A través de un pronunciamiento dado a conocer este lunes, Serpaj sentó postura respecto a la nueva denuncia de maltratos físicos en la esfera castrense, específicamente en el Liceo Militar “Acosta Ñu” – LICEMIL.

Bajo el título “Nuevos casos de Torturas, viejas prácticas en las FF.AA.”, la organización de derechos humanos lamentó lo ocurrido a tres cadetes menores de edad que actualmente cursan el 2º Año de la Media en dicha institución.

Según refiere en el comunicado, estos hechos pueden ser considerados como “prácticas de torturas en contra de jóvenes que por algún motivo se inscriben en sus filas”.

“Nos preocupa de sobremanera que los hechos denunciados podrían ser tipificados como tratos crueles, inhumanos o degradantes, se dan en el lugar donde se instruye a jóvenes a ser bachilleres y graduarse de Subtenientes de Reserva”, señala el texto.

Natalia Rodríguez, asesora jurídica de Serpaj, en entrevista con HOY manifestó que se hicieron eco de la denuncia a través de las publicaciones periodísticas y posteriormente pudieron ponerse en contacto con los familiares de los estudiantes afectados.

De acuerdo a lo que los mismos habían manifestado, la agresión se dio por parte de un cadete de un curso superior (3º año) que los habría golpeado en la planta de los pies con un palo, hecho que les provocó diversos hematomas en esa zona del cuerpo.

Las familias están analizando qué acciones tomar respecto a este hecho, según indicó Rodríguez, por lo que no se descarta la eventual presentación de una demanda o una denuncia penal.

“Como una organización abocada a la sensibilización de la población sobre la cultura de paz ya la no violencia activa planteamos el abolicionismo de las Fuerzas Armadas. No estamos de acuerdo en las condiciones en que se da este reclutamiento de jóvenes que en muchos casos se da de manera forzosa. Creemos que deben existir políticas públicas adecuadas para evitar que esto se vea como una solución, esto no soluciona ni el problema del desempleo ni de la falta de acceso a la educación”, expresó.

De igual manera, desde Serpaj también están analizando la posibilidad de acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este y otros casos similares de maltratos a menores de edad en cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio y que fueron registrándose en el transcurso de los últimos años.

La organización de derechos humanos exige a las autoridades del Liceo Militar “Acosta Ñu” que ordenen unainvestigación a fondo de lo ocurrido, de manera a sancionar a los responsables y que se tomen los recaudos para evitar que hechos como este se repitan.

Asimismo, pide a la Fiscalía que pueda actuar de oficio para poder esclarecer los hechos de tortura a los que habrían sido sometidos los denunciantes y a otras instituciones como el Poder Judicial, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que puedan realizar las averiguaciones pertinentes y dar seguimiento a la denuncia.

Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.