Reubicarán a ocupantes de tierras de masacre del 2012

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) anunció que realojará a 95 familias ocupantes de las tierras de Marina Cué, donde en 2012 se produjo una masacre que acabó con la vida de once campesinos y seis policías y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo.


Fuente: EFE

Las 95 familias serán trasladadas “en cualquier momento” desde el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, a una parcela de 350 hectáreas ubicada en la colonia “8 de diciembre”, en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná, situada a más de 100 kilómetros al sureste de Marina Cué, según un comunicado del Indert.

“Llegamos a un final feliz, luego de un gran esfuerzo, principalmente a nivel judicial, donde obtuvimos el interdicto para retomar la posesión de esas tierras que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria”, explicó el presidente Justo Cárdenas.

La medida no afecta sin embargo a las cerca de 50 familias, en su mayoría familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty, que el pasado 27 de junio se instalaron en las tierras escenario de la matanza para exigir que se defina su titularidad, precisó a Efe Mariano Castro, campesino ocupante de las tierras.

“Las familias que van a ser reubicadas no están en Marina Kué, sino frente a estos terrenos, junto a la ruta 10. Nosotros no pedimos la reubicación, pedimos que se reconozca que las tierras de Marina Cué son del Estado y que se nos concedan a los campesinos sin tierra para que podamos trabajar”, aseguró.

Agregó que los campesinos ya están trabajando la tierra para asegurarse su sustento, y que por el momento se encuentran “muy bien y dispuestos a seguir en el lugar”. “No vamos a dejar Marina Cué porque es el lugar donde mataron a nuestros familiares y amigos, y queremos justicia”, enfatizó.

Castro es el padre de Adolfo Castro, uno de los once campesinos fallecidos durante la masacre de Curuguaty, y de Néstor y Adalberto Castro, dos labriegos imputados por la muerte de los seis policías que están siendo juzgados desde el pasado lunes en Asunción.

La matanza desembocó una semana después en un juicio político a Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.

Los terrenos de Marina Cué son llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.

La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.

La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.

El 15 de junio de 2012, más de 300 policías acudieron al lugar a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban estas tierras para pedir que se incluyeran en la reforma agraria.

Durante el desalojo, se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar un saldo de varios heridos. Por las muertes hay doce campesinos imputados, que actualmente enfrentarán juicio oral.

 

Derrumbe en torín: imputan a organizador

El Ministerio Público imputó y pidió prisión preventiva para el organizador del torín en San Ignacio Misiones, Mauro Velázquez, por la caída de la gradería que dejó un total de 114 heridos.

​Según se informó en Telefuturo, este sábado se procedió a la inspección del lugar donde ayer se desplomó una gradería montada para la corrida de toros.

Luego de la verificación in situ la fiscal de San Ignacio, Romy Riveros, decidió imputar al organizador Mauro Velázquez por los hechos punibles contra la seguridad de las personas, frente a riesgos colectivos y actividades peligrosas. Además la agente solicitó al juzgado prisión preventiva para el mismo.

El hecho se registró ayer cerca de las 13:30, en el ruedo instalado en el barrio Loma Clavel. La actividad formaba parte de los festejos patronales de la ciudad de San Ignacio Guasu, departamento de Misiones.

La caída de la improvisada gradería dejó 114 heridos, de las cuales 15 fueron fracturas. Debido a su estado grave dos personas, un niño y un adulto, tuvieron que ser traídos hasta el Centro de Emergencias Médicas, donde siguen internados.

La comisión organizadora de los festejos estuvo encabezada por Velázquez, quien a su vez contrató a la cuadrilla “El Coloso” de Paraguarí para lidiar en el ruedo con los toros y para la animación al conocido locutor Gabriel Gabo.

Tras la desgracia todo quedó suspendido. Incluso las entradas que ya fueron cobrados a los espectadores que ingresaron al redil fueron devueltas.

PARA LA POLICÍA ES UNA PREOCUPACIÓN CONSTANTE

La comisaria Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, indicó a radio Primero de Marzo que este tipo de actividades significan una preocupación constante para las fuerzas del orden.

De acuerdo a Ledesma, es una práctica “normal” que se instalen graderías de forma muy precaria para las fiestas patronales. Lamentó que no se haga un control de la estructura, para saber hasta qué peso aguanta.

Recordó que un hecho similar se había registrado en la ciudad de Yaguarón y agregó que incluso hubo personas que terminaron amputadas.

 

Canoas y refugios, paisaje de barrios inundados

Asunción - Los refugios improvisados, donde se amontonan precarias casas de madera y canoas para trasladarse por las calles, se convirtieron en parte de la vida cotidiana en los barrios de Asunción afectados por la crecida del río Paraguay, que ya desplazó de sus hogares a más de 42.000 personas.


Fuente: EFE

En el Bañado Tacumbú, uno de los barrios ribereños de la capital, el río se adentraó hasta apoderarse de calles enteras, donde el agua alcanzó el techo de las casas y por donde es imposible transitar sin una embarcación.

Es por eso que los pescadores de la zona, que buscan en el río Paraguay el preciado surubí y otras especies menos nobles, se reconvirtieron en taxistas de una ciudad sumergida.

Así ayudan a los vecinos a cruzar el barrio en sus canoas a motor, en las que los niños se trasladan a la escuela y los adultos a sus lugares de trabajo.

Este servicio de transporte supone una fuente de ingresos alternativa en una época en la que, por la crecida del río, no se consiguen capturas de pescado, explicó a Efe Santiago Maciel, representante de la Unión de Pescadores Comerciales y Afines (Unapesca).

Maciel, que nació en el Bañado Tacumbú hace 45 años y vivió siempre en el barrio, aseguró que las crecidas son habituales y se repiten periódicamente desde hace cerca de 16 años, aunque las inundaciones de mayor magnitud se produjeron hace uno, cuando el río rebasó los 7 metros de altura en Asunción y su desborde afectó a unas 200.000 personas en todo el país.

“Inundaciones tenemos todos los años. Y la solución que nos dan desde el Gobierno es que nos traslademos a zonas del interior del país, lejos del río. Pero, si somos pescadores, ¿cómo nos van a alejar de nuestra fuente de empleo? Si nos llevan al interior vamos a engrosar las filas de la pobreza”, expresó.

La Municipalidad de Asunción prevé crear una franja costera que discurra paralela al río Paraguay y actúe como dique de contención ante el desbordamiento del río. Pero para realizar este proyecto, propone el desalojo de los habitantes de los Bañados y su reubicación en viviendas situadas en zonas del Gran Asunción y ciudades del departamento Central, según explican los vecinos.

La alternativa de la reubicación sólo se ha hecho extensiva a unas 110 familias del total de afectados por las inundaciones en Tacumbú, según contó a Efe Patricia Samaniego, que dice llevar dos años refugiada en el cuartel del Regimiento de Infantería 14, un predio militar próximo al Bañado.

El lugar se convirtió en una pequeña ciudad donde se amontonan casas construidas con chapas de madera, en las que los damnificados por las inundaciones han instalado los muebles y objetos que pudieron rescatar de las aguas. Samaniego estima que en el refugio viven cerca de 300 familias, y denuncia que las condiciones de vida en el lugar son “insalubres”.

“Yo tengo seis hijos pequeños, que tengo que vigilar cuando están jugando por la cantidad de basura y de agua sucia que hay. No son condiciones para que viva la gente”, aseguró.

Otros habitantes, aunque lamentan la suciedad, dicen que en el refugio están “tranquilos y alejados del agua”, según manifestó a Efe Deolinda Espínola, de 28 años, que hace tres meses se trasladó al recinto militar con su familia, después de que el río irrumpiese en su casa.

“Acá no hay muchos problemas, de vez en cuando hay alguna riña, porque hay mucha gente en poco espacio. Nos han traído víveres y ropa. No puedo quejarme”, afirmó.

Espínola, quien trabaja como empleada doméstica en una casa cercana, relató que es la segunda vez que tiene que salir de su hogar, puesto que ya el año pasado tuvo que quedarse en el refugio durante casi nueve meses.

“Pierdes tus muebles, se quema tu heladera, tus cosas se estropean… Vuelves a casa y la encuentras sucia, y cuando parece que has acabado por fin de limpiarla, y estás a punto de arrancar de nuevo, el río vuelve a subir. Es una lucha”, explicó.

Agregó que espera que las autoridades le proporcionen una casa que esté por fin a salvo de las aguas, aunque tenga que mudarse lejos de su barrio y de su ciudad.

 

Adolescente es imputado por presunto abuso de un niño

La agente fiscal de Lambaré Gladys González imputó a un menor de 15 años, quien supuestamente agredió sexualmente a un niño de 5 años.

La Fiscalía, a través de la Clínica Forense, realizó los trabajos de rigor e inspeccionó a la víctima encontrando sospechosos rastros de manoseo, según el diagnostico médico.

De acuerdo con los datos, el hecho ocurrió este pasado miércoles 28 de julio en el interior de la vivienda de una niñera en el barrio San Rafael de Lambaré.

En ese sitio reside el presunto agresor, quien habría aprovechado el descuido de la mujer para abusar del niño de 5 años.

Tras imputar al adolescente, la fiscal solicitó la competencia del juez de la Niñez y la Adolescencia Camilo Torres para atender en el caso.