La agente fiscal además amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa. También se ha recibido certificados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.

Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola,  Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.

A ellos se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, y evasión de aportes a la Seguridad Social.

A Dany Durand y Luz Marina González de Durand se les atribuye también el lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. Por otra parte, Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.

Los antecedentes de la causa señalan que, la causa fue abierta por la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar.

Sobre la presunta venta de acciones, Dany Durand presentó en sede fiscal, un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., por parte de Luz Marina González, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Durand como Luz Marina González se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato (siete de noviembre de 2017). Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación contraria.

El presunto contrato constituye solo un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, ello se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020.

El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan montos de transacción, titularidad del emisor de factura, fecha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el entonces Ministerio de Hacienda, en especial, con los registos existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales. Esta repartición estatal certificó en fecha 1º de noviembre del año 2023, la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del Grupo Mocipar.

A ello se suma que, Dany Durand, Luz Marina González y  Marcela Adriana Durand, ya se habían desvinculado supuestamente de las empresas del Grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., como personas habilitadas para firmar cheques, en 4 bancos de plaza.

A lo mencionado, se suman datos fácticos de relevancia que apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de USD. 79.000 (Dólares setenta y nueve mil) comprado por Mocipar Automotores S.A. y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina González de Durand.

También habrían realizado operaciones de compra de 11 vehículos de alta gama, en detrimento al patrimonio disponible para cumplir con sus obligaciones con respecto a sus clientes, es decir, dichas actividades habrían sido totalmente ajenas a los fines de la firma.

La investigación da cuenta que nunca existió voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los clientes de la empresa, en razón a que en las contadas oportunidades en las que los representantes legales recurrieron a proveedores locales, para adquirir vehículos, con el supuesto propósito de proveerlos a sus clientes, lo hicieron a crédito (suscribiendo para el efecto pagarés a ser pagados hasta en tres años) no habiendo abonado, al parecer, lo correspondiente a las adquisiciones realizadas.

Se presume, que los representantes legales, accionistas y directores de las firmas del Grupo Mocipar no habrían realizado el registro ni el pago del Aporte Obrero Patronal, correspondiente a la Seguridad Social, privando así a sus empleados de este beneficio.

Nota relacionada: Se salvó: otorgan libertad ambulatoria a Dany Durand

Esta iniciativa surge en el marco de un acuerdo de colaboración interinstitucional firmado entre el Centro de Estudiantes y el CNAE.

Según destacó la Prof. Abg. Ada López, secretaria de Asuntos Estudiantiles y Jurídicos del centro estudiantil, la propuesta busca brindar herramientas para la formación integral de los futuros cientistas políticos, reconociendo además el valor estratégico que desempeñan los medios de comunicación en la difusión del conocimiento y la participación ciudadana.

La capacitación estará a cargo del disertante Dr. José Carlos Baranda Samaniego y tendrá una duración de cuatro días. Las clases se impartirán los días 24, 26, 27 y 28 de agosto de 2026, en el horario de 17:00 a 21:00 horas.

El encuentro presencial se desarrollará en las instalaciones del Colegio Nacional EMD Asunción Escalada, consolidando un espacio de aprendizaje y articulación entre la comunidad académica y la ciudadanía.

Las inscripciones se pueden realizar completando el formulario habilitado para el efecto.

El emblemático cañón tuvo un papel determinante durante la Guerra contra la Triple Alianza, siendo utilizado inicialmente en la batalla de Curupayty para frenar el avance de la escuadra brasileña y, posteriormente, en la defensa de la Fortaleza de Humaitá.

Tras la evacuación del sitio, la pieza fue trasladada al Brasil como trofeo de guerra, integrándose a su patrimonio histórico hasta el inicio del actual proceso de restitución.

Desde la comuna destacaron que el eventual retorno de la reliquia representa un hecho de trascendencia para la memoria nacional y la identidad comunitaria.

Enfatizaron que Humaitá cuenta con el valor histórico, los vestigios y los testimonios de la contienda necesarios para albergar la pieza, comprometiéndose a garantizar las condiciones de seguridad, conservación y protección patrimonial que requiera su exhibición.

La administración municipal señaló que la permanencia el cañón en la ciudad impulsará la educación histórica y potenciará el turismo cultural en la zona.

Bajo la consigna de que una parte de la historia debe volver al lugar donde comenzó, la solicitud busca poner en valor el patrimonio local y consolidar a Humaitá como un punto de referencia para el conocimiento de la historia paraguaya.

Durante la sesión, los concejales Álvaro Grau y Ceres Escobar expusieron la situación del establecimiento, que opera como un boliche al aire libre a pesar de contar aparentemente con una licencia de restaurante, y exigieron medidas que van desde la clausura temporal hasta la posibilidad de impulsar acciones penales.

El concejal Álvaro Grau fundamentó el pedido señalando que el local, situado sobre la calle Alejandro Villamayor, funciona en la práctica como un bar y boliche con pista de skate, noches de DJ y de vinilo, generando ruidos molestos durante toda la noche que impiden el descanso de los residentes.

Grau enfatizó que esta actividad al aire libre viola la Ley 1100/97 de prevención de la polución sonora y la Ordenanza Municipal 162/2024, y destacó que incluso desde la residencia del embajador de Alemania, ubicada frente al negocio, se presentaron quejas formales sin obtener respuestas hasta la fecha.

Ante esta situación, la minuta encomienda a la Intendencia Municipal, a través de la Policía de Vigilancia y la Dirección de Gestión Ambiental, realizar una fiscalización exhaustiva in situ. Las tareas requeridas incluyen la medición técnica de decibeles con sonómetros y la exigencia de documentos clave como la patente, la licencia comercial, el plan de gestión ambiental aprobado y la habilitación vigente.

De constatarse que el local carece de los permisos ambientales o que supera los límites de ruido permitidos, se procederá a la suspensión inmediata de sus actividades y a su clausura temporal, sumado a una inspección de las medidas contra incendios.

Por su parte, el concejal Ceres Escobar sumó su preocupación al debate advirtiendo que el establecimiento se encuentra en un espacio barrial donde este tipo de actividades comerciales están totalmente prohibidas.

Escobar instó a ir más allá de los trámites administrativos y propuso que la Junta Municipal asesore a los vecinos afectados para llevar el caso a una instancia penal, o bien que el propio cuerpo legislativo comunal se constituya como impulsor de dicho proceso judicial.