Aníbal Filártiga, director del Hospital del Trauma, resaltó en charla con la 970 AM que los accidentes de tránsito han tenido un aumento impresionante desde el 2005 y 2006, cuando se empezó a vender las motocicletas desde Gs. 1.000 (cuotas por día) y desde que nos “invadieron” los autos vía Chile.

De 200 muertos anuales por accidentes de tránsito que antes se registraban, se pasó a 700 en este momento. De los 400 por vehículos, estamos actualmente en 500. “Se probó que la moto es un arma mortal que mata y deja inválidos. Hay que tener cuidado porque es como vender revólver. Se venden sin cuidado, se debe precautelar de las autoridades y compromiso de los empresarios que hacen buena ganancia con este negocio que es legal”, acotó.

El médico dijo que están en tratativas con la Fiscalía, porque no pueden hacer un estudio de alcohol en grande, sin el permiso del Ministerio Publico. Entonces siempre usamos el “aparentemente en estado etílico” en el informe. “Hay tipos que llegan agresivos, le escupen a la enfermera, le empujan al médico y otros borrachos que te muestran su baja, te muestran quién es”, refirió.

El gasto del Estado, teniendo en cuesta todos los factores, es de 100 millones de dólares al año fácilmente en gastos por accidentes de tránsito, de acuerdo con Filártiga, quien dijo que el problema no debe ser la fuente de financiamiento, sino que se deben disminuir los eventos que protagonizan personas irresponsables, en su mayoría.

“Acá no se castiga a los infractores, entonces todo el mundo sigue haciendo lo que quiere. La gente no va a entender con campañas, acá hay que sancionar al infractor. El otro día se enojó una senadora porque tenía esposado a un tipo en terapia intensiva y cómo no lo voy a esposar si mató a cuatro personas y cada vez que se despertaba le daba un sopapo a la pobre enfermera. Le dije: ‘Me chupa un huevo los DD.HH. Acá se hace lo que yo digo’. Nuestra democracia es renga, dirigida y liderada por ciertos políticos”, subrayó el titular del Trauma.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.