“Para mí está claro que muchas personas tienen miedo de hablarme. Mucha gente tiene miedo de escribirme, de que mi teléfono esté siendo vigilado”, explica en este informe la periodista marroquí Aida Alami, que trabaja para The New York Times.

En México, el país más letal para los periodistas en el hemisferio occidental, se descubrió que algunos de ellos fueron espiados, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la vigilancia ilegal, asegura Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Desgraciadamente, la situación reguladora y la capacidad de las autoridades para interceptar las comunicaciones siguen intactas”, asegura García, cuyo grupo apoya a los periodistas que han sido objeto de espionaje con Pegasus, un programa informático desarrollado por la empresa israelí NSO Group en el verano boreal de 2021.

Para el húngaro Szabolcs Panyi, periodista de la publicación digital Direkt36, cuyo nombre apareció en la lista de personalidades espiadas por Pegasus, “el mayor miedo actualmente es que este caso tenga un efecto disuasivo en las fuentes” y sea “un obstáculo para nuestro trabajo durante mucho tiempo”.

Este sentimiento es una de las principales constataciones del CPJ, con sede en Nueva York, que recuerda la solicitud presentada por “más de 180 organizaciones no gubernamentales” y expertos de la ONU de una moratoria sobre la venta, el uso y la transferencia de tecnologías relacionadas con estos programas espías, mientras se crea un marco regulador que garantice el respeto de los derechos humanos.

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Más preocupante para el CPJ es que “los viejos métodos de defensa no funcionan” contra la “nueva generación de programas espías”, que pueden infiltrarse en un teléfono sin que el usuario abra un enlace o descargue un documento adjunto, sino simplemente mediante un simple “llamada sin respuesta”, o un “SMS invisible”.

El comité, que detalla casos de cuatro países (México, Hungría, Marruecos e India), advierte que “incluso en las sociedades democráticas, la voluntad política de limitar los programas informáticos espías” con fines de lucha contra el terrorismo “puede fallar”.

Más allá de una moratoria, el CPJ reclama que se restrinjan las importaciones y exportaciones a países que convierten estas tecnologías en instrumentos de represión y la creación de un tratado internacional que limite su comercio.

Para las empresas que desarrollan este tipo de programas, el comité solicita que se comprometan públicamente en favor de la libertad de prensa, e incluyan cláusulas explícitas de prohibición de espiar a periodistas en los contratos y licencias, así como la posibilidad de revocar el acceso a los programas espías cuando se detecte un abuso y lo señalen.

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PARAGUAY

En el caso de nuestro país, tampoco escapa del problema que conllevan estos aparatos espías. Aquí el periodismo de investigación consiguió la caída de importantes y poderosos políticos y empresarios gracias a las publicaciones que revelaban sus “trapitos sucios”.

Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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