En entrevista con la 970 AM, Fernández indicó que desde el miércoles de la semana pasada se encuentra apostado frente a la oficina de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) buscando poder conversar con el titular de la cartera, Andrés Gubetich Mojoli.

El reclamo puntual guarda relación con la licitación de la frecuencia 1250 AM, explotada durante años por su difunto padre, Don Miguel Fernández, y que actualmente es administrada por él y su madre, Adriana Franco, quien funge como administradora interina.

Según explicó, la expresidenta de Conatel, Teresita Palacios, quiso llevar a licitación la frecuencia de la citada emisora radial basándose en lo que establece la Ley 642/95 donde refiere que en caso del fallecimiento del titular, automáticamente queda extinguida la licencia.

Sobre este punto, Fernández reclamó que la cartera estatal no tuvo en cuenta que en el mismo artículo -en este caso, el Art. 71- también especifica que en caso de fallecimiento, los herederos tendrán preferencia para el otorgamiento de una concesión, licencia o autorización.

El precedente que utiliza para sostener este argumento es el caso de la Radio Arapysandu, cuya licencia fue traspasada directamente al hijo y la viuda del expropietario fallecido, esto sin licitación de por medio, según mencionó. “Basándonos en ese precedente pedimos el mismo trato, por qué ellos sí y nosotros no. No pedimos nada descabellado”, acotó.

Fernández confirmó que en el marco de esta causa se entabló una demanda y salieron dos medidas cautelares, una contra el llamado a licitación y otra contra la propia Conatel.

Según confirmó, a raíz de todo este conflicto la radio no está al aire desde hace 50 días, principalmente por razones económicas que impiden su normal funcionamiento. “Ahora mismo no se puede comercializar nada”, precisó.

“No quiero ningún favor ni nada bajo la mesa, solo exijo los mismos derechos que tuvo otra gente. Le proponemos a la Conatel retirar nuestras demandas a fin de tener la licencia para seguir operando”, señaló el manifestante a la 970 AM.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.