El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, reconoció en entrevista con radio Monumental que no tiene lógica alguna el control riguroso para las transacciones monetarias que no sean de perfiles de riesgo. “Están haciendo mal su debida diligencia, esa no es la intención de la norma”, dijo sobre algunas prácticas de los bancos y casas de cambio.

La autoridad aseguró que su institución realizó capacitaciones en el sector bancario pero que muchas veces el personal de atención al cliente desconoce la normativa o la aplica mal.

Sobre el dinero que movió Luis Arza, líder del esquema Ponzi, Arregui dijo que es imposible pensar que la sideral suma de dinero proveniente de la fortuna de Ramón González Daher y otros empresarios que habrían sido estafados, haya pasado por el sistema de la institución “sin la complicidad de actores claves”.

En otro momento salió al paso de las críticas y resaltó la labor que vienen realizando en la lucha contra el lavado de dinero con reportes de inteligencia. Además, sostuvo que la institución a su cargo “no es ningún florero”.

“La Seprelad no es un florero. En todos los casos que se mediatizan, la Seprelad ha tenido muy activa participación, colaboró con reportes de inteligencia muy oportunos”, sostuvo Arregui.

Dijo que la institución a su cargo recibe diariamente unas 80 operaciones sospechosas que son analizadas por solo 20 funcionarios. “Tenemos 70 funcionarios y 28 comisionados. En la parte de la Unidad Financiera son como 20 funcionarios, son quienes reciben los reportes de operaciones sospechosas de todos los sujetos del sistema”, detalló.

El diputado liberal Adrián Vaesken planeó el pedido con el fin de conocer el impacto que tienen los amparos judiciales sobre los recursos públicos y determinar las causas que llevan a los pacientes a recurrir a la vía judicial para acceder a medicamentos, además de obtener información sobre el abastecimiento, las compras y las obligaciones pendientes con proveedores.

Entre los principales puntos, el documento solicita informar el monto total de dinero público ejecutado durante los últimos cinco años para la adquisición de medicamentos e insumos ordenados mediante amparos, discriminado por año, mes, tipo de patologías y medicamentos.

También requiere una relación detallada de los amparos judiciales presentados contra el Ministerio de Salud durante el mismo período, especificando el estado de cada proceso —en trámite, cumplido o incumplido— y el tiempo promedio transcurrido entre la notificación de la orden judicial y la provisión efectiva del medicamento.

Asimismo, se pide explicar “los motivos específicos que impiden al ministerio dar cumplimiento oportuno a las órdenes judiciales”, además de detallar las medidas implementadas para disminuir la necesidad de recurrir a la Justicia y reducir los tiempos de respuesta ante los amparos.

El proyecto también apunta a conocer la estrategia y el plan de acción de la cartera sanitaria para reducir las compras de medicamentos vía amparos, incluyendo las políticas de planificación de adquisiciones, los mecanismos de alerta temprana ante posibles desabastecimientos y la situación de las deudas con proveedores que pudieran afectar el normal suministro.

Stock de medicamentos y situación de proveedores

Otro de los requerimientos contempla un “Listado actualizado de medicamentos oncológicos y de alto costo que se encuentran con stock crítico o en falta en la red de servicios de salud del Ministerio”.

En cuanto a los proveedores, se solicita un listado nominal de todas las empresas farmacéuticas y proveedoras que mantuvieron contratos vigentes con el Ministerio de Salud en los últimos cinco años.

Para cada firma se requiere consignar la razón social y RUC, los montos facturados y percibidos, discriminados por año y tipo de medicamento o insumo, además de los números de licitación, contrato y orden de compra correspondientes.

También se deberá informar el estado actual de cada relación contractual, indicando si se encuentra vigente, suspendida, rescindida o finalizada.

El pedido incluye, además, información sobre empresas que, pese a contar con contratos vigentes u órdenes de compra emitidas, hayan interrumpido total o parcialmente la provisión de medicamentos e insumos.

En estos casos, se solicita precisar los productos afectados, la fecha aproximada de interrupción y los motivos alegados, como falta de pago, problemas de importación o conflictos judiciales.

El legislador solicita una relación detallada de las firmas proveedoras que hayan presentado protestas o impugnaciones contra los pliegos de licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud, especificando los procesos afectados y el estado actual de cada impugnación.

Con este pedido de informes, la Cámara Baja busca contar con datos actualizados sobre el uso de recursos públicos, el abastecimiento de medicamentos y las dificultades que enfrenta el sistema sanitario para garantizar oportunamente el acceso a tratamientos, particularmente aquellos de alto costo.

La Municipalidad de Asunción acompaña el proceso de conformación de la primera cooperativa de recicladores de nuestro país, que aglutinará a más de 100 trabajadores vinculados a la recuperación de materiales reciclables.

En el marco de esta iniciativa, se vienen realizando una serie de reuniones con gancheros que trabajan en el Centro de Transferencia de Cateura (antiguo vertedero), a fin de explicarles los alcances de la propuesta.

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La organización no se limitará exclusivamente a quienes trabajan dentro del relleno sanitario de Cateura, ya que busca integrar también a los que desarrollan sus actividades en otros sectores de Asunción, como la zona de Blanco Cué.

De igual manera, podrán incorporarse familiares de los trabajadores, como esposas, esposos, hijos e hijas, con el objetivo de fortalecer la participación de los propios recicladores y garantizar un adecuado control social.

La cooperativa de recicladores apunta a mejorar la comercialización de materiales reciclables, acceder a precios más justos y fortalecer el reconocimiento de su aporte ambiental y social.

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La asamblea de constitución se realizará el próximo domingo 30 de agosto, con primera convocatoria a las 07:00 hs y la segunda convocatoria a las 08:00 hs.  Ese mismo día, a las 10:30 hs, se prevé un acto con la participación de autoridades e instituciones que acompañaron el proceso.

Para avanzar en la formalización, la comuna asuncena previamente cumplió los plazos establecidos por la normativa y comunicó la convocatoria al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), además de realizar la comunicación correspondiente a los interesados.

El Puente de la Integración, paso que une Presidente Franco con Foz de Yguazú, registró su primera gran intervención contra el narcotráfico. Fiscalizadores de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautaron un cargamento de 304 kilos de presunta marihuana ocultos en un compartimento de doble fondo.

El sistema detectó una anomalía en la estructura del techo del rodado, lo que motivó a los agentes a realizar una verificación minuciosa hasta dar con la carga ilícita distribuida en decenas de paquetes.

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Tras el hallazgo fue aprehendido el conductor, identificado como Fernando Andrés Delgado, oriundo de Curuguaty. Según los datos preliminares, el hombre atraviesa una complicada situación económica y aceptó la oferta de un conocido para realizar el viaje hasta Brasil por la suma de G. 500.000.

Delgado refirió que le entregaron el rodado cargado en el km 11 de Ciudad del Este bajo la promesa de que estaba “vacío” y que solo debía ir a Foz para buscar mercaderías, desconociendo por completo la existencia del doble fondo en el techo.

El vehículo, registrado a nombre de un tercero, quedó incautado y sujeto a las medidas correspondientes por parte de la Senabico, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.