Viceministro cuestiona “ánimo” de quienes piden información pública y oculta destino de US$ 130 millones

El viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Miguel Martin, fue objeto de cuestionamientos luego de pedir explicaciones a un solicitante de información pública, quien solicitó documentaciones sobre el proyecto de la Agenda Digital. De acuerdo a la ley, ninguna persona tiene la necesidad de justificar las razones por las que formula su pedido.

En la jornada de ayer se generó un intenso debate entre el desarrollador de software Matías Insaurralde, el viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Miguel Martin, junto con varios periodistas y referentes del acceso a la información pública.

La discusión en Twitter se centró en un pedido realizado por Insaurralde para obtener detalles pormenorizados sobre el préstamo de US$ 130 millones otorgado por el BID para el Programa de Apoyo a la Agenda Digital del Minis­terio de Tecnologías de la Información y la Comu­nicación (Mitic).

En uno de sus tweets (que posteriormente fue eliminado), el viceministro Martin había expresado cuanto sigue: “Lo que se solicitó fue contestado porque hay que hacerlo. Igualmente quiero conocer cuál es el ánimo de quienes nos solicitan…van a aportar?El espacio está abierto para hacerlo…o pretenden simplemente buscar lo negativo de lo que se pretende hacer como gobierno?”.

Esta respuesta fue duramente cuestionada por el hecho de que, a prima fácil, podría considerarse como un pedido de explicaciones sobre los motivos que lo llevan a intentar acceder a información pública sobre el proyecto en cuestión.

En entrevista con la 970 AM, Insaurralde sostuvo que hay varios proyectos interesantes dentro de esta iniciativa de Agenda Digital pero la forma en la que se proyectó todo fue bastante rápida, por lo que no hubo tiempo de implicar a la comunidad de programadores y desarrolladores en la discusión, hecho que le parece “un poco dudoso”.

Según detalló, la información que le brindaron hasta ahora es insuficiente y se trata “solo de un pantallazo”, principalmente por el hecho de que existen varias documentaciones que siguen sin ser publicadas en la página del Mitic y en otras plataformas.

Ezequiel Santagada, experto en Acceso a la Información Pública, mencionó que el Art. 4 de la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” establece que ninguna persona que solicite este