El Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el apoyo de la Unión Europea y las organizaciones que conforman el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), Semillas para la Democracia, Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y Fundación Libre, se reunió con pares del gobierno a fin de presentar la situación actual del acceso a la información pública en gobiernos locales (Gobernaciones y Municipios).

Mediante el proyecto “Una ciudadanía activa para una mayor transparencia”, se presentó el mapa de transparencia de 25 municipios, que abarcan el 35 % del territorio del país, que comprenden los departamentos de Central, Presidente Hayes, Caaguazú, San Pedro, Misiones e Itapúa.

La Dra. María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ y coordinadora general del proyecto, indicó que, mediante las observaciones realizadas con la Unión Europea en este proyecto, buscan contribuir al fortalecimiento democrático, con prácticas ciudadanas, poniendo foco en los territorios más débiles en el proceso de gobierno abierto.

“Creemos que hay una sociedad civil activa, pero falta conexión entre la necesidad de conocer lo presupuestado en sus gobiernos locales y la posibilidad de incidencia que puedan tener estos grupos e impulsar el ejercicio de exigir rendición de cuentas y la posibilidad de ayudar a los gobiernos a presentar sus rendiciones de cuentas, es uno de los grandes desafíos”, señaló.

En líneas generales, los municipios tienen problemas con su modelo de gestión de la información, en contrapartida, casi todos realizan rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, se observó un desconocimiento de las áreas responsables de suministrar datos sobre la actualidad de la información y existencia de la misma, debido la mayoría de las veces a la carga descentralizada de datos a los diversos sitios webs, por ello, el proyecto buscará fortalecer estas áreas para un mejor resultado.

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, se han convertido en los espacios más utilizados por los Municipios para difundir sus actividades, pero en la mayoría de los casos presentan limitaciones para proporcionar información de interés ciudadano.

La actividad que busca rendir homenaje a los trabajadores de la construcción en general, en específico y principalmente a los albañiles, se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de mayo, en la sede de la Gobernación de Caaguazú.

Mediante este concurso, los participantes también podrán ingresar a una base de datos para conseguir empleos, además de la posibilidad de acceder a capacitaciones para ampliar sus conocimientos en el ámbito de la construcción, que cada día va adquiriendo nuevas tecnologías.

“Los trabajadores de la construcción, con su labor, efectivamente son quienes están construyendo nuestro país. El oficio de constructor es sacrificado, es por ello que desde el MOPC queremos garantizarle la continuidad en sus trabajos y el crecimiento en este oficio”, señaló durante el evento, la ministra Claudia Centurión.

Rendir un homenaje al importante trabajo de los albañiles

“El trabajo, el sudor del día a día les permite sacar adelante a sus familias (..) Este campeonato nacional para nosotros es realmente importante. Estamos comprometidos en este trabajo en conjunto”, destacó por su parte el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, quien adelantó que, con la base de datos, buscarán seguir impulsando oportunidades laborales.

Asimismo, el viceministro Víctor Villasboa, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), señaló que la ocasión es propicia para rendir un homenaje a los compañeros de trabajo que están día a día en las obras.

El agente fiscal Edgar Modesto Torales Gamarra, de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, resolvió imputar a Carlos Yeruta Velotto por el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El hombre es concejal municipal de la ciudad de 3 de Febrero, departamento de Caaguazú.

El ahora imputado es padre biológico 3 niños menores y en ese carácter no cumplió con la prestación alimenticia fijada el 15 de noviembre de 2023.

El hombre ha incumplido la prestación a favor de sus hijos, provocando de ese modo el empeoramiento de la calidad de vida de sus hijos menores, circunstancia que se acredita con el informe del Banco Nacional de Fomento y la manifestación de la denunciante. En este sentido, el informe señala que lo adeudado hasta la fecha de imputación asciende a la suma de G 11.341.000.

En relación a las medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, sugiriendo las siguientes condiciones: 1) Obligación de presentarse el imputado los primeros diez días de cada mes ante el Juzgado Penal de Garantías, a fin de firmar el libro de comparecencia habilitado al efecto; 2) Prohibición de cambiar domicilio sin autorización judicial; 3) Prohibición de salir del país, sin autorización judicial; 4) Otras medidas que el Juzgado considere pertinente.

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Un programa muy amplio de lucha contra el crimen organizado a nivel regional es el que tiene Paraguay con Brasil y otros países de la región, según explicó en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

“Hemos avanzado con una serie de acuerdos a nivel de ministros de Justicia del Brasil y del Interior de Paraguay, y los ministros de Defensa nacional, los jefes de policía de ambos países, apostando a que mantengamos una coordinación permanente contra el flagelo de la inseguridad y del crimen organizado”, comentó el canciller.

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En cuanto a la necesidad de equipamiento, el ministro habló de un déficit de radares y reveló que el Gobierno está analizando las alternativas para cubrir las falencias.

La misma postura se tiene sobre los aviones. “La flota aérea paraguaya hace 40 años no tiene renovación. Tenemos una fragilidad muy importante en materia de seguridad”, afirmó el ministro.

Sobre el punto, consideró que de nada servirán los radares si se identifica una aeronave que puede ser de traficantes del crimen organizado, pero no hay condiciones de poder detenerla.

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