Este martes el presidente de la República podría tomar una decisión respecto a la ley que se socializa bajo el rótulo de “eliminación de intermediarios”, sancionada en el Senado el jueves pasado.

Artículo 1: Exceptúase a toda persona jurídica del exterior así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos con debida experiencia probada, que participe de procesos de contrataciones  o que de algún modo  contrate con Petropar para la provisión de los combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, de la aplicación de la ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y  6355 /2019 que modifica los artículos 1,3,4,7,13 y 21 de la ley que Reglamenta el artículo 104 de la CN, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los funcionarios públicos y amplía las disposiciones de la ley 2051/03 y sus modificaciones y normas respaldatorias

Asimismo, Petropar queda exceptuada de las obligaciones de la ley 6355/2019, respecto a los proveedores que contrate con esta, en relación al párrafo precedente

Artículo 2: Petropar deberá transparentar la estructura de costos de los productos combustibles derivados del petróleo y bicombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso Nacional mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación.

El segundo párrafo del artículo 1 es el que permite a Petropar comprar al margen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

La ley 2051 de Contrataciones Públicas establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes.

El viernes pasado el mandatario adelantó que promulgaría la legislación, ya que generalmente es un “respetuoso” de las mayorías construidas en el Legislativo, por lo que, solamente recurre al veto en casos extremos.

Sin embargo, el propio director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, advirtió de los peligros de esta versión de la ley. Además, uno de los impulsores, Enrique Salyn Buzarquis, reconoció que se equivocaron en un párrafo de la normativa y consideró necesario rever lo resuelto. El balón está en cancha del Ejecutivo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.