En ese momento, Abdo Bení­tez prometió a sus seguido­res que todos ellos tendrán comunicación fluida con la Presidencia, al menos los que sean dirigen­tes colorados. Hasta resaltó cómo pro­cederá en el caso de que algún ministro no les responda.

Poco después de ganar las elecciones presidenciales, Abdo Benítez comenzó a dar las primeras señales de que volverían los pañuelos rojos a las oficinas estatales. Al cri­terio de idoneidad establecido en la Constitución Nacional como único y esencial requi­sito para acceder a los cargos públicos, Marito le agregó afi­liación, lealtad y pago de favo­res.

Selección de Mario Abdo ¿Primó la lealtad a la Claque?
Ministros designados por el nuevo gobierno están salpicados en hechos de corrupción. #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/cqNSRSUHcj

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) 18 de julio de 2018

A continuación el recopilado dado a conocer por el diario La Nación respecto a los elegidos para integrar el Gabinete de Abdo Benítez.

JUAN ERNESTO VILLAMAYOR

Fue uno de los primeros en ser confirmados para el cargo de minis­tro del Interior. Político vaquiano, imputado dos veces (con sobresei­miento). Villa­mayor, hombre de la “vieja escuela”, volvió a instalarse en la cresta de la ola gracias a la figura de Marito, a quien acompañó como apoderado desde las internas coloradas. Su nombre estuvo implicado en el vaciamiento del extinto Banco Nacional de Trabaja­dores (BNT). Además fue acu­sado, tras el marzo paraguayo, de estar involucrado en dirigir las declaraciones de Gumer­cindo Aguilar en torno a la muerte de Luis María Argaña. Fue diputado colorado arga­ñista en el período 1998-2003. Fue ministro de la Reforma, un cargo extinto, salpicado también por supuestos hechos de corrupción.

LUIS ALBERTO CASTIGLIONI

Ocupará el cargo de canci­ller nacional. Castiglioni, de profesión ingeniero civil, fue vicepresidente de la Repú­blica entre el 2003 y el 2008. Lo vincularon, sin prueba alguna, en licitaciones con el Estado junto a la empresa DC Ingeniería. En el 2007 fue precandidato a presidente de la República y perdió las elec­ciones internas de la ANR con­tra la oficialista Blanca Ove­lar en una reñida contienda. Fue señalado de “traidor” por sus propios correligionarios al mostrarse reacio al abrazo republicano y dar declaracio­nes en contra de la dupla colo­rada el mismo día de las elec­ciones.

CARLA BACIGALUPO

Estará al frente del Ministe­rio de Trabajo. Bacigalupo fue ministra de Justicia durante el gobierno de Horacio Car­tes y fue destituida del cargo por haber protegido al narco­traficante Jarvis Chimenes Pavão, recluido en Tacumbú dentro de un penthouse de lujo, y haberse negado a tras­ladarlo a la Agrupación Espe­cializada. La entonces minis­tra fue cuestionada por un amotinamiento de presos en Tacumbú, en el que un guar­diacárcel resultó con lesión en la cabeza y un incendio que se desató en la principal peni­tenciaría del país, causando seis muertos y varios heridos. Ya fuera del cargo, Carla Bacigalupo militó den­tro de la disidencia colorada y fue can­didata a diputada por Asunción por el movimiento Colorado Añe­tete en las internas.

FELIPE SALOMÓN

Será el ministro de la Juven­tud. Es hijo del político colo­rado Óscar “Cachito” Salomón y la actividad más destacada que tiene en su foja curricu­lar es ser administrador de los moteles de la familia y presidente de la Seccional 1 de San Lorenzo. “Felipito” reempla­zará a Magalí Cáceres al frente de la Secretaría de la Juven­tud, una entidad cuya misión es impulsar, generar, coordi­nar e implementar políticas públicas inclusivas dirigidas a satisfacer necesidades priori­tarias de la población joven del país. En sus primeras declara­ciones a los medios de comunicación, Salomón reivindicó el Servicio Militar Obligatorio (SMO) como una salida para los jóvenes que son adictos a las drogas y enfatizó que su mejor virtud es ser secciona­lero. Fue duramente cuestio­nado por el padre Aldo Trento, quien puso en duda su capaci­dad para el cargo por ser solo un “empresario del sexo”.

DENIS LICHI

Será el próximo ministro de Agri­cultura y Gana­dería. Lichi es un político colorado denun­ciado en el 2008, según la Con­traloría General de la Repú­blica, por un faltante de G. 500 millones cuando se desempe­ñaba como intendente de la ciudad de Arroyos y Esteros, el cargo más relevante que ocupó hasta ahora. Es con­tador de profesión, conocido como productor pecuario y su llegada al cargo tiene señales de pago de favores políticos. La Asociación de Ingenieros Agró­nomos protestó por la designación de Lichi, ya que esperaban que algún técnico del sector, sin conflicto de intereses, sea el designado para ocupar el cargo.

