Los agentes fiscales Natalia Fuster y Luis Piñanez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, demostraron que, en el marco de los últimos diez años, el acusado registró un aumento desmedido en los bienes, que comprenden su patrimonio y que no condicen con sus legítimas posibilidades económicas, por lo que se concluyó que dicho acrecentamiento fue logrado de forma ilegal y aprovechándose de la función pública.

El mencionado aumento patrimonial excesivo consistió en la adquisición de múltiples vehículos automotores, la compra de un tractor, un vehículo cero kilómetro, así como el correspondiente pago de un cuantioso seguro para el mismo. Igualmente, la compra de diversos bienes e inmuebles; departamentos ubicados en diferentes edificios de la ciudad de Asunción, estancias de varias hectáreas, múltiples terrenos, y entre otras circunstancias la participación de uno de los miembros de la pareja como accionista en una empresa de seguridad.

Alvarenga, al ser designado comandante de la Policía Nacional en el año 2013, realizó la correspondiente declaración de sus bienes a la Contraloría General de la República, declarando inmuebles por un valor de G. 226.000.000. Sin embargo, en el año 2015, al salir del cargo citado, declaró tener bienes inmuebles por G. 2.400.000.000.

Asimismo, el ahora encausado en el periodo abarcado desde el mes de octubre del 2005 hasta el mes de marzo del 2015, tuvo un total de ingresos de G. 1.124.580.247, en el ejercicio de la función pública, según el legajo de personal de la Policía Nacional, informados por la división de servicios personales de la dirección administrativa. Se incluyen, además, los préstamos obtenidos de las cooperativas Coomecipar y 8 de marzo, para determinar el ingreso total del periodo, todo esto deducido del concepto de la jubilación.

No obstante, sus egresos de acuerdo a las pesquisas, totalizan el monto de G. 2.667.176.480. Resultando dicha ecuación en un déficit de G. 1.542.596.233.

Por tanto, las magistradas dieron lugar al pedido del Ministerio Público, de ordenar el comiso especial sustitutivo de varios bienes del ex jefe policial, hasta cumplir con unos G. 1.110.986.525, que es el monto del déficit comprobado en el juicio.

Los bienes que deben ser decomisados una vez que la sentencia quede firme son las fincas ubicadas en el distrito de Mbocayaty, en Cordillera, además de dos departamentos ubicados en el tercer piso de un edificio asentado sobre Benjamín Constant casi Colón, del centro de Asunción.

También se resolvió aplicar al excomandante la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años, contados desde que haya cumplido su condena.

Actualmente, el excomandante se encuentra cumpliendo una condena de 4 años por desvío de combustible que era asignado a la institución que estaba a su cargo.

A través de sus redes sociales, Santiago Peña reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de garantizar la libertad de expresión para que los medios realicen su tarea sin impedimentos.

“¡Feliz Día del Periodista! Hoy recordamos el papel fundamental de quienes nos informan y velan por nuestra democracia”, expresó Peña.

La fecha que conmemora el Día del Periodista fue fijada en recordación al primer periódico publicado en el país: “El Paraguayo Independiente” el 26 de abril de 1845,

También un 26 de abril, pero de 1991, fue asesinado por la mafia el periodista Santiago Leguizamón, por informar la verdad a través de los medios.

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Esta semana, el Poder Legislativo fue un escenario hostil para la prensa, cuando el diputado Yamil Esgaib reaccionó de manera agresiva contra dos periodistas, a quienes agarró de las muñecas y arrojó sus respectivos micrófonos.

Todo por la molestia que le generó la pregunta acerca del nombramiento de su hija en la Cancillería con un salario de 21 millones de guaraníes. Tras el exabrupto, la diputada Rocío Vallejo impulsó un proyecto para sancionar a Esgaib con una suspensión por 60 días sin goce de sueldo. Sin embargo, el oficialismo lo salvó.

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Ayer, en un operativo conjunto entre la ANDE, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, se realizó una intervención en un inmueble, ubicado en el Km 14 Monday, ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Este local contaba con un suministro en Baja Tensión a nombre de Ramón Martínez, con NIS 3236093, medidor N°3871845, y presumiblemente se encontraba con conexión directa en Media Tensión con un transformador de 1.000 kVA, ya que no contaba con placa identificatoria al momento de la verificación.

Como parte del procedimiento, la ANDE realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los delitos de “sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos, así como sabotaje”. El fiscal Alcides Giménez encabezó el allanamiento que derivó en la incautación de un total de 476 procesadores de Criptominería, además del mencionado transformador.

Todos los elementos fueron trasladados al depósito de la fiscalía, bajo la responsabilidad del fiscal interviniente. Asimismo, se retiraron aproximadamente 300 metros de línea en Media Tensión, además de la acometida del inmueble.

Según el análisis realizado por la ANDE, el daño patrimonial mensual se estima que alrededor alrededor de G. 270.000.000. Este monto, además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberán ser abonados por los responsables.

Fiscalía y policía realizaron hoy varios allanamientos en la ciudad de Limpio, departamento Central, tras los pasos de una banda de ladrones.

Detuvieron a dos hombres implicados en una seguidilla de robos domiciliarios con un ingrediente “novedoso”: el uso de sofisticados inhibidores de alarmas de viviendas, las cuales eran desactivadas por el tiempo en que los delincuentes vaciaban las casas de las víctimas.

“Son personas que activaban inhibidores para anular las alarmas, lo que simplificaba sus acciones. Hay que destacar el trabajo de la Policía para las detenciones”, señalo la fiscal Sara Torres en comunicación con la 1020 AM.

la detención de los dos sujetos se suma a otras aprehensiones de miembros de la misma banda.

De acuerdo a investigadores, los delincuentes fichaban los comercios y viviendas y procedían a aplicar sus dispositivos para desactivar los sistemas de control electrónicos.

El uso de estos artefactos era, hasta ahora, usado solo para inhibir los GPS de vehículos robados, así como para robar autos.

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