A raíz de una denuncia realizada en redes sociales por una usuaria, el MINNA, en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública, acudió para constatar una situación de vulneración de derechos infantiles.

Fue así como los funcionarios llegaron al punto indicado, confirmando la presencia de niños y niñas en situación de calle que, además, eran sometidos a trabajo infantil por su propia madre.

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A partir de ese momento, se activaron los mecanismos de protección para los menores de edad, quienes fueron llevados a un centro asistencial para confirmar que se encontraban en buen estado de salud.

Así también, se dispuso que los niños y niñas queden bajo protección judicial y en cuidado alternativo en un espacio puesto a disposición por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

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Por su parte, la madre fue imputada por la Fiscalía por el hecho punible de violación del deber de cuidado, al comprobarse que sometía a sus hijos a lo que se cataloga como explotación infantil.

Desde el MINNA pudieron verificar que la madre en su momento fue beneficiaria del Programa Abrazo pero, pese a los reiterados esfuerzos de la institución, la misma había incumplido las corresponsabilidades que abarca dicho programa.

El abogado Enrique Berni, integrante del Consejo de la Magistratura, presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo por presuntas irregularidades en el padrón electoral de abogados habilitados para los próximos comicios del órgano extrapoder.

Según el planteamiento, más de 1.600 profesionales matriculados no figuran en el listado provisional, por lo que se solicitó su inclusión a fin de corregir el registro y asegurar un proceso electoral justo y transparente.

Berni argumentó que, en su calidad de miembro del organismo, tiene la responsabilidad de velar por la integridad del padrón, evitando distorsiones que puedan afectar la representatividad del estamento de abogados dentro del Consejo.

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El escrito también señala una diferencia entre el padrón utilizado en 2023, que contaba con 37.831 electores, y el actual, que registra 37.284. Esta variación evidenciaría la exclusión de un número significativo de profesionales, lo que impacta directamente en su derecho al voto.

Ante esta situación, se pidió a la Corte Suprema revisar el listado y contrastarlo con la base oficial de abogados matriculados, con el objetivo de incorporar a quienes fueron omitidos. Asimismo, se advierte que la exclusión injustificada de electores podría debilitar la confianza en las instituciones y afectar la representatividad del gremio.

Este jueves se dio a conocer el fallo del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala, integrado por los camaristas Rocío González, Linneo Ynsfrán y Alejandrino Cuevas.

Los mismos resolvieron confirmar una sentencia mediante la cual se rechazaba la demanda de indemnización promovida por José Daniel Zaván Vaccari contra el Estado paraguayo, bajo patrocinio del abogado Carlos Abadíe Pankow.

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En dicha demanda, el joven sobreviviente al accidente aéreo ocurrido en el 2021 en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya exigía un resarcimiento económico por la suma de G. 16.000 millones, en concepto de daños, perjuicios y gastos devenidos de aquel fatídico episodio.

En ese siniestro, perdieron la vida siete personas, en su mayoría efectivos militares, siendo el único que logró salir con vida José Zaván, quien había viajado desde el Chaco para ir a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El rechazo a este pedido de indemnización se basa en el hecho de que la demanda fue promovida más de un año después de ocurrido el accidente aéreo, lo que derivó en su prescripción.

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“No nos esperábamos menos, es lo que se escucha todos los días, que la justicia pronta y barata no existe en nuestro país”, expresó Blanca Vaccari, madre de José, en entrevista con el SNT.

La misma recordó los numerosos gastos que realizó la familia todos estos años para costear su tratamiento, al tiempo de mencionar que aún quedan otras cirugías a las que debe ser sometido próximamente como parte de su recuperación.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener la circulación, el tránsito será redirigido por las calles Capitán Ávalos y Mayor Tomás Rufinelli. En tanto, la calle Adrián Jara permanecerá cerrada durante ambas jornadas, habilitada únicamente para el acceso de los residentes.

De acuerdo al informe del MOPC, el operativo será coordinado por la Patrulla Caminera, que se encargará de la regulación del tránsito en la zona. Se recomienda a los conductores circular con precaución, disminuir la velocidad y acatar la señalización y las indicaciones del personal en pista.

Para consultas relacionadas con el proyecto, está habilitada la línea de atención ciudadana: 0985 203 381.

Los trabajos están a cargo de la contratista Benito Roggio e Hijos S.A., con financiamiento de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay y la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).