La agente fiscal además amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa. También se ha recibido certificados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.

Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola,  Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.

A ellos se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, y evasión de aportes a la Seguridad Social.

A Dany Durand y Luz Marina González de Durand se les atribuye también el lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. Por otra parte, Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.

Los antecedentes de la causa señalan que, la causa fue abierta por la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar.

Sobre la presunta venta de acciones, Dany Durand presentó en sede fiscal, un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., por parte de Luz Marina González, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Durand como Luz Marina González se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato (siete de noviembre de 2017). Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación contraria.

El presunto contrato constituye solo un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, ello se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020.

El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan montos de transacción, titularidad del emisor de factura, fecha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el entonces Ministerio de Hacienda, en especial, con los registos existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales. Esta repartición estatal certificó en fecha 1º de noviembre del año 2023, la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del Grupo Mocipar.

A ello se suma que, Dany Durand, Luz Marina González y  Marcela Adriana Durand, ya se habían desvinculado supuestamente de las empresas del Grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., como personas habilitadas para firmar cheques, en 4 bancos de plaza.

A lo mencionado, se suman datos fácticos de relevancia que apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de USD. 79.000 (Dólares setenta y nueve mil) comprado por Mocipar Automotores S.A. y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina González de Durand.

También habrían realizado operaciones de compra de 11 vehículos de alta gama, en detrimento al patrimonio disponible para cumplir con sus obligaciones con respecto a sus clientes, es decir, dichas actividades habrían sido totalmente ajenas a los fines de la firma.

La investigación da cuenta que nunca existió voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los clientes de la empresa, en razón a que en las contadas oportunidades en las que los representantes legales recurrieron a proveedores locales, para adquirir vehículos, con el supuesto propósito de proveerlos a sus clientes, lo hicieron a crédito (suscribiendo para el efecto pagarés a ser pagados hasta en tres años) no habiendo abonado, al parecer, lo correspondiente a las adquisiciones realizadas.

Se presume, que los representantes legales, accionistas y directores de las firmas del Grupo Mocipar no habrían realizado el registro ni el pago del Aporte Obrero Patronal, correspondiente a la Seguridad Social, privando así a sus empleados de este beneficio.

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La beba nacida apenas hace 24 horas fue raptada del Área de Neonatología del Hospital General de Barrio Obrero, por una mujer quien se presentó a la madre de la pequeña como personal de salud y que debía realizar un control.

La mujer tomó en brazos a la recién nacida y salió con la misma del hospital. De acuerdo a las imágenes de circuito cerrado, la mujer subió a un bus de la línea 38 con dirección hacia el Mercado 4.

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Allí en el Mercado 4 fue vista y con otra indumentaria. Posteriormente tras una búsqueda intensa, fue localizada en la zona de Puerto Elsa, Nanawa.

Inicialmente se opuso a entregar a la recién nacida, pero finalmente fue detenida por efectivos de la Policía Nacional.

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En estos momentos la beba está siendo dirigida nuevamente al Hospital de Barrio Obrero para los controles de rigor y así ser entregada nuevamente a su madre. Por su parte, la mujer detenida quedó a disposición de la Fiscalía.

“Está en perfecto estado de salud. Nuestra prioridad en este momento es la niña. Le estamos llevando en una patrullera Okm bajo aire”, comentó a Universo 970 AM de Nación Media, el comisario Juan Francisco González.

Si tenés un reposo pendiente de cobro a través del BNF, hasta el 28 de febrero de 2025 para poder pasar a retirar el pago antes de que sean anulados definitivamente.

Reposos por enfermedad común, maternidad y accidente de trabajo, son algunos de los motivos por el que, el Instituto de Previsión Social (IPS) desembolsó 6.535.475.093 guaraníes.

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Son reposos de asegurados que realizaron correctamente su proceso de cobro de subsidio, pero no pasaron al banco a retirar su dinero que ya está disponible.

Durante el año, los subsidios por reposos se depositan a la cuenta bancaria del asegurado, pero cuando no cuenta con una, se deriva al BNF para el cobro en ventanilla.

Para saber si tenes un cobro pendiente, verifica si recibiste un mensaje o consulta el estado de tus subsidios en https://servicios.ips.gov.py/bcp/consultaCertReposo.php

También podes acercarte a cualquier sucursal del Banco Nacional de Fomento antes del último día hábil de febrero de 2025 para cobrar tu subsidio.

Entre los citados, figuran el ministro del Interior, Enrique Riera; el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; los agentes intervinientes en el caso y el canciller nacional, Rubén Ramírez.

La senadora proponente, Lilian Samaniego, expresó preocupación por la falta de avances en las investigaciones y subrayó la necesidad de respuestas claras por parte de las instituciones responsables.

“La ciudadanía necesita respuestas. El silencio solamente conlleva una situación de incertidumbre y alimenta una ola de rumores que nada beneficia a los representantes de los estamentos encargados de la investigación”, manifestó.

En otro momento, destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y proteger a fiscales y jueces que lideran investigaciones de alto riesgo.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega, en respaldo a la propuesta, calificó como “vergonzosa” la falta de avances en la investigación y criticó duramente la inacción de la Fiscalía.

Ortega recordó que, hace más de un año, la Fiscalía se había comprometido ante los legisladores a avanzar en las investigaciones, sin embargo, hasta hoy, no se han registrado progresos significativos.

“Nos dejan como un Estado fallido en cuanto a la búsqueda de justicia”, declaró.

Cabe señalar que la moción fue aprobada por unanimidad y ahora corresponde a la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso fijar la fecha de la convocatoria.