Fiscal General minimiza filtración de Seprelad y no actuará por ‘presión” de medios

De manera insólita, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, alegó que la información periodística sobre las filtraciones de la Seprelad es genérica y que se necesita una denuncia oficial para iniciar una investigación, con lo cual cerró la posibilidad de hacerlo de oficio, pese a las pruebas que existen del delito cometido.

“Presenten una denuncia formal y vamos a actuar”, respondió visiblemente sulfurado el fiscal general Emiliano Rolón durante una entrevista radial concedida a la radio 650 AM para luego cortar abruptamente la llamada telefónica.

La autoridad de la Fiscalía fue consultada sobre las publicaciones periodísticas que revelan el modus operandi instalado en la Seprelad para ordenar investigaciones contra los enemigos políticos del Gobierno de Mario Abdo Benítez y luego filtrarlas a los medios de prensa afines, además de publicar los datos sensibles en las redes sociales, como fue el caso del salario que percibía Santiago Peña en el sector bancario, situación que ya fue denunciada en el mes de mayo ante el Ministerio Público.

Antes de cortar la llamada, el fiscal general sostuvo que la publicación periodística -que expone un caso de terrorismo de Estado, a raíz de los malos manejos en la Seprelad- no es suficiente para iniciar una investigación.

“Tenemos conocimientos de las publicaciones y la información es bastante genérica. Simplemente es la mención de tipos legales, de circunstancias que supuestamente fueron filtradas. Hay que ver si tiene la fuerza de una denuncia, de dar más datos específicos que nos lleven a una irregularidad que tenga que ver con una connotación delictual. Solamente motiva a la fiscalía el acudimiento penalmente relevante”, alegó.

Agregó: “Simplemente hay una mención genérica, por de pronto, una información bastante generalizada que no tiene precisión que nos permita afirmar, por lo menos ahora mismo, que tenga una posibilidad de una investigación amplia, porque hay un proceso en el tema Seprelad”.

Referente a la filtración de la Seprelad del salario que Peña percibía en el sistema bancario, fue consultado si no se debe investigar de dónde se filtró esa información y sancionar a los responsables. Al respecto respondió que se debería generar una denuncia responsable y por las vías correspondientes, además argumentó que “la publicación periodística es una información a cotejar, que no tiene la utilidad ni la fuerza para permitir abrir un proceso”.

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En cuanto a la quema de archivos confidenciales y de carácter reservado que afectan investigaciones de la Fiscalía, ¿debe o no el Ministerio Público intervenir e investigar? Rolón respondió que solo lo puede hacer cuando es de pública notoriedad y hay un acontecimiento notorio que tiene implosión social y tiene la fuerza de impactar. Pero que si son acontecimientos que ocurren entre cuatro paredes de una administración pública, difícilmente se pueda investigar de oficio.

La autoridad en todo momento aseguró que es una mera publicación periodística que debe ser cotejada. “Así con esa información genérica que me da, no es suficiente por lo menos por el momento. No digo que no deba hacerse, pero rogaría que me dan una denuncia responsable y por las vías correspondientes y se responde también como debe ser”, esgrimió.

En otro momento, dijo que la investigación periodística “es parte del mecanismo de defensa” de Oscar Boidanich, mezclando con otro caso abierto en la Fiscalía sobre la Seprelad. “No es solamente a través de los medios de prensa insistir en algo, que de alguna manera se quedó asentado ya en una perspectiva que trazó la Fiscalía que intervino en el caso. No es tan sencillo como cualquier ruido que hay que pronunciar, tenemos que ver la connotación. Yo sé que esto es un mecanismo probablemente ideado por la defensa como estrategia, pero son estrategias que deben utilizarse dentro del proceso. Estamos en la etapa preparatoria, pues entonces que lo argumenten en la causa abierta, en lo judicial. No es tan fácil simplemente mencionar y tirar al aire y que en base a ese movimiento que hace una pretensión jurídica, digamos que también nosotros estar prestos para examinar los puntos de vista”, expuso.

Expuso también que solo leía ABC Color, por lo que desconocía a profundidad de la filtración de la Seprelad. “No estoy en condiciones para hablar sobre un tema al cual debo profundizarme”, indicó.

El Fiscal General no respondió si la Seprelad puede hacer una investigación de “oficio”, tal como se hizo como garrote político, y tampoco si los funcionarios de la UIF – Seprelad pueden “digitar” a quiénes investigar.

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Frustran asalto a un Biggie y recuperan auto robado

Delincuentes irrumpieron en una sucursal de Biggie sobre Denis Roa y reaccionaron con disparos ante la llegada de los policías. Utilizaron de escudo a una empleada y lograron huir a pie. No obstante, uno de ellos fue detenido.

El Crio. Víctor Presentado, subjefe de la Comisaría 11 de Asunción, informó que, a las 3:30 de la madrugada recibieron el aviso del 011 sobre un asalto a mano armada en el local de Biggie situado sobre Denis Roa y Juan Manuel Frutos.

“Al llegar, nos recibieron con disparos e intentaron salir por la parte trasera, le tomaron como escudo a una empleada para huir, un hombre subió al auto, momento en que procedimos a su aprehensión e incautamos una pistola y una escopeta”, relató el comisario, en un contacto con Gen- Nación Media.

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El aprehendido fue identificado como Francisco Ramón Otazú Giménez, con antecedentes por homicidio doloso, robo agravado, reducción y otros hechos punibles.

Además, la Policía recuperó un vehículo de color negro que, según el chasis, presentaba denuncia de hurto en la Comisaría 15 de Barcequillo, San Lorenzo, por lo que, fue recuperado.

Los demás delincuentes huyeron a pie y se cambiaron de ropa por el camino para despistar a los policías y cada uno tomó una dirección diferente.

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Todo sobre el aguinaldo: cómo calcularlo, fecha límite de pago y otras dudas

Es tiempo del decimotercer salario y conocer los derechos es importante para poder reclamarlos. El Ministerio del Trabajo recuerda que este derecho es inembargable y que existe una fecha límite para el desembolso. 

El momento más esperado del año para todo trabajador es el del cobro del decimotercer salario, que equivale a la suma de todo lo percibido en el año, dividido entre 12. Se incluye horas extraordinarias, comisiones, etc.

Se excluye la bonificación familiar, reposo médico y el permiso por maternidad. Quienes necesiten un cálculo más exacto pueden utilizar la calculadora de aguinaldos, disponible en la página web del Ministerio del Trabajo.

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La fecha límite para pagar el aguinaldo es el 30 de diciembre del año en curso, según lo establece el Código del Trabajo. El empleador que pase esta fecha es pasible de una multa de hasta 10 jornales por cada trabajador, sanción que está a cargo del Ministerio.

Ante la falta de cobro, el trabajador puede hacer su denuncia a partir del 2 de enero del 2024 en forma presencial en la sede del Ministerio de Trabajo (Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, Asunción) así como en las oficinas regionales del interior del país. Otras vías habilitadas son: denuncias online, o mediante llamada al 021- 729 0100, internos 551 y 552.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Bajo ninguna circunstancia se puede negar el cobro de esta remuneración, incluso aunque el empleador acuse dificultades económicas o falta de utilidades. Ninguna carta ni documento puede acreditar la renuncia al aguinaldo. El aguinaldo es inembargable.

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Escrachadores “anticorrupción”, con jugosos contratos en Trabajo

in pasar por licitaciones públicas ni otras mayores exigencias y mientras salen a la caza de los corruptos favoritos, muy de moda con los escraches selectivos, la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem) recibió de manera directa millonarias transferencias desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). La Fedem es satélite del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), oenegé que ordeña al Estado y reparte sueldos entre el clan del presidente de la organización, operadores políticos del equipo de Mario Abdo Benítez de la última campaña electoral.


Fuente: Unidad de Investigación Nación Media

El platal que se llevan de manera directa cier­tas organizaciones civiles, las famosas oene­gés, algunas que se jactan de anticorrupción mientras se alzan con miles de millo­nes en contratos entre las que aparece privilegiada una entidad satélite del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), sugiere un alto grado de mer­cadeo gracias a la corrupción que se denuncia, por cierto, de manera muy selectiva.

Es así que la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), mane­jada por un grupo de escra­chadores “anticorrupción”, se adjudicó G. 800 millo­nes en setiembre de 2021, es decir, en plena pande­mia, gracias a un contrato que le otorgó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu­ridad Social (MTESS), con la administración de la exmi­nistra Carla Bacigalupo para la ejecución del proyecto “Formación y Capacitación Laboral para Comunidades de Escasos Recursos”.

Cabe remarcar que la Fedem funciona en una pequeña ofi­cina en la zona de Loma Pytã de la ciudad de Asunción, según constatamos con una visita de nuestro equipo. No se sabe de su estructura ni se ven mayores infraestructu­ras para la cantidad de cursos y especialidades que deman­daron los servicios contrata­dos consistentes en los cursos de cocina, albañilería, mecá­nica de motos y electricidad domiciliaria, que figuran en el contrato con el Ministerio de Trabajo. Además de este convenio hay otro de enero de 2021 firmado con el Sis­tema Nacional de Forma­ción y Capacitación Laboral (Sinafocal), también parte del MTESS para cursos de cocina, repostería, corte y confección, cajero en el marco del proyecto “Formación y Capacitación Laboral Online para Comunidades de Esca­sos Recursos”, cuyo monto no logramos identificar debido a que no se encuentra disponi­ble en el portal de rendiciones de cuentas de la Contraloría General de la República.

Acuerdo por G. 800 millones firmado entre el Ministerio de Trabajo y Fedem, que no pasó por licitaciones públicas
Acuerdo por G. 800 millones firmado entre el Ministerio de Trabajo y Fedem, que no pasó por licitaciones públicas

La Fedem es una de las orga­nizaciones que conforman la Coalición por la Legali­dad del proyecto Más Ciu­dadanía, menos corrupción impulsada por el Desarro­llo (CIRD) y que se dedican a talleres y protestas contra el nepotismo en el Estado, especialmente aquellos que involucran a sus corruptos favoritos. Así también entre las actividades de los antico­rrupción resaltan cuestiona­mientos a la falta de trans­parencia y la impunidad; sin embargo, no se inmu­taron ante la escandalosa repartija del dinero público entre el clan del presidente del CIRD, Agustín Carri­zosa Gubetich, ni la contra­tación de operadores políti­cos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez en las últimas cam­pañas electorales, a costa del sensible proyecto de Reacti­vación Económica Poscovid que costó G. 6.093 millones.

La hija de Carrizosa de nombre Paola Carrizosa Bradshaw; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada Marta María Rojas Aveiro; Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordina­dor del proyecto Más ciuda­danía, menos corrupción, Francisco Darío Alcaraz, inflaron sus bolsillos con proyecto poscovid.

Fachada de oenegé que facturó millones en pandemia
Fachada de oenegé que facturó millones en pandemia

El presidente de la Fedem Miguel Sanabria Irepa es un activo militante anticorrup­ción, se lo ve en redes sociales participando con aliados del CIRD como la oenegé Coor­dinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), la Con­traloría Ciudadana Luque y Somos Anticorrupción.

Otros miembros de la privi­legiada oenegé Fedem con jugosos contratos en MTESS son Hugo Gualberto Váz­quez, Rubén Darío Esco­bar, Mariano Bareiro Soria, todos combatientes contra la impunidad y defensores de la Secretaría Nacional Antico­rrupción cuya eficacia genera muchas dudas.

Desde Nación Media con­tactamos con el presidente Sanabria, quien confirmó los acuerdos mencionados, pero dijo no recordar los montos de las transferencias recibi­das, dónde se desarrollaron los cursos y quiénes fueron los profesionales contra­tados para la ejecución de estos. Al ser consultado sobre la estructura con la que dis­pone la ONG, ya no obtuvimos respuesta.