La Cámara de Senadores dio entrada al proyecto por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional.

Bernardo Rojas, presidente de la CUT-A. (Central Unitario de Trabajadores – Auténtica), señaló que, bajo el acuerdo de todos los involucrados, se incorporó la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social tripartito y equitativo, en el que van a participar trabajadores, jubilados, empresarios y el Gobierno.

“Este consejo va a elaborar las políticas generales de la seguridad social que tiene que regir en el país. Ahí manifestamos que las cajas deben mantener su autonomía. Lo que el Gobierno quiere o nosotros entendemos es que, las cajas de jubilación, algunas son deficitarias o no funcionan o están al borde de la quiebra, pero nosotros manifestamos que es el Consejo el que va a manejar y va a tener un superintendente que va a estar regido por el Consejo”, expresó Rojas, en una entrevista con radio Universo 970 AM- Nación Media.

Aseguró que, el IPS no perderá su autonomía y que, el Consejo no podrá dictarle cómo ni dónde invertir sus recursos. Sin embargo, ciertos sectores cuestionan los artículos 11 y 12 en relación al uso y el destino de los fondos de las cajas, además de la posibilidad de que los inmuebles sean objeto de subasta pública.

Artículo 11. Régimen de inversiones. Las EJP deberán cumplir sus funciones de gestión de inversiones, utilizando conceptos de manejo de riesgos basados en la diversificación y la gestión de activos tal que satisfaga las obligaciones derivadas del pasivo protegiendo los intereses de los afiliados.

Las EJP solo podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en:

1. a) Instrumentos emitidos o garantizados por bancos y por instituciones financieras regidas por la Le 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito” y sus modificaciones.
2. b) Bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay, registrados en la Superintendencia de Valores.
3. c) Acciones de sociedades anónimas de capital abierto.
4. d) Cuotas de participación en fondos de inversión y fondos mutuos regidos por la Ley N° 5452/15 regula los Fondos Patrimoniales de Inversión”.
5. e) Créditos y préstamos hipotecarios otorgados a los afiliados activos, jubilados y pensionados de la respectiva EJP y a los afiliados empleados de la misma, cuando estuvieran previstas en sus respectivas cartas orgánicas y estatutos sociales.

Inversiones inmobiliarias.

1. g) Otros activos, nacionales o extranjeros, que autorice la Superintendencia, siguiendo criterios prudenciales

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Con base en los principios prudenciales de seguridad, liquidez y rentabilidad, la Superintendencia establece por reglamentación, los límites por tipo de activos y por tipo de emisor, como porcentaje del fondo a aplicarse a la inversión. Los limites pueden, además, incluir parámetros relacionados con el patrimonio o el pasivo de emisor. Así también, establecerá las condiciones de elegibilidad para todos los tipos de activos

Los límites de inversión podrán hacer distinciones en cuanto a fondos de entidades públicas y privadas, atendiendo la naturaleza y características de los planes de beneficios que ellos contemplen.

Los fondos de las entidades de jubilaciones y pensiones no estarán sujetos a montos o porcentajes mínimos de inversión en ningún activo o emisor

Artículo 12.-Inmuebles. Las EJP ( Entidades de Jubilaciones y Pensiones,) podrán aceptar inmuebles como parte del recupero de inversiones siempre que reúnan los requisitos que la Superintendencia establezca. En este caso, la misma podrá autorizar a las mismas excederse en el límite máximo establecido y aprobar un plan de ajuste a dicho límite.

La Superintendencia dictará el reglamento para las inversiones en inmuebles, con aprobación del Consejo de Seguridad Social. El mismo deberá incorporar, entre otras cosas, los límites máximos para inversión en este tipo de activos, así como categorías de inmuebles susceptibles de inversión de acuerdo a criterios objetivos de rentabilidad. Asimismo, deberá prever el envío de informes periódicos sobre las condiciones y tasaciones de estos activos.

Los inmuebles que formen parte del patrimonio de una EJP podrán ser enajenados mediante mecanismos de subasta pública, que serán reglamentados por la Superintendencia.

Las tasaciones o valuaciones de los inmuebles existentes y/o a ser adquiridos o adjudicados deberán ser realizadas por tasadores o valuadores financieros inscriptos en la Superintendencia, de acuerdo con la reglamentación.

Las enajenaciones de inmuebles e inversiones inmobiliarias serán autorizadas por la máxima autoridad de la EJP, como ser el consejo de administración o el órgano directivo, para cada caso. Los miembros de dichos órganos serán personal, ilimitada y solidariamente responsables, conforme a las leyes civiles y penales, en caso de registrarse perjuicios patrimoniales. Las inversiones inmobiliarias se realizarán solamente en caso de clara conveniencia económica para la EJP.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.