Durante su comparencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández fue consultado sobre cómo avanzan las investigaciones referente a los 54 reportes de indicios de hechos punibles que remitió en septiembre pasado la Contraloría al Ministerio Público.

La autoridad se excusó con que es compleja la tarea de la Fiscalía, que hay muchos casos y que no existe la suficiente cantidad de agentes fiscales

“Nosotros tenemos una buena cantidad de casos, algunos están en la preliminar. Esa investigación preliminar a veces es densa, no tiene tiempo fijo, depende de la prescripción del caso. Mientras el caso no esté prescripto el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Entonces algunos tienen mesa de trabajo con agentes fiscales asignados que se encargan del estudio primeramente de correspondencia de los datos que brindan. (…) Tenemos volúmenes de informaciones, Delitos Económicos está abarrotado de trabajo con la carencia de fiscales y adjuntos. Estamos trabajando a pulmón y con mucha fuerza”, arguyó.

Rolón Fernández dejó en claro que “la Contraloría no emite evidencias, emite informaciones que deben ser procesadas y ese procesamiento se hace a través del Ministerio Público, se busca a través de filmaciones, fotografías, testimonios, documentos, grabaciones, etc., para que la propuesta fáctica tenga una consistencia. Una vez que se tenga la información, el fiscal decide o el equipo de trabajo, si imputa o no”.

Señaló que existe la falsa creencia que porque un hecho ocurrió ayer, al día siguiente ya se debe procesar a los sospechosos, sino que primeramente debe hacerse un análisis respetando todas las garantías constitucionales y procesales.

“La Contraloría no otorga ninguna información con grado de evidencia, sino que solamente habla de indicios que hacen sugerir que haya una irregularidad. La irregularidad la tenemos que buscar nosotros a través de un examen exhaustivo en auditorías, informática y otros métodos”, ahondó en otro momento.

En el caso de que el Congreso decida denunciar los clavos del Gobierno de Marito, el Fiscal General confirmó que únicamente dicha denuncia se va a adherir a la carpeta que ya está abierta.

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La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) anunció que la alta demanda de personas que irán a Caacupé, se requerirá un gran número de buses, por lo que, el horario quedará liberado como cada año.

La medida rige desde las 12:00 hs del domingo 7 hasta las 18:00 hs del 8 de diciembre.

Desde Dinatran indican que los buses que prestarán servicios en estos días deberán contar con carteles específicos en el parabrisas, que indique hasta qué punto llega, “Hasta Caacupé” o “Hasta Ypacaraí”.

Con respecto a las tarifas, advierten que no debe sufrir ninguna variación. El precio más elevado es de 11.300 guaraníes, para aquellas personas que llegarán hasta la Basílica desde la ciudad de Coronel Oviedo.

Si los pasajeros detectan cobro indebido o irregularidades en los servicios de transporte de pasajeros prestados por empresas habilitadas por la Dinatran, está habilitado el número de WhatsApp 0962 352 235 para denuncias.

La comuna de Asunción lleva en marcha el operativo especial ante el alto flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante las festividades de la Virgen de Caacupé en la ex terminal de ómnibus.

Según el intendente, Luis Bello, este fin de semana unas 60.000 personas pasarán por la EBA con destino a la villa Serrana.

“Estamos cubriendo cada detalle para que miles de usuarios viajen seguros, bien atendidos y sin contratiempos. Asunción está preparada para acompañar a todos los peregrinos en esta celebración tan especial para nuestro país”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

Este sábado Bello realizó un recorrido por las instalaciones de la EBA para verificar de qué manera se está llevando a cabo el operativo.

Recordó tarifas vigentes para los pasajes desde Asunción e informó que se está trabajando de forma conjunta con la Policía Nacional y Dinatran.

El fiscal Luis Fernando Escobar presentó imputación en contra del hombre que, además de docente, ejercía funciones como secretario de despacho, lo que le otorgaba influencia sobre la adolescente.

La víctima manifestó que el imputado le enviaba mensajes en distintos horarios, preguntando sobre su asistencia a clases, pidiéndole que acudiera a la dirección con excusas académicas y ofreciéndole intervenir en sus calificaciones. Incluso insistió en verla fuera del horario escolar y sugirió acercarse a su domicilio.

Cuando asistía al despacho, el docente le tomaba de la mano, la abrazaba y además intentó besarla en tres ocasiones, aunque ella se resistió. Estos episodios generaron incomodidad en ella y comentó a un familiar su deseo de no seguir asistiendo a clases. A raíz de esta situación, se radicó la denuncia formal.

Entre los elementos de sospecha se encuentran la denuncia remitida por la Subcomisaría 52 de la jurisdicción, la declaración testifical de un familiar y el informe de asistencia psicológica elaborado por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

El fiscal solicitó la imposición de medidas menos gravosas que la prisión preventiva, bajo reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o sus familiares.