Según esgrimió en entrevista con la radio 650 AM, en un Estado de Derecho tanto las autoridades como los ciudadanos tienen que cumplir la ley, ya que sería tan fácil esclarecer todos los delitos utilizando el método de la tortura o colocar cámaras de vigilancia a cada sospechoso, pero estos son técnicas de regímenes autoritarios.

En cuanto a la información financiera, ésta se protege contra la filtración de funcionarios públicos y los trabajadores privados. Esa es una garantía del ciudadano, si eso se revela es un delito. Por ejemplo, si el funcionario de un banco revela cuántas transacciones bancarias realizaste y cuánto es su saldo, eso es un delito porque el derecho al secreto bancario es una garantía.

Sobre la filtración del salario que ganaba Santiago Peña en el sector bancario, Ricardo Preda indicó que el monto se ajusta a cualquier salario que gana un director del sistema financiero. También resaltó que el ingreso en el sector privado de una persona no tiene absolutamente nada de relevante.

Además refirió que los periodistas y medios de prensa que se hicieron eco del caso, tienen derecho a proteger la fuente, pero eso no exonera la responsabilidad de lo que publicaron. “No estoy obligado a publicar mi fuente pero eso no me exonera de la responsabilidad de lo que publico. Tengo el derecho a proteger la fuente, pero no significa que estoy exonerado de la responsabilidad. Si una fuente me cuenta algo íntimo de otra persona (como alguna enfermedad) y yo lo cuento en un medio, puedo no decir el nombre de la fuente pero yo debo responder por el delito”, arguyó.

“En estos cinco años se cruzó una frontera muy peligrosa en cuanto a utilizar la Seprelad con fines no propios de su función, como al igual otras instituciones. La información que se maneja puede ser real, pero yo puedo presentar la información real pero tergiversada. Por ejemplo, lo real puede ser una transferencia de 5000 dólares a un abogado por honorarios de un caso de una sucesión, pero se presenta que le paga por algún motivo ilícito”, resaltó también.

En ese sentido sostuvo que le llegó a tocar un caso en el que la Seprelad presentó un caso contra una persona que supuestamente no podía justificar el origen porque su casa le costó 8.000 millones de guaraníes, siendo la fuente una publicación periodística de un medio digital, pero en realidad la casa fue heredada. “Por más que la casa cueste en el mercado 8.000 millones de guaraníes, costó cero para la persona porque fue una herencia”, acotó.

Es noticia hoy: Purga interna dentro de la Seprelad y existe riesgo de quema de archivos

Consultado sobre la figura penal de los funcionarios de la Seprelad, Preda indicó que podría ser Revelación de secreto, Simulación de evidencias contra alguien, Alteración de datos y Sabotaje (si es que están borrando datos).

CÓDIGO PENAL

 Artículo 147.- Revelación de un secreto de carácter privado

5º Como secreto se entenderá cualquier hecho, dato o conocimiento:

1. de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus consecuencias nocivas, intereses legítimos del interesado; o
2. respecto de los cuales por ley o en base a una ley, debe guardarse silencio. 

Artículo 148.- Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial

1º El que revelara un secreto ajeno llegado a su conocimiento en su actuación como:

1. funcionario conforme al artículo 14, inciso 1º, numeral 2; o
2. perito formalmente designado,

será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con  multa.

2º La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 144, inciso 5º, última parte.

Artículo 315.- Revelación de secretos de servicio

1º El funcionario que revelara un secreto que le haya sido confiado o cuyo conocimiento hubiera adquirido en razón de su cargo, atentando con ello contra los intereses públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Como secreto se entenderán hechos, objetos o conocimientos, que sean accesibles sólo a un número limitado de personas y que por ley o en base a una ley no deban comunicarse a terceros.

2º En estos casos, será castigada también la tentativa.

Artículo 318.- Inducción a un subordinado a un hecho punible

El superior que indujera o intentara inducir al subordinado a la realización de un hecho antijurídico en el ejercicio de sus funciones o tolerara tales hechos, será castigado con la pena prevista para el hecho punible inducido.

“La instrucción que recibimos (del intendente ”Nenecho" Rodríguez) es que facilitemos todo (al interventor). De hecho, ya estamos preparando todo lo necesario para que pueda iniciar cuanto antes su trabajo”, declaró Benito Torres en entrevista con el canal GEN.

En ese sentido, el intendente capitalino designará a tres funcionarios para colaborar directamente con el interventor durante todo el proceso.

Torres explicó que el procedimiento contempla que la Cámara de Diputados comunique la decisión al Poder Ejecutivo, quien deberá emitir un decreto con el nombramiento del interventor. Una vez notificado el municipio, este elegido se constituirá en la sede de la comuna para realizar el corte administrativo e iniciar la auditoría.

El abogado indicó que la intervención está enfocada en el uso de los bonos G8 y G9, en base al informe de la Contraloría General de la República. Además, recordó que el interventor asume las funciones del intendente.

Respecto a los cuestionamientos sobre el uso de la Caja Única, sostuvo que existe una diferencia de criterio con la Contraloría, motivo por el cual la Municipalidad presentó una reconsideración y luego una acción contencioso-administrativa. “Hay antecedentes que avalan su uso, incluso un instructivo del propio Ministerio de Hacienda de 2014”, puntualizó.

Por otro lado, Torres reconoció que hubo retrasos en el pago de salarios a funcionarios municipales, pero aseguró que la situación ya está siendo regularizada. Uno de los motivos de la baja recaudación fue justamente el pedido de intervención hecho por la Contraloría, lo cual motivó a que los contribuyentes dejaran de pagar sus obligaciones al municipio.

“El 98% ya cobró. Lo que queda es un grupo reducido que estará cobrando hoy. No estamos en quiebra, como se quiere instalar. Es una cuestión de liquidez transitoria. El municipio tiene recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones”, aseguró.

Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, expuso el alcance de las potestades de un interventor, en vista a la reciente aprobación de dos intervenciones municipales, la de Ciudad del Este y la de Asunción.

El trabajo de los interventores es bastante complejo, pero se puede sintetizar en “ver exactamente qué ha ocurrido con la administración municipal, es decir, se concentra en decisiones de carácter administrativo, no puede tomar ninguna decisión de orden político”.

Es noticia: Menor asaltó e hirió a chofer de Bolt, forcejeo terminó en accidente

Además, revisar de qué manera fue ejercida la administración del ente, a partir de lo cual se eleva un informe al respecto.

La administración a cargo del interventor se limita a cuestiones imprescindibles, a los efectos de que la municipalidad no quede parada en las funciones que le corresponde.

“No es su función despedir porque no es un administrador, sino la persona encargada de establecer qué se hizo con la administración municipal en el tiempo que corresponde a la administración intervenida. Su función no es administrar, aunque tenga que tomar algunas medidas”, advirtió.

En cuanto al cuestionamiento de la oposición respecto a la potestad o no de la Contraloría para solicitar la intervención, el constitucionalista opinó que esa duda es más bien de origen político, pero que, no existen dudas de que esta entidad tiene todas las potestades de pedir la intervención.

Lea también: Conasam se reúne otra vez para oficializar reajuste de sueldo

Una fuerte ola de indignación generó la denuncia sobre el supuesto sacrificio de un perra callejero durante una fiesta de “bautismo” organizada por estudiantes ingresantes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Coronel Oviedo.

El caso llegó hasta la Dirección de Comunicación de Defensa Animal, cuyo representante Federico Decoud, confirmó que ya iniciaron los primeros pasos para una posible denuncia penal por maltrato animal. “Nos enteramos ayer y de inmediato enviamos un equipo técnico con veterinarios. Solicitamos que nos faciliten el cadáver del animal para realizar la necropsia correspondiente”, explicó en conversación con la 650 AM.

El procedimiento médico-legal permitirá determinar cómo y cuándo murió el animal, si fue a causa de una enfermedad o si efectivamente fue sacrificado como parte del ritual de iniciación. “La necropsia nos va a dar un amplio espectro de información que podamos derivar a la Fiscalía. Cuando se trata de la muerte de un animal, se trata de una acción penal pública, conforme a la normativa vigente”, añadió.

Desde la institución afirmaron que en caso de que no exista una denuncia formal de terceros, ellos mismos iniciarán la acción judicial. “Nosotros tenemos la llave de apertura de la investigación. Si nadie hace la denuncia, la hacemos nosotros y remitimos todas las pruebas que tenemos al Ministerio Público”, sostuvo Decoud.

El hecho generó una reacción generalizada de repudio en redes sociales, especialmente por tratarse de estudiantes que se están formando justamente para proteger la salud animal. “Estamos totalmente en contra de este tipo de actos. No se entiende cómo estudiantes de veterinaria podrían participar en la muerte de un animal”, enfatizó el representante de Defensa Animal.

Por su parte, la Universidad Católica de Caaguazú deslindó responsabilidad, al tiempo de condenar el hecho realizado fuera del campus universitario. “Los actos que impliquen maltrato animal, son absolutamente repudiables y contrarios a los valores promovidos en el Campus”, expresó en un pronunciamiento.