La Dra. Gilda Lezcano, quien se desempeña como jefa del servicio de Neonatología del Hospital Distrital de Ñemby, se contactó con nuestro medio para denunciar una presunta persecución laboral en su contra.

Según comentó, desde hace un tiempo viene denunciando una serie de irregularidades en el hospital ñembyense, lo cual la llevó a ser víctima de lo que considera una persecución por parte de las actuales autoridades, mencionando al director del hospital, Nilton Torres, y al director médico, Víctor Meza.

Lezcano sostiene que, luego de realizar denuncias sobre el mal manejo en este nosocomio, la acusaron injustamente de ausentarse en su horario laboral para trabajar en un sanatorio privado con el fin de acallar sus reclamos, hecho que negó enfáticamente.

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Sobre el punto, afirma que desde el hospital remitieron informes incompletos a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud buscando perjudicarla, omitiendo datos de su registro de asistencia. “Me quedaba después de hora y enviaron solo la marcación de entrada, no la de salida”.

Además de la persecución laboral, también alega haber sufrido violencia psicológica, manipulación de la información y acoso laboral. Acusó a Torres y Meza de ser los responsables de la falta de personal médico en el Hospital de Ñemby, obligando a varios profesionales a tener una mayor sobrecarga laboral para poder cubrir los turnos que están vacantes.

El equipo de Neonatología del Hospital de Ñemby presentó una nota de respaldo hacia su persona, lo cual habría tenido como consecuencia que el grupo de profesionales firmantes ahora esté “bajo estricto control”, pidiendo a los pediatras que acudan al llamado para trabajar fuera de su horario laboral, refirió a HOY.

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Lezcano también acusó a Nilton Torres de “esconder la mano”, puesto que ya no volvió a hablar con ningún medio tras realizar la acusación en su contra. Según le manifestaron algunos médicos, el director apuntó contra la prensa por “tergiversar sus palabras” y dijo que ahora ya está todo en manos del Ministerio de Salud, queriendo desligarse del caso.

La doctora Lezcano confirmó haber presentado todas las documentaciones necesarias para respaldarse ante la cartera de Salud, llegando a comunicarse igualmente con la ministra María Teresa Barán, quien se comprometió a interiorizarse de la situación en el Hospital Distrital de Ñemby.

La profesional dijo tener la esperanza de que se promuevan mejoras tanto para el hospital como así también de blanco para el personal que trabaja allí, además de exigir que se haga justicia y acabe la persecusión laboral en el centro asistencial ñembyense.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.