La agente fiscal además amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa. También se ha recibido certificados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.

Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola,  Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.

A ellos se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, y evasión de aportes a la Seguridad Social.

A Dany Durand y Luz Marina González de Durand se les atribuye también el lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. Por otra parte, Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.

Los antecedentes de la causa señalan que, la causa fue abierta por la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar.

Sobre la presunta venta de acciones, Dany Durand presentó en sede fiscal, un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., por parte de Luz Marina González, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Durand como Luz Marina González se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato (siete de noviembre de 2017). Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación contraria.

El presunto contrato constituye solo un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, ello se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020.

El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan montos de transacción, titularidad del emisor de factura, fecha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el entonces Ministerio de Hacienda, en especial, con los registos existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales. Esta repartición estatal certificó en fecha 1º de noviembre del año 2023, la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del Grupo Mocipar.

A ello se suma que, Dany Durand, Luz Marina González y  Marcela Adriana Durand, ya se habían desvinculado supuestamente de las empresas del Grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., como personas habilitadas para firmar cheques, en 4 bancos de plaza.

A lo mencionado, se suman datos fácticos de relevancia que apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de USD. 79.000 (Dólares setenta y nueve mil) comprado por Mocipar Automotores S.A. y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina González de Durand.

También habrían realizado operaciones de compra de 11 vehículos de alta gama, en detrimento al patrimonio disponible para cumplir con sus obligaciones con respecto a sus clientes, es decir, dichas actividades habrían sido totalmente ajenas a los fines de la firma.

La investigación da cuenta que nunca existió voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los clientes de la empresa, en razón a que en las contadas oportunidades en las que los representantes legales recurrieron a proveedores locales, para adquirir vehículos, con el supuesto propósito de proveerlos a sus clientes, lo hicieron a crédito (suscribiendo para el efecto pagarés a ser pagados hasta en tres años) no habiendo abonado, al parecer, lo correspondiente a las adquisiciones realizadas.

Se presume, que los representantes legales, accionistas y directores de las firmas del Grupo Mocipar no habrían realizado el registro ni el pago del Aporte Obrero Patronal, correspondiente a la Seguridad Social, privando así a sus empleados de este beneficio.

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El titular de CETRAPAM, César Ruiz Díaz, calificó de modelo perimido al sistema actual del transporte público y destacó la importancia de trabajar en una reestructuración del mismo.

“Hay 15 empresas que no cobraron en febrero. Se debe de febrero y la totalidad de marzo. No tengo el monto exacto porque varía mes a mes y depende de la cantidad de validaciones”, sostuvo en entrevista con radio Ñanduti.

Aseguró que el problema no es de las empresas de transporte que prestan el servicio, sino más bien del Estado, el cual impone las condiciones y no elabora un plan maestro en el transporte.

Como medida de solución, planteó hacer carriles exclusivos de buses en Eusebio Ayala y Transchaco, pero que se controle el cumplimiento. Además de cumplir con la obligatoriedad de las paradas, y no tener que hacerlo en cada cuadra.

POSTURA DEL NUEVO VICEMINISTRO

A tan solo días de asumir como viceministro de Transporte, el economista Emiliano Fernández realizó una serie de reuniones con los diferentes representantes de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), y el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

“Cuando uno va a emprender una reforma es importante conocernos porque debemos trabajar en un ambiente de confianza y de conversación permanente. Esta es una mesa de apertura para comunicar la visión, estrategias y determinación de los resultados que queremos en la institución”, manifestó el viceministro.

La intención es construir un sistema de transporte eficiente, y para lograrlo apunta a una renovación de las condiciones contractuales y de regulaciones que hoy rigen en el sistema.

“Busco oportunidades que se puedan dar a corto plazo para el bienestar de la ciudadanía, ese es el mensaje que llevé a los empresarios. Abrí el espacio de comunicación para la construcción de un nuevo sistema de transporte y ellos, por su parte, expresaron su interés de dialogar porque todos queremos el cambio”, comentó.

El reporte actualizado de Vigilancia Centinela señala que las infecciones por influenza y por COVID-19 están registrando una demanda importante de consultas en los establecimientos de salud.

En las últimas tres semanas, se contabilizaron 487 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los centros centinela. El 15% requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

La mayor proporción de internaciones por infecciones respiratorias se verifica en el grupo de edad de 60 años y más (28%) y en niños menores de 2 años (20%) que no cuentan con esquema de vacunación completa para influenza ni para SARS-CoV2, seguido de la franja etaria de 5 a 19 años (19%).

Por otra parte, en la última semana (SE) 15 se registraron 190 hospitalizados por IRAG, 30 más que la semana anterior. En la mayoría de los casos asociado a SARS-CoV2, seguido de influenza.

En tanto, el 49% de las internaciones corresponde a la edad pediátrica; siendo el 50% menores de 2 años, 51% corresponde a la edad adulta, y el 58% son mayores de 60 años.

Los virus respiratorios identificados en la última semana, en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas: SARS-CoV2, Influenza A H1N1, Rhinovirus y Parainfluenza.

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Este importante paso se da en el marco de la misión realizada por el organismo financiador, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, (CAF), cuyos representantes se encuentran desde esta semana en nuestro país haciendo una revisión del estatus de ejecución de la operación.

En representación del MOPC, firmó el documento la Ing. Claudia Crosa, responsable de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) y por el municipio, la intendenta Carolina Aranda. Acompañaron los diputados Marcelo Salinas y Johana Vega, además de los concejales municipales.

Durante el encuentro desarrollado en la sede del municipio, se expusieron también los aspectos generales del proyecto y se destacó el gran impacto social y ambiental que tendrán las obras.

Con este acuerdo se cumple uno de los requisitos que posibilitarán iniciar los procesos para el llamado a licitación de las obras de alcantarillado sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y mejora del sistema de agua potable, que en su conjunto beneficiarán a 290.000 habitantes de Mariano Roque Alonso y algunos barrios de Asunción.

Posterior a la rubricación de firmas, la misión de CAF prosiguió con el recorrido de la zona donde se ubicará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y algunos de los futuros emplazamientos de las estaciones de bombeo.

Por la tarde se realizó el cierre de la misión, con la elaboración de conclusiones, compromisos y cronograma futuro.

Más sobre el programa

El “Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Área Metropolitana de Asunción – Cuenca Mariano Roque Alonso” contempla una red de alcantarillado sanitario (red cloacal) de más de 447 Km, 10 estaciones de bombeo y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Cabe destacar que, la PTAR podrá recibir a futuro también los efluentes provenientes de una parte de la ciudad de Luque. Todo esto representa una inversión de USD 160.000.000.

La gestión y ejecución de este emprendimiento corre por cuenta del MOPC, mientras que la operación y mantenimiento del sistema, una vez concluidas las obras, estará a cargo de la Empresa de Servicios de Sanitarios del Paraguay S. A. (ESSAP S.A.), prestadora del servicio en el área de proyecto.