La diputada Kattya González se refirió sobre el rescate del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, perpetrado ayer en la zona de la Costanera Norte, y aseguró que no basta con la renuncia y la destitución de ministros y altos funcionarios del gobierno pues se debe encontrar a los responsables de lo ocurrido y posteriormente los mismos “tienen que ir presos”.

Igualmente, cuestionó a la fiscal Zully Figueredo por haber anunciado su inasistencia a la audiencia preliminar de “Samura” 20 minutos antes de la hora fijada, todo cuando él ya estaba siendo trasladado desde su lugar de reclusión en Emboscada hasta la sede del Palacio de Justicia.

“Me parece una negligencia imperdonable, se creen dioses y semidioses muchos fiscales, andan sin ninguna sanción. La impunidad reina en el lugar en el que deberían estar los representantes de la sociedad”, afirmó la parlamentaria del Encuentro Nacional.

Sostuvo que en este caso existe una cadena de responsabilidades que se cobraron la vida de un padre que dejó huérfanos a tres niños, refiriéndose al comisario Félix Ferrari, quien falleció luego de recibir un impacto de bala durante el operativo rescate del Samudio.

“Existen personas que han contribuido, ya sea por acción u omisión, a la muerte de un efectivo policial y si nos seguimos conformando con renuncias y cambios de pieza van a seguir operando estas mafias que están en las penitenciarias, en el Ministerio Público o el Poder Judicial”, mencionó.

En otro momento, hizo referencia a los traslados de internos desde las penitenciarías hasta los juzgados en donde deben comparecer y aseguró que “este es un negocio histórico” y que “la gente no quiere que cambie porque en esos traslados hay dinero”.

A su criterio, si se empezaran a realizar teleconferencias en las audiencias de los reclusos, evitando así llevarlos desde un punto a otro y exponerse a situaciones como las de ayer, “se le cortaría el chorro a gente que lucra cada vez que un criminal sale hasta el Poder Judicial”.

La diputada recordó que existe un protocolo de traslado de internos emitido por el Ministerio de Justicia que se encuentra vigente desde el año 2016 y que incluye como alternativa las videoconferencias para las audiencias de reos catalogados “de alta peligrosidad”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.