PATRICIA SAMUDIO

Será presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar). Un caso de conflicto de intereses y pago de favores. Según una lista publicada por el Tribu­nal Superior de Justicia Elec­toral (TSJE), Samudio fue la mayor aportante del Par­tido Colorado para las pasa­das elecciones generales. El monto donado asciende a G. 415.650.000.

Samudio, abogada de pro­fesión, proviene del sector que ahora pasará a regular. Se desempeñaba en un alto cargo dentro del emblema Puma Energy.

ARNOLDO WIENS

El ex pastor será ministro de Obras Públicas y Comunica­ciones. Wiens, en cuya hoja de vida figura que es un experto en Teología, se desempeñó como uno de los principales colaboradores y asesores de Marito durante la campaña electoral. En los últimos comi­cios resultó electo parlamen­tario del Mercosur, pero sema­nas atrás renunció antes de jurar a cambio de ocupar un puesto en el gabinete de Abdo. Fue cuestionado porque no posee experiencia en el sector.

NICANOR DUARTE FRUTOS

Fue designado para estar al frente de la Entidad Binacio­nal Yacyretá (EBY). Su nomi­nación es interpretada como un premio “consuelo” a fin de que desista de su pre­tensión de ocupar una banca en el Senado, pese a que fue votado y proclamado como sena­dor activo. El ex presidente de la República (2003-2008) estuvo envuelto en varias denuncias de corrupción. Fue investigado por supuesto enriquecimiento ilícito a partir de su meteórico ascenso econó­mico. Posee una imponente mansión en el barrio Herrera de Asunción, además de estan­cias en el Chaco. La Fiscalía lo sobreseyó. También fue seña­lado por varias investigacio­nes periodísticas por dirigir el desvío de recursos de la Itaipú Binacional de la mano del entonces director, Víctor Bernal, para financiar la cam­paña presidencial de Blanca Ovelar. La Justicia no pudo corroborar nada.

JOSÉ ALBERTO ALDERETE

Será el próximo director de la Itaipú Binacional. Estuvo como consejero del Instituto de Pre­visión Social (IPS) y fue minis­tro de Obras Públicas y Comu­nicaciones durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Lo señalan de haber operado con el ex ministro argentino de Plani­ficación Julio de Vido para diri­gir licitaciones de obras en la Entidad Binacional Yacyretá. Nunca fue procesado. También denuncias periodísticas mos­traron su meteó­rico despegue económico.

GENARO CRISTALDO

Futuro viceminis­tro de Obras. Estuvo envuelto en un escándalo financiero detectado por la Contraloría General de la República (CGR) en el manejo de unos US$ 40 millones de los fondos del Cuarto Proyecto Rural de Suministro de Agua y Sanea­miento, ejecutado por el Ser­vicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependiente del Ministerio de Salud.

El documento de la CGR señala que las deficiencias en la gestión de Senasa, cuyo director era el ingeniero Genaro Cristaldo, se detec­taron en la ineficacia en la planeación y programación. Además, ineficiencia en los procesos de supervisión, control y reajuste ante los defectos de la ejecución y fiscalización tercerizada de las obras. Incumplimiento del marco jurídico administra­tivo atinente al proyecto.

Una comitiva fiscal y policial allanó una metalúrgica, donde supuestamente adulteraban los números de chasis de camiones y semirremolques robados en Brasil. El procedimiento se realizó ayer en la ciudad de Santa Rita, por los agentes del Departamento de Control Automotores de Alto Paraná.

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Asimismo, los intervinientes incautaron varias evidencias y un semirremolque que habría sido hurtado en la ciudad brasileña de Tubarão, estado de Santa Catarina.

El semirremolque hallado en la metalúrgica es de la marca Noma de tres ejes, con el chasis adulterado. Además, se incautaron de varias plaquetas de seguridad presumiblemente apócrifas y documentos de vehículos.

El agente fiscal Alberto Torres, quien encabezó la comitiva, dispuso la incautación del semirremolque, así como de las otras evidencias, además ordenó que los antecedentes sean remitidos a su unidad para la investigación correspondiente.

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El tema saltó al tapete en las últimas horas, tras anuncios de que el importante caudal de armamento, ya había sido entregado a las fuerzas de seguridad interna, para acoplarlo al arsenal que se tiene para el combate al crimen organizado.

Dakovo es hasta la actualidad, la operación más importante que se ejecutó en contra de bandas criminales dedicadas al tráfico internacional de armas, en el que están envueltos e imputados altos exjefes militares, empresarios y funcionarios de la Dirección Nacional de Material Bélico (Dimabel).

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El ala empresarial de la trama estuvo liderada por el empresario argentino Diego Dirisio, quien era proveedor de armas del Ejército paraguayo, pero que utilizaba ese estatus, para realizar contrabando de armas que iban destinadas a los cárteles mafiosos de Brasil, Primer Comando Capital y Comando Vermelho.

La traba que ahora pone el juzgado de la causa para la entrega de las armas a la Policía desató suspicacias en ámbitos del legislativo, en donde señalan que, en momentos de extrema necesidad de dotar recursos a la Policía, se dilata la remisión del arsenal requisado.

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• Por Cinthia Mora

La actual administra­ción de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una audito­ría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes.

La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior. Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligen­cia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la uni­dad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.

En ese sentido, consta en el documento final de la audi­toría, remitido al Ministe­rio Público, el testimonio de la funcionaria Rocío Peña, directora interina de la Direc­ción de Análisis Financiero, quien expresamente señaló lo siguiente: “En la DGAFE accedían funcionarios de otras dependencias de la Seprelad, así como de otras instituciones, principalmente de la Senad quienes se reunían con el entonces director Gui­llermo Preda, René Fernán­dez y Carlos Arregui”.

Testimonio de funcionaria de Seprelad que confirma acceso “liberado” de agentes de la Senad en el periodo de filtración

Estas llamativas reuniones se daban durante el mismo período de tiempo (entre enero y marzo de 2022) en el que funcionaba dentro de la Seprelad una oficina mon­tada exclusivamente para investigar a Horacio Cartes. En esta dependencia “para­lela” a cargo de un funcionario ajeno a la institución, Daniel Farías, quien respondía direc­tamente a las órdenes de Arnaldo Giuzzio, se fraguó un documento secreto que luego sirvió de base para un informe de inteligencia. Según el acta de imputación de la Fiscalía, este informe secreto posee datos falsos y tergiversados usados con el fin de atacar polí­ticamente a Horacio Cartes y Santiago Peña.

Otra funcionaria de la Sepre­lad cuyo testimonio confirma que las unidades de investi­gación, tanto de la Seprelad como de la Senad, operaban de forma “sincronizada” es Liliana López, quien se des­empeñaba como analista senior de la Dirección de Aná­lisis Financiero y Estraté­gico, dependencia que estuvo a cargo de Carmen Pereira y Guillermo Preda durante el período de las filtraciones. La misma manifestó que ingre­saban hasta esa oficina per­sonas extrañas dentro de la UIF (Unidad de investiga­ción Financiera). “Entraban mayormente de la Senad, supongo que con autorización”.

De los testimonios recogidos durante la auditoría interna se desprende que funcionarios ajenos a la institución, espe­cialmente de la Senad, ingresa­ban a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad en el mismo periodo de tiempo en el que se registraron las filtra­ciones de informes y a la par del funcionamiento de una oficina paralela dentro de la institución.

La auditoría interna de Sepre­lad concluye que “durante el período de tiempo, entre los años 2021 y 2022, era habi­tual el ingreso de personas que no contaba con la autoriza­ción debida y sin el acompaña­miento necesario, lo cual cons­tituye una violación de normas institucionales e internaciona­les que establecen restriccio­nes en el acceso a estas áreas”.

El informe de evaluación por parte de Gafilat señalaba res­pecto al ingreso de personas extrañas a esta dependencia de la Seprelad que dentro de la UIF (Unidad de Inteligen­cia Financiera) las áreas que poseen informaciones reser­vadas se tienen que tener acce­sos restringidos al público y solo pueden acceder los fun­cionarios acreditados.

PERSECUCIÓN ARRANCÓ EN SENAD

Audios filtrados de una reu­nión en la Secretaría Anti­drogas (Senad), entre el exmi­nistro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría, revelaron cómo se operaba desde esa ins­titución para forzar la inclu­sión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría regis­trado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en con­tra de Horacio Cartes. Desde noviembre de 2019 se pueden constatar las coinci­dencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo meca­nismo montado, utilizando toda la artillería estatal dis­ponible para perseguir a los enemigos políticos del expre­sidente Abdo Benítez.

Informe de auditoría interna de Seprelad que revela más indicios sobre uso “sincronizado” de unidades de investigación de Senad y Seprelad

IGNORARON RECOMENDACIONES DE GAFILAT

El esquema paralelo que fun­cionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia orga­nización encargada de la eva­luación del cumplimiento de las normas antilavado (Gafi­lat). Sin embargo, la admi­nistración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las adver­tencias y recomendaciones exponiendo al país a even­tuales sanciones.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat), en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor canti­dad de filtraciones de informes confidenciales desde la Sepre­lad, se consignó lo siguiente:

“Respecto del uso de la infor­mación por parte de las auto­ridades destinatarias, (…) pre­ocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inte­ligencia financiera disemina­dos por la Unidad de Inteli­gencia Financiera-UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas comple­tas del informe de inteligencia, y algunos medios han enun­ciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los epi­sodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.