La fiscal Victoria Acuña precisó en entrevista con la radio Universo / Nación Media que con la conformación de la nueva mesa directiva en la Cámara Baja, consideró pertinente solicitar nuevamente el desafuero del diputado Éver Noguera.

“Él está vinculado con las empresas y provisión de los almuerzos escolares”, explicó la investigadora, quien rememoró que en la primera ocasión la Cámara Baja había rechazado su desafuero.

La fiscal de la Unidad Espe­cializada en Hechos Puni­bles contra el Orden Eco­nómico y Anticorrupción solicitó al Juzgado penal el desafuero del diputado oficialista Éver Noguera para continuar con el proceso en su contra en el marco de las investigaciones de provisión de merienda escolar en el departamento de Guairá. El pedido fue trasladado a través del juez Agustín Delmás Aguiar al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, para someter al pleno el desafuero del diputado oficialista. Sin embargo, la defensa de Noguera apeló esa decisión y elevó el caso a la Cámara de Apelaciones.

En el documento remi­tido por la fiscal Acuña se refiere que el 31 de agosto del 2020 fue formulada la imputación por parte de la Fiscalía en contra del dipu­tado Éver Noguera y en ese momento el Juzgado había dado trámite correspondiente al pedido de desa­fuero. En ese entonces, el 2 de setiembre del 2020, el pleno de la Cámara Baja rechazó este pedido y ahora nuevamente fue remitido el pedido por el juez Delmás Aguiar.

“Esta solicitud la realiza­mos, ya que el pedido de desafuero de un miembro de la Cámara de Diputados se podrá hacer cada vez que la Cámara renueve su período parlamentario, no causa ningún agravio al mismo, pues todo ciudadano some­tido a un proceso penal goza de todas las garantías cons­titucionales y derechos pro­cesales establecidos en el orden jurídico de la Repú­blica del Paraguay”, reza el documento firmado por la agente fiscal.

Mientras tanto, el docu­mento remitido por el juez penal a la presidencia de la Cámara de Diputados refiere que el desafuero es un procedimiento constitu­cional por el cual se priva de sus inmunidades a un miem­bro del Congreso Nacional a fin de que pueda ser sujeto en un proceso penal y así ser parte del proceso penal, lo que no significa que califica o sea incluido sobre su par­ticipación o responsabilidad en el supuesto hecho inves­tigado.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.