“Presenten una denuncia formal y vamos a actuar”, respondió visiblemente sulfurado el fiscal general Emiliano Rolón durante una entrevista radial concedida a la radio 650 AM para luego cortar abruptamente la llamada telefónica.

La autoridad de la Fiscalía fue consultada sobre las publicaciones periodísticas que revelan el modus operandi instalado en la Seprelad para ordenar investigaciones contra los enemigos políticos del Gobierno de Mario Abdo Benítez y luego filtrarlas a los medios de prensa afines, además de publicar los datos sensibles en las redes sociales, como fue el caso del salario que percibía Santiago Peña en el sector bancario, situación que ya fue denunciada en el mes de mayo ante el Ministerio Público.

LA DENUNCIA. “Presenten una denuncia formal y vamos a actuar” nos dijo @EmilianoRolon33 sobre las filtraciones en Seprelad. En mayo del año pasado se presentó esta denuncia. Además de las reveladas esta semana. Qué más sería necesitas doctor? @MinPublicoPy pic.twitter.com/00nWWPoPnv

— Jorge Torres Romero (@jtorresromero) July 6, 2023

Antes de cortar la llamada, el fiscal general sostuvo que la publicación periodística -que expone un caso de terrorismo de Estado, a raíz de los malos manejos en la Seprelad- no es suficiente para iniciar una investigación.

“Tenemos conocimientos de las publicaciones y la información es bastante genérica. Simplemente es la mención de tipos legales, de circunstancias que supuestamente fueron filtradas. Hay que ver si tiene la fuerza de una denuncia, de dar más datos específicos que nos lleven a una irregularidad que tenga que ver con una connotación delictual. Solamente motiva a la fiscalía el acudimiento penalmente relevante”, alegó.

Agregó: “Simplemente hay una mención genérica, por de pronto, una información bastante generalizada que no tiene precisión que nos permita afirmar, por lo menos ahora mismo, que tenga una posibilidad de una investigación amplia, porque hay un proceso en el tema Seprelad”.

Referente a la filtración de la Seprelad del salario que Peña percibía en el sistema bancario, fue consultado si no se debe investigar de dónde se filtró esa información y sancionar a los responsables. Al respecto respondió que se debería generar una denuncia responsable y por las vías correspondientes, además argumentó que “la publicación periodística es una información a cotejar, que no tiene la utilidad ni la fuerza para permitir abrir un proceso”.

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En cuanto a la quema de archivos confidenciales y de carácter reservado que afectan investigaciones de la Fiscalía, ¿debe o no el Ministerio Público intervenir e investigar? Rolón respondió que solo lo puede hacer cuando es de pública notoriedad y hay un acontecimiento notorio que tiene implosión social y tiene la fuerza de impactar. Pero que si son acontecimientos que ocurren entre cuatro paredes de una administración pública, difícilmente se pueda investigar de oficio.

La autoridad en todo momento aseguró que es una mera publicación periodística que debe ser cotejada. “Así con esa información genérica que me da, no es suficiente por lo menos por el momento. No digo que no deba hacerse, pero rogaría que me dan una denuncia responsable y por las vías correspondientes y se responde también como debe ser”, esgrimió.

En otro momento, dijo que la investigación periodística “es parte del mecanismo de defensa” de Oscar Boidanich, mezclando con otro caso abierto en la Fiscalía sobre la Seprelad. “No es solamente a través de los medios de prensa insistir en algo, que de alguna manera se quedó asentado ya en una perspectiva que trazó la Fiscalía que intervino en el caso. No es tan sencillo como cualquier ruido que hay que pronunciar, tenemos que ver la connotación. Yo sé que esto es un mecanismo probablemente ideado por la defensa como estrategia, pero son estrategias que deben utilizarse dentro del proceso. Estamos en la etapa preparatoria, pues entonces que lo argumenten en la causa abierta, en lo judicial. No es tan fácil simplemente mencionar y tirar al aire y que en base a ese movimiento que hace una pretensión jurídica, digamos que también nosotros estar prestos para examinar los puntos de vista”, expuso.

Expuso también que solo leía ABC Color, por lo que desconocía a profundidad de la filtración de la Seprelad. “No estoy en condiciones para hablar sobre un tema al cual debo profundizarme”, indicó.

El Fiscal General no respondió si la Seprelad puede hacer una investigación de “oficio”, tal como se hizo como garrote político, y tampoco si los funcionarios de la UIF – Seprelad pueden “digitar” a quiénes investigar.

Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, expuso el alcance de las potestades de un interventor, en vista a la reciente aprobación de dos intervenciones municipales, la de Ciudad del Este y la de Asunción.

El trabajo de los interventores es bastante complejo, pero se puede sintetizar en “ver exactamente qué ha ocurrido con la administración municipal, es decir, se concentra en decisiones de carácter administrativo, no puede tomar ninguna decisión de orden político”.

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Además, revisar de qué manera fue ejercida la administración del ente, a partir de lo cual se eleva un informe al respecto.

La administración a cargo del interventor se limita a cuestiones imprescindibles, a los efectos de que la municipalidad no quede parada en las funciones que le corresponde.

“No es su función despedir porque no es un administrador, sino la persona encargada de establecer qué se hizo con la administración municipal en el tiempo que corresponde a la administración intervenida. Su función no es administrar, aunque tenga que tomar algunas medidas”, advirtió.

En cuanto al cuestionamiento de la oposición respecto a la potestad o no de la Contraloría para solicitar la intervención, el constitucionalista opinó que esa duda es más bien de origen político, pero que, no existen dudas de que esta entidad tiene todas las potestades de pedir la intervención.

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Una fuerte ola de indignación generó la denuncia sobre el supuesto sacrificio de un perra callejero durante una fiesta de “bautismo” organizada por estudiantes ingresantes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Coronel Oviedo.

El caso llegó hasta la Dirección de Comunicación de Defensa Animal, cuyo representante Federico Decoud, confirmó que ya iniciaron los primeros pasos para una posible denuncia penal por maltrato animal. “Nos enteramos ayer y de inmediato enviamos un equipo técnico con veterinarios. Solicitamos que nos faciliten el cadáver del animal para realizar la necropsia correspondiente”, explicó en conversación con la 650 AM.

El procedimiento médico-legal permitirá determinar cómo y cuándo murió el animal, si fue a causa de una enfermedad o si efectivamente fue sacrificado como parte del ritual de iniciación. “La necropsia nos va a dar un amplio espectro de información que podamos derivar a la Fiscalía. Cuando se trata de la muerte de un animal, se trata de una acción penal pública, conforme a la normativa vigente”, añadió.

Desde la institución afirmaron que en caso de que no exista una denuncia formal de terceros, ellos mismos iniciarán la acción judicial. “Nosotros tenemos la llave de apertura de la investigación. Si nadie hace la denuncia, la hacemos nosotros y remitimos todas las pruebas que tenemos al Ministerio Público”, sostuvo Decoud.

El hecho generó una reacción generalizada de repudio en redes sociales, especialmente por tratarse de estudiantes que se están formando justamente para proteger la salud animal. “Estamos totalmente en contra de este tipo de actos. No se entiende cómo estudiantes de veterinaria podrían participar en la muerte de un animal”, enfatizó el representante de Defensa Animal.

Por su parte, la Universidad Católica de Caaguazú deslindó responsabilidad, al tiempo de condenar el hecho realizado fuera del campus universitario. “Los actos que impliquen maltrato animal, son absolutamente repudiables y contrarios a los valores promovidos en el Campus”, expresó en un pronunciamiento.

Autoridades militares visitaron a los combatientes del Chaco para celebrar y destacar la valentía, sacrificio y lucha por un país libre y soberano.

Don Canuto González, con 109 años de edad, residente en el Departamento Central, fue visitado por el comandante del Ejército, Gral. Manuel Rodríguez y el Gral. Div, Gustavo Arza, jefe del Estado Mayor del Ejército.

Don Virgilio Dávalos, de 110 años, quien vive en Coronel Oviedo, fue homenajeado en su vivienda por el comandante de la 2ª División de Infantería Gral. Edgar Aguirre.

Don Juan Bautista Cantero tiene 108 años y recibió la visita del comandante de la 3ª División de Infantería Gral. Pedro Martínez, en su vivienda en Itakyry.

Estos tres héroes formaron parte de la contienda entre Paraguay y Bolivia que dejó como saldo unos 90.000 soldados muertos entre ambos bandos.

Después de tres años de enfrentamiento, el 12 de junio de 1935 se firmó en Buenos Aires, Argentina, el Protocolo de Paz del Chaco, en el que se acordaba el fin de la cruenta guerra.