El Consejo de la Magistratura recibirá hasta las 23:59 de este lunes a los postulantes a presidir la Fiscalía General del Estado, que actualmente tiene al frente a Sandra Quiñónez, cuyo mandato vence en marzo del 2023.

Rodrigo Estigarribia, Blas Daniel Bernal, Federico Derlis Espinoza, actual fiscal adjunto, Juan Pablo Rolón (asistente fiscal),  Julio César Godoy, Alfredo Barrios Jara, Won Suk Choi y Carlos Arregui son algunos de los inscriptos hasta el momento.

Dos que todavía no se anotaron, pero que podrían hacerlo el lunes, ya que manifestaron su interés, son Mónica Seifart y Cecilia Pérez, ambas allegadas al presidente Mario Abdo Benítez.

Otro cercano es Carlos Arregui, quien fue el último en anotarse esta semana, aunque al principio del proceso había dicho que no lo haría.

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El viceministro de Tributación Óscar Orué también expresó su intención de participar de este proceso, sin embargo, en todo momento se mantuvo muy dubitativo y más bien apegado a la SET, por lo que tampoco se presentó.

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LOS DETALLES DE LA INSCRIPCIÓN

La inscripción se realiza de manera personal en la nueva sede del Consejo de la Magistratura,sobre la calle Tacuary N° 1.597 esquina Blas Garay (Cuarta Proyectada), de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Los documentos deben ser presentados en formato físico debidamente foliado y conforme al orden establecido en el artículo 10. Los requisistos son:

Nacionalidad y la edad: por medio del certificado de nacimiento y cédula de identidad civil, será válida la presentación de la constancia digital emitida por el portal Único de Gobierno, en copias autenticadas o los mismos originales.

Título universitario de abogado: otorgado por una institución de educación superior paraguaya o extranjera debidamente legalizado o apostillado, reconocido y homologado, con el correspondiente registro realizado por el Ministerio de Educación y Ciencias conforme a las leyes de la República;

Notoria honorabilidad: Requisito excluyente, exigido por el artículo 33 de la Ley Nº 296/94;

Experiencia profesional: cinco años como mínimo, en forma efectiva, en tres posibles áreas profesionales: el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de la cátedra universitaria en materia jurídica o el ejercicio de la magistratura.

Este requisito se cumplirá con cualquiera de las tres actividades, ejercidas en forma conjunta, separada o sucesivamente, por el plazo mínimo de cinco años conforme a lo previsto en el artículo 267 de la Constitución de la República del Paraguay.

A los efectos de computar los cinco años mínimos requeridos de experiencia profesional, el postulante deberá cumplirlo en cualquiera de las actividades descriptas precedentemente de manera independiente.

La antigüedad en el ejercicio de la abogacía: por medio de la fecha de expedición de la matrícula que habilite el ejercicio de la profesión, expedida por la Corte Suprema de Justicia.

La magistratura judicial: por medio del decreto o resolución de nombramiento, computado desde la fecha de juramento.

El ejercicio de la cátedra universitaria en materia jurídica: por medio de la copia de la resolución, constancia expedida por la Institución de Educación Superior (Rector o Decano) o contrato que acredite la antigüedad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.