El Programa Nacional de Control del SIDA /ITS atraviesa una situación de dificultad en la disponibilidad de los test rápidos para VIH y sífilis ya que estos se encuentra en stock crítico según destaca la propia directora, la Doctora Tania Samudio en un comunicado enviado a autoridades de Salud Pública.

Debido a la situación se solicitó ya en enero pasado que se optimice el uso de estas pruebas en los diferentes servicios.

Con respecto a las pruebas para VIH, sífilis se prioriza desde entonces el uso en grupos como embarazadas, poblaciones clave, en accidentes ocupacionales y no ocupacionales y personas con síntomas compatibles con VIH y el SIDA.

En cuanto a los test rápidos par sífilis, el uso de las pruebas de VDRL fueron direccionadas a los laboratorios de los servicios de salud pública.

La Doctora Samudio en contacto con GEN, afirmó que el uso de las pruebas no está restringido sino más bien se trata de priorizar a grupos de población en los que la utilidad es mayor y que no hay faltantes ni se rechazó a personas por falta de elementos para las pruebas.

“No es que faltan las pruebas, seguimos teniendo, no rechazamos pacientes y estamos cubriendo las poblaciones prioritarias y claves de pacientes que ya están con alguna sintomatología”, aseguró.

La profesional señaló que se encuentran en proceso de compra los reactivos y que los contratos saldrían a mediados de febrero y aclaró que ninguna importadora cuenta con la cantidad requerida y que toda provisión se ve afectada por la epidemia de coronavirus.

Mientras tanto aguardan “un colchón” de 80.2000 pruebas para VIH y 29.000 para sífilis en tanto se cumplan los procesos de compra.

Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.