Mirian Fabiola Díaz de Ocampos (41) y Luis Ramón Dávalos Cantero (34) acudieron esta mañana a la sede de la Fiscalía Barrial N° 1 de Asunción para su audiencia de declaración testifical.

El fiscal Hernán Galeano manifestó a los medios que la mujer se abstuvo de declarar, mientras que su pareja sí accedió a hacerlo y revelar algunos detalles.

En su declaración, el hombre afirmó estar en desconocimiento de la sustracción del bebé en el Hospital San Pablo de Asunción y comentó que aquel día, su pareja solo le había dicho que iba al hospital para tener a su bebé.

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Inicialmente, la mujer le manifestó por mensaje haber ido al Hospital de Clínicas y ahí supuestamente le dijeron que tendría “un parto complicado”, por lo que le habrían recomendado acudir a un sanatorio privado para dar a luz.

Ya en la tarde de aquel 30 de diciembre, Dávalos fue a recoger a Díaz de un sanatorio ubicado sobre la avenida España, ya con la pequeña Ángela en brazos, confirmó el fiscal.

La pareja reside actualmente en la ciudad de Ypacaraí. Debido a que la recién nacida presentaba un cuadro febril, decidieron llevarla al Hospital Distrital de Caacupé para que sea revisada por los médicos.

Dávalos mencionó en su declaración que le parecía llamativo que el vientre de su pareja no tenía movimientos o latidos de corazón y que tampoco haya seguido sus controles prenatales, sin dejar de mencionar el hecho de que no hubo cambios en su fisonomía. Por todo ello, no se descarta que haya fingido su embarazo.

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La mujer y su pareja serán imputados por violación de la patria potestad y la Fiscalía solicitará la prisión preventiva para ambos debido a que se trata de un hecho muy grave, sostuvo Galeano.

No se descarta la participación de otras personas, teniendo en cuenta que, durante su estadía en el hospital, Fabiola Díaz continuamente conversaba con alguien por teléfono y le decía que “ya no podía esperar más”.

La expectativa de pena es de hasta 6 años de prisión para la denominada “roba bebés” y su pareja. Ambos permanecerán en calidad de detenidos y quedarán a disposición del Juzgado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.