El titular de Capasu, Alberto Sborovsky, indicó que la modalidad se viene aplicando con efectividad en el sector.

“Por una cuestión de buena práctica, preferimos que cada local haga sus negociaciones”, declaró Sborovsky.

Explicó que dejar atrás el combo, como paquete consensuado entre los asociados, es suspender un proyecto que tuvo su relevancia, pero que ahora requiere alternativa.

Sobre la percepción de los supermercadistas respecto a la situación del país, el empresario dijo que su visión personal es que el nuevo año puede traer importantes novedades e instó a estar atentos.

“El año que viene se proyecta un año con un crecimiento y un rebote. Será un año de recuperación. De qué manera nos recuperamos, dependerán de las políticas públicas para que permee en todos los sectores”, expresó.

La normativa busca introducir mayores controles y garantías en los procesos judiciales vinculados a reclamos de deudas, estableciendo que los documentos originales deberán permanecer bajo custodia del juzgado mientras dure el litigio.

Esto significa que, cuando un acreedor presente un pagaré o cheque para demandar judicialmente el cobro de una deuda, el documento físico quedará depositado en la secretaría judicial hasta la finalización del proceso.

El diputado Héctor Figueredo, presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, explicó que el objetivo es asegurar que el título de crédito permanezca plenamente identificado como objeto de un reclamo judicial.

“El título de crédito debe estar siempre custodiado, ya sea a través de su inmovilización física o de otro mecanismo que permita identificar el hecho fundamental de que el título en cuestión es objeto de reclamo judicial”, expresó.

La ley también incorpora la posibilidad de que el acreedor conserve físicamente el documento bajo la figura de “depositario judicial”. En esos casos, el juzgado realizará una anotación oficial en el pagaré o cheque dejando constancia de que se encuentra sometido a un proceso judicial.

Sin embargo, el acreedor tendrá la obligación de presentar el documento cuando sea requerido por el juzgado. El incumplimiento podrá derivar en un caso de quebrantamiento de depósito, con eventuales consecuencias penales.

Otro aspecto destacado es que el deudor tendrá derecho a recuperar el documento original una vez cancelada la deuda, una disposición ya contemplada en el Código Civil, aunque con dificultades en su aplicación práctica dentro del sistema judicial.

Por su parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño, titular de la Comisión de Legislación y Codificación, señaló que el proyecto apunta a fortalecer la trazabilidad y transparencia en los juicios ejecutivos.

Asimismo, indicó que la normativa incorpora actualizaciones procesales vinculadas al uso de herramientas digitales, como notificaciones electrónicas, verificación de firmas electrónicas y reconocimiento de títulos ejecutivos digitales.

Con la sanción parlamentaria, el proyecto queda ahora pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Los mellizos, un niño y una niña, fueron rescatados inconscientes por un tío quien los derivó de inmediato al centro asistencial.

Según el reporte, los síntomas de los menores eran de intoxicación, pero marcadamente distintos debido a las diferentes sustancias que ingirieron.

El niño ingresó a la urgencia presentando un cuadro severo de agitación, midriasis, taquicardia y una sudoración profusa, efectos relacionados con el consumo de cocaína. Por su parte, la niña ingresó en un estado de sedación profunda, provocado por la ingesta de un potente ansiolítico.

Los allegados de los mellizos señalaron de forma directa al padre de los niños como el presunto responsable de haberles suministrado las sustancias. De acuerdo con los testimonios, el hombre se encuentra atravesando por un cuadro depresivo severo.

El comisario Francisco López, subjefe de la Cría. 4ta. de Capitán Bado, comentó a la radio Universo 970/Nación Media que el padre acudió a la escuela para retirar a los pequeños. pero nunca los llevó a casa. La madre acudió a la comisaría para radicar la denuncia por desaparición.

El hombre había trasladado a los niños hasta una vivienda rural y posteriormente, se adentró con ellos en una zona boscosa donde los dejó abandonados e inconscientes.

Fue detenido horas más tarde y puesto a disposición del Ministerio Público.

La propuesta tiene como objetivo declarar en emergencia al departamento chaqueño debido a las graves consecuencias generadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas recientemente en la zona.

Según la exposición de motivos, pobladores de comunidades como Toro Pampa, María Auxiliadora, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Puerto Casado y Carmelo Peralta manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de transitar con normalidad por el severo deterioro de los caminos de tierra.

Los habitantes denuncian que numerosos tramos se encuentran prácticamente intransitables, provocando el aislamiento de comunidades enteras.

El diputado Miguel Del Puerto fundamentó su respaldo a la iniciativa y señaló que la situación compromete seriamente el acceso a servicios básicos esenciales como salud, educación, alimentación, combustibles e insumos.

“Esta problemática afecta directamente la calidad de vida de la población y limita el desarrollo económico y social de la región”, expresó el legislador.

Asimismo, indicó que el proyecto busca habilitar mecanismos administrativos y presupuestarios urgentes para asistir a las comunidades afectadas y poner en marcha obras viales estructurales que permitan terminar con el aislamiento crónico de la zona.

Debido a que el documento no contaba con dictamen de comisiones asesoras, el pleno de Diputados se constituyó en comisión y emitió dictamen favorable.

Tras recibir apoyo unánime, el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento correspondiente.

La iniciativa apunta principalmente a priorizar obras de infraestructura vial, especialmente la construcción de caminos de todo tiempo que permitan garantizar la circulación permanente, independientemente de las condiciones climáticas.

El documento también sostiene que la falta de conectividad en amplias zonas del Chaco profundo constituye una deuda histórica del Estado con estas comunidades, cuyos habitantes enfrentan constantemente situaciones de aislamiento que incluso pueden poner en riesgo vidas ante emergencias médicas u otras urgencias.