La historia se repite con las mismas chicanas, pero en otra causa. Es que Sergio Coscia es uno de los abogados que representan a los accionantes (presidente del Senado, Robert Acevedo, y otros 13 senadores), quien es conocido por utilizar trabas para que sus clientes salgan favorecidos al dilatar sus procesos judiciales.

El abogado manifestó en varias ocasiones que la Corte Suprema debe tomar una postura urgente para devolver la tranquilidad a la ciudadana, en torno a la situación de la enmienda constitucional, sin embargo, plantea “los mismos vicios” para conseguir una Corte a la medida, incorporando el mismo modelo utilizado en el caso de la compra irregular de helicópteros para la Policía durante la administración de Rafael Filizzola en el Ministerio Público (2008-2011), ocasionando un perjuicio de casi G. 50.000 millones.

El modus “operandi” utilizado por la defensa es ir recusando a los participantes del proceso, de modo a dilatar la cuestión y evitar a toda costa que sus clientes vayan a juicio oral. Por este caso, Filizzola y los empresarios de la firma Proibérica SA, Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova, se encuentran procesados, acusados de daño patrimonial a las arcas del estado paraguayo por la compra sobrefacturada. Hace más de dos años el juez Hugo Sosa Pasmor elevó a juicio la causa, pero el expediente está trabado en la Corte a causa de las constantes chicanas.

Ahora, en el caso de la acción de inconstitucionalidad de los legisladores, Coscia recusó a cinco magistrados de la Sala Constitucional que debe entender en el caso. Indicó que si existe voluntad en dos semanas más podría completarse la integración.

En charla con la 780 AM, el representante legal argumentó que cada uno de los cinco recusados tiene causales para el efecto y aseveró que los congresistas buscan evitar cuestiones vidriosas y lograr la mayor objetividad y confianza posible en la sentencia de los jueces. Es más, aseveró que decidieron recusar al ministro José Raúl Torres Kirmser porque comprobaron que una persona del Ejecutivo envió un memorándum a la secretaria del ministro de la máxima instancia judicial, ordenándole lo que tiene que decidir, según refirió.

Asimismo, manifestó que el camarista Neri Villalba nunca tuvo que haber aceptado integrar la Sala Constitucional, porque es hermano del político del Guairá, Cándido Aguilera, quien está a favor de la enmienda constitucional. “Evidentemente detrás de este caso existe un grupo de magistrados que intenta torcer la cuestión. Queremos que se resuelva lo antes posible, pero lo que nos conviene es que se resuelva de manera justa. La crisis política en el país no se va a resolver retirando una candidatura, hay varios puntos que aclarar”, puntualizó.

La instalación se llevó a cabo conjuntamente entre el Hospital Regional que invirtió para la mano de obra, el Instituto Nacional de Nefrología, que brinda los insumos y el catéter para los pacientes, y la empresa Index SACI, que proveyó de pinturas, mamparas y otros equipamientos para adecuar la sala.

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La diálisis es un tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica y les brinda la oportunidad de utilizar esta opción, colocación de catéter, si reúnen las condiciones, según criterio médico, lo que a su vez les permite mejorar su calidad de vida.

El Dr. Emilio Cabrera, especialista en cirugía mínimamente invasiva, instruyó a los cirujanos del Hospital Regional de Paraguarí en la colocación del catéter de diálisis peritoneal.

El evento contó con la participación de la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba; Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí; Dr. Ernesto Wasmosy, presidente de Index SACI; Dra. Natalia Wasmuth, jefa de díalisis peritoneal del Instituto de Previsión Social y del Instituto Nacional de Nefrología; Lic. Marisa Lezcano, jefa de docencia del Instituto Nacional de Nefrología; Mgter. Deisy Benítez, jefa de enfermería de la IX Región Sanitaria; Sr. Modesto Arce, representante de la Gobernación de Paraguarí.

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Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.