El exfiscal y actualmente concejal de Asunción, Carlos Arregui, informó a HOY Digital de la decisión de abandonar la multibancada, compuesta por concejales que responden directamente a los intereses del intendente de Asunción, Mario Ferreiro.

Explicó que la decisión fue tomada luego de una reunión con el comité ejecutivo del PDP y que, de ahora en más, analizarán los puntos con su colega Segovia, sin tener en cuenta la decisión de bancada que se llegue a adoptar.

Sobre los motivos, dijo que fueron a raíz de los últimos acontecimientos en los que el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, procesado por lesión de confianza en el caso conocido como “coquitos de oro”, propinó duras críticas contra la gestión del ahora concejal como fiscal y contra los senadores Arnaldo Giuzzio y Desirée Masi.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Carlos Arregui fue el concejal que lideró la comisión de la Junta Municipal que se encargó de analizar el actuar de la Municipalidad de Asunción en el caso Ivesur, que recordemos fue desfavorable para la Comuna que ahora deberá pagar poco más de US$ 4 millones a la empresa que presta el servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV).

En su dictamen, Arregui calificó de negligente la actitud del entonces asesor jurídico de la Municipalidad, José Enrique García, en el juicio. Sin embargo, los concejales de la multibancada de Ferreiro no acompañaron lo resuelto por el exfiscal ya que el abogado es un referente del P-MAS, partido donde Soares es emblema.

A partir de allí se inició el quiebre que se concretó la semana pasada, cuando Camilo Soares cuestionó el actuar de Arregui en el caso que enfrenta por los “coquitos de oro”.

Con la separación de Arregui y Segovia, la multibancada queda con Federico Franco Troche y Rodrigo Buongermini (Juntos Podemos), Víctor Ortíz, Humberto Blasco, Félix Ayala y Augusto Wagner (PLRA), Pepa Kostianovsky (PEN) y Tony Apuril (independiente).

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.