Las 95 familias serán trasladadas “en cualquier momento” desde el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, a una parcela de 350 hectáreas ubicada en la colonia “8 de diciembre”, en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná, situada a más de 100 kilómetros al sureste de Marina Cué, según un comunicado del Indert.

“Llegamos a un final feliz, luego de un gran esfuerzo, principalmente a nivel judicial, donde obtuvimos el interdicto para retomar la posesión de esas tierras que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria”, explicó el presidente Justo Cárdenas.

La medida no afecta sin embargo a las cerca de 50 familias, en su mayoría familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty, que el pasado 27 de junio se instalaron en las tierras escenario de la matanza para exigir que se defina su titularidad, precisó a Efe Mariano Castro, campesino ocupante de las tierras.

“Las familias que van a ser reubicadas no están en Marina Kué, sino frente a estos terrenos, junto a la ruta 10. Nosotros no pedimos la reubicación, pedimos que se reconozca que las tierras de Marina Cué son del Estado y que se nos concedan a los campesinos sin tierra para que podamos trabajar”, aseguró.

Agregó que los campesinos ya están trabajando la tierra para asegurarse su sustento, y que por el momento se encuentran “muy bien y dispuestos a seguir en el lugar”. “No vamos a dejar Marina Cué porque es el lugar donde mataron a nuestros familiares y amigos, y queremos justicia”, enfatizó.

Castro es el padre de Adolfo Castro, uno de los once campesinos fallecidos durante la masacre de Curuguaty, y de Néstor y Adalberto Castro, dos labriegos imputados por la muerte de los seis policías que están siendo juzgados desde el pasado lunes en Asunción.

La matanza desembocó una semana después en un juicio político a Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.

Los terrenos de Marina Cué son llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.

La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.

La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.

El 15 de junio de 2012, más de 300 policías acudieron al lugar a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban estas tierras para pedir que se incluyeran en la reforma agraria.

Durante el desalojo, se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar un saldo de varios heridos. Por las muertes hay doce campesinos imputados, que actualmente enfrentarán juicio oral.

Una comitiva fiscal y policial allanó una metalúrgica, donde supuestamente adulteraban los números de chasis de camiones y semirremolques robados en Brasil. El procedimiento se realizó ayer en la ciudad de Santa Rita, por los agentes del Departamento de Control Automotores de Alto Paraná.

Lea: Feminicidio: video muestra a sospechoso con una carretilla y un bulto

Asimismo, los intervinientes incautaron varias evidencias y un semirremolque que habría sido hurtado en la ciudad brasileña de Tubarão, estado de Santa Catarina.

El semirremolque hallado en la metalúrgica es de la marca Noma de tres ejes, con el chasis adulterado. Además, se incautaron de varias plaquetas de seguridad presumiblemente apócrifas y documentos de vehículos.

El agente fiscal Alberto Torres, quien encabezó la comitiva, dispuso la incautación del semirremolque, así como de las otras evidencias, además ordenó que los antecedentes sean remitidos a su unidad para la investigación correspondiente.

Lea más Combustible de contrabando: golpe de G. 70 millones en operativo

• Por Cinthia Mora

La actual administra­ción de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una audito­ría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes.

La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior. Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligen­cia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la uni­dad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.

En ese sentido, consta en el documento final de la audi­toría, remitido al Ministe­rio Público, el testimonio de la funcionaria Rocío Peña, directora interina de la Direc­ción de Análisis Financiero, quien expresamente señaló lo siguiente: “En la DGAFE accedían funcionarios de otras dependencias de la Seprelad, así como de otras instituciones, principalmente de la Senad quienes se reunían con el entonces director Gui­llermo Preda, René Fernán­dez y Carlos Arregui”.

Testimonio de funcionaria de Seprelad que confirma acceso “liberado” de agentes de la Senad en el periodo de filtración

Estas llamativas reuniones se daban durante el mismo período de tiempo (entre enero y marzo de 2022) en el que funcionaba dentro de la Seprelad una oficina mon­tada exclusivamente para investigar a Horacio Cartes. En esta dependencia “para­lela” a cargo de un funcionario ajeno a la institución, Daniel Farías, quien respondía direc­tamente a las órdenes de Arnaldo Giuzzio, se fraguó un documento secreto que luego sirvió de base para un informe de inteligencia. Según el acta de imputación de la Fiscalía, este informe secreto posee datos falsos y tergiversados usados con el fin de atacar polí­ticamente a Horacio Cartes y Santiago Peña.

Otra funcionaria de la Sepre­lad cuyo testimonio confirma que las unidades de investi­gación, tanto de la Seprelad como de la Senad, operaban de forma “sincronizada” es Liliana López, quien se des­empeñaba como analista senior de la Dirección de Aná­lisis Financiero y Estraté­gico, dependencia que estuvo a cargo de Carmen Pereira y Guillermo Preda durante el período de las filtraciones. La misma manifestó que ingre­saban hasta esa oficina per­sonas extrañas dentro de la UIF (Unidad de investiga­ción Financiera). “Entraban mayormente de la Senad, supongo que con autorización”.

De los testimonios recogidos durante la auditoría interna se desprende que funcionarios ajenos a la institución, espe­cialmente de la Senad, ingresa­ban a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad en el mismo periodo de tiempo en el que se registraron las filtra­ciones de informes y a la par del funcionamiento de una oficina paralela dentro de la institución.

La auditoría interna de Sepre­lad concluye que “durante el período de tiempo, entre los años 2021 y 2022, era habi­tual el ingreso de personas que no contaba con la autoriza­ción debida y sin el acompaña­miento necesario, lo cual cons­tituye una violación de normas institucionales e internaciona­les que establecen restriccio­nes en el acceso a estas áreas”.

El informe de evaluación por parte de Gafilat señalaba res­pecto al ingreso de personas extrañas a esta dependencia de la Seprelad que dentro de la UIF (Unidad de Inteligen­cia Financiera) las áreas que poseen informaciones reser­vadas se tienen que tener acce­sos restringidos al público y solo pueden acceder los fun­cionarios acreditados.

PERSECUCIÓN ARRANCÓ EN SENAD

Audios filtrados de una reu­nión en la Secretaría Anti­drogas (Senad), entre el exmi­nistro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría, revelaron cómo se operaba desde esa ins­titución para forzar la inclu­sión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría regis­trado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en con­tra de Horacio Cartes. Desde noviembre de 2019 se pueden constatar las coinci­dencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo meca­nismo montado, utilizando toda la artillería estatal dis­ponible para perseguir a los enemigos políticos del expre­sidente Abdo Benítez.

Informe de auditoría interna de Seprelad que revela más indicios sobre uso “sincronizado” de unidades de investigación de Senad y Seprelad

IGNORARON RECOMENDACIONES DE GAFILAT

El esquema paralelo que fun­cionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia orga­nización encargada de la eva­luación del cumplimiento de las normas antilavado (Gafi­lat). Sin embargo, la admi­nistración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las adver­tencias y recomendaciones exponiendo al país a even­tuales sanciones.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat), en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor canti­dad de filtraciones de informes confidenciales desde la Sepre­lad, se consignó lo siguiente:

“Respecto del uso de la infor­mación por parte de las auto­ridades destinatarias, (…) pre­ocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inte­ligencia financiera disemina­dos por la Unidad de Inteli­gencia Financiera-UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas comple­tas del informe de inteligencia, y algunos medios han enun­ciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los epi­sodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.

El paciente tiene 68 años de edad y es oriundo de Misiones, que padecía un aumento progresivo de la zona abdominal durante aproximadamente un año,

“Es un tumor grande, mirando macroscópicamente cuando se extirpó la lesión, parecería ser un cáncer, pero ese diagnóstico recién uno tiene el 100 % de confirmación cuando es analizada en un microscopio por los patólogos”, explicó el Dr. Gustavo Campos, director médico del INCAN, en entrevista con la 650 AM.

Puede interesar: Imputan a policía que disparó a cuatro personas matando a una de ellas en Luque

Tras la intervención, el paciente se encuentra estable y siguiendo con su recuperación en su hogar. No obstante, deberá continuar con terapias oncológicas complementarias.

El director médico insistió en la importancia de hacer una medicina preventiva, no esperar un síntoma de dolor, sangrado y realizarse chequeos periódicos. “Hay que acercarse rápido a consultar, no esperar que esté en un estadio muy avanzado para buscar atención”, enfatizó.