldívar, Desmochados, Dr. Bottrell, Edelira, Fuerte Olimpo, Loma Grande, Mbocayaty del Guairá, Mbocayaty del Yhaguy, Mcal. José Félix Estigarribia, Natalicio Talavera, Ñacunday, Ñemby, Ñumi, Puerto Casado (La Victoria), San Antonio, San Cosme y Damián, San Cristóbal, San Estanislao, San Juan Bautista, San Juan Bautista Ñeembucu, San Miguel, San Pablo, Santa Fe del Paraná, Villa Curuguaty, Villa Elisa, Villa Franca, Villa Hayes, Villaldín, Villarrica, Yataity del Guaira, Yataity del Norte, Yatytay, Yby Yaú, Ybycuí, Ybytimí, Ypané, Tebicuary, Tebicuarymí, Tte. Esteban Martínez, Alberdi, Guayaybí, Guazú Cua, Jesús, La Paloma, Mauricio José Troche, Mayor José D. Martínez, Nueva Alborada, Paso de Patria, Tacuaras, Valenzuela y Yabebyry.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.