Christian Cieplik, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), en conversación con Radio Uno aseguró que como gremio hasta el momento todavía no han definido la posibilidad de un aumento de los precios de sus productos.

A su vez, indicó que dicha decisión generalmente queda a criterio de los mismos proveedores y no por los supermercadistas, ya que son ellos los dueños reales de los productos.

Cieplik mencionó que la incidencia de la energía eléctrica en el precio depende de varios factores, entre ellos el tipo de productos e industrias que se encargan de la producción y elaboración. “No se puede generalizar”, manifestó a la 650 AM.

Al referirse sobre el aumento en la tarifa del servicio de la ANDE, expresó: “No es la manera más feliz (de hacerlo). No quiero decir que no se debe aumentar, cada uno sabe dónde la aprieta el zapato y tiene necesidades por lo cual lo hace. Nadie aumenta precios por aumentar porque no le cae bien a nadie”.

A su criterio, se tendría que haber realizado alguna reunión con los demás sectores afectados para poder consensuar la mejor manera de implementar la medida, ya sea con un aumento gradual o haciendo diferenciaciones entre clientes residenciales e industrias.

“Desde el punto de vista del comercio y la industria se complica porque una de las cosas de las que nos jactamos es en el costo de la energía eléctrica”, sostuvo el titular de la Capasu, refiriéndose a que nuestro país siempre se caracterizó por el bajo precio de su electricidad.

El planteamiento que realizó Cieplik es que puedan sentarse en una mesa de diálogo con varios agentes y entidades del Gobierno para poder tener una mayor previsibilidad en cuanto a los precios. “Tenemos que evitar esas elasticidades en los precios que le pegan tanto al productor como a la familia”, puntualizó.

“Nosotros somos la vidriera de un montón de errores que se dan hasta llegar al supermercado, a nosotros también nos pega (la suba de precios). La gente cree que el supermercado subió, pero al super no le conviene desde ningún punto de vista tener productos caros, el negocio es un alto volumen de personas con el mejor precio y producto posible”, aclaró.

Por último, señaló que desde el gremio de supermercadistas no discuten la necesidad de aumentar el precio de la tarifa de la ANDE, sino “la manera inconsulta o muy violenta en la que se hace”.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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