Este martes el presidente de la República podría tomar una decisión respecto a la ley que se socializa bajo el rótulo de “eliminación de intermediarios”, sancionada en el Senado el jueves pasado.

Artículo 1: Exceptúase a toda persona jurídica del exterior así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos con debida experiencia probada, que participe de procesos de contrataciones  o que de algún modo  contrate con Petropar para la provisión de los combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, de la aplicación de la ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y  6355 /2019 que modifica los artículos 1,3,4,7,13 y 21 de la ley que Reglamenta el artículo 104 de la CN, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los funcionarios públicos y amplía las disposiciones de la ley 2051/03 y sus modificaciones y normas respaldatorias

Asimismo, Petropar queda exceptuada de las obligaciones de la ley 6355/2019, respecto a los proveedores que contrate con esta, en relación al párrafo precedente

Artículo 2: Petropar deberá transparentar la estructura de costos de los productos combustibles derivados del petróleo y bicombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso Nacional mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación.

El segundo párrafo del artículo 1 es el que permite a Petropar comprar al margen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

La ley 2051 de Contrataciones Públicas establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes.

El viernes pasado el mandatario adelantó que promulgaría la legislación, ya que generalmente es un “respetuoso” de las mayorías construidas en el Legislativo, por lo que, solamente recurre al veto en casos extremos.

Sin embargo, el propio director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, advirtió de los peligros de esta versión de la ley. Además, uno de los impulsores, Enrique Salyn Buzarquis, reconoció que se equivocaron en un párrafo de la normativa y consideró necesario rever lo resuelto. El balón está en cancha del Ejecutivo.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.