Pese a tratarse de un servicio imprescindible, la previsional determinó cancelar las consultas médicas que estaban pautadas con antelación para el próximo lunes. La explicación dada por el gerente de Salud de IPS, Jorge Batista, es que no puede ir en contra de un decreto presidencial y obligar a los funcionarios a trabajar en un feriado nacional.

“Hay un decreto presidencial que cumplir y no cumplir ese decreto podría ocasionar algún tipo de sanción. Todos estamos en las generales de la Ley al tratarse de un decreto presidencial que establece un feriado nacional”, alegó en entrevista con la radio Universo 970 AM – Nación Media.

El médico Jorge Batista justifica así su trabajo por el cual percibe un salario total de más de 21 millones de guaraníes al mes, trabajando  de lunes a viernes de 08:00 a 15:00.

Vale recordar que en el momento más crítico de la pandemia de Covid-19 en Paraguay, con los casos confirmados a diario y los internados, el encargado del IPS hacía oídos sordos al ruego de reposición del suministro de medicamentos para los pacientes con Covid-19 que hacían las familias de los internados.

Los familiares se desangraban y se veían en la necesidad de rebuscarse para conseguir más dinero para comprar los fármacos faltantes, incluso se vieron en la necesidad de recurrir al mercado negro.

Batista había comentado que “la situación es bastante sencilla, IPS ya terminó sus licitaciones y están los contratos, pero los proveedores no consiguen los medicamentos de Atracurio y Midazolam”.

El gerente indicó cuando eso que es la única respuesta que puede dar a los asegurados, al momento de alegar que solamente el Ministerio de Salud Pública está facultado por ley a hacer las adquisiciones directas de los medicamentos, tal como lo viene haciendo en las últimas semanas.

“No sé qué respuestas darles. De nuestra parte ya hicimos todo, pero no nos proveen los medicamentos. No sé qué otra respuesta puedo dar. Hay que entender que en ciertas estructuras tan grandes como el IPS cada uno tiene sus responsabilidades y la mía es la provisión de médicos, enfermeras, hospitales y existen otras gerencias de logística y de lo jurídico, el cual ya presentó propuestas al Legislativo para hacer adquisiciones internacionales pero no nos otorgan ese permiso. Tenemos el dinero pero no tenemos quién nos venda”, había justificado el doctor.

Al igual que en esa ocasión, de vuelta ahora el matasanos deja a la deriva a los miles de asegurados que mensualmente aportan a la cuestionada y muy deteriorada institución.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.