El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prevé la generación de 1.000 empleos con el tercer tramo del Corredor Bioceánico y 750 más en la construcción de la ruta PY12.

Durante el periodo de construcción, se requerirán de maquinistas, choferes, electricistas, mandos medios e ingenieros. Así también se impulsará la inclusión de mujeres asignadas a empleos no tradicionales (laboratorios, maquinistas, inspectores de pistas, banderilleras, depósitos de materiales y expendios de combustibles, topografía, actividades administrativas, etc.), generando beneficios directos e indirectos.

En ambos casos, el MOPC prevé dar la orden de inicio antes de finalizar el año. Para la Bioceánica, se tiene hasta 6 meses de plazo en lo que respecta a la elaboración del diseño final y para luego arrancar en pista, mientras que en la ruta PY12, una vez que tenga la orden inicio, se iniciará de forma inmediata.

El tercer tramo de la Bioceánica contempla la construcción de 224 kilómetros de la ruta PY15, desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo y los accesos a Mcal. Estigarribia.

Por su parte, la ruta PY12 abarca 166 kilómetros en el tramo Cruce Nanawa hasta Gral. Bruguez y accesos.

La mano de obra generada en el sector vial impulsa el desarrollo socioeconómico del país a partir de inversiones en infraestructura. Se estima que el 8% de la población tiene su fuente de ingreso en este sector.

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Arsenio Zárate, ministro de la SEN, comentó que la crisis en el Chaco por las lluvias e inundaciones persiste, muchas familias son afectadas por la situación.

Refirió que a medida que la crisis se agudiza, la asistencia se intensifica en los puntos claves, y están trabajando para llegar a todas las familias de los departamentos golpeado.

“Recibimos directivas del presidente Santiago Peña. Tenemos que llegar a todas las personas. No importa la camiseta que vista. A todos tenemos que llegar y no vamos a hacer ninguna discriminación”, expresó Zárate a la radio 730 AM.

Relató que en una localidad específica, que prefirió no nombrar, las autoridades no permitieron que se distribuyan los kits de alimentos en llevaba la SEN, sin embargo, tras conversar con los mismos, finalmente entregaron los víveres a los lugareños.

Instó a denunciar, e incluso que se recurra al escrache si se detecta alguna irregularidad en la entrega de los alimentos a las familias en el Chaco.

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En entrevista con el canal GEN, Rafael Ávila, defensor del pueblo, informó que desde el año 2002 hasta la fecha, el Estado paraguayo desembolsó cerca de 95 millones de dólares en concepto de indemnización por ser víctimas de la dictadura.

La autoridad recordó que, al asumir el cargo recibió casi 14.000 expedientes relacionados con estos casos. Durante dos años y medio de gestión, se revisaron cerca de 9.000 expedientes, de los cuales una parte significativa fue aceptada y enviada al Ministerio de Economía para su tramitación. Sin embargo, muchos otros expedientes fueron descartados por estar incompletos o carecer de sustento suficiente para otorgar el beneficio.

El defensor explicó que el control de estos casos es muy estricto, ya que muchas personas intentan presentar solicitudes sin la documentación requerida o con información insuficiente. Los expedientes que cumplen con los criterios son derivados para su gestión, mientras que aquellos que presentan inconsistencias son rechazados o enviados a caducidad.

Actualmente, la Defensoría sigue trabajando en la revisión de los documentos restantes, con el objetivo de garantizar que solo las víctimas legítimas reciban el resarcimiento correspondiente.

Durante la entrega de las primeras 10 viviendas de Che Róga Porä 2.0 en Luque, el mandatario fue consultado acerca del pedido hecho esta mañana por la Contraloría General de la República respecto a la intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción.

“Vamos a analizar los méritos de esto y vamos a actuar en consecuencia, vamos a ser muy rigurosos con la aplicación de las normas de transparencia (...) Nosotros desde el Ejecutivo no vamos a ser impedimento para los controles de transparencia”, contestó Peña.

A partir de ahí, acotó, será una decisión de la Cámara de Diputados evaluar los méritos para aprobar o rechazar la intervención.

El presidente precisó el rol del interventor y lo definió como el responsable de poder dirimir de una forma objetiva y clara si existen o no problemas de administración.

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“Para nosotros las municipalidades son todas iguales, hay 264, no importa de dónde son, estas dos son muy importantes”, contestó, ante la consulta de si habría equidad en la evaluación de ambos municipios.

En cuanto a la situación del municipio de Asunción, Peña dijo que de esto no se habló en el comando de Honor Colorado y que ni siquiera entraron todavía a la agenda electoral, ya que todavía queda más de un año para las municipales.

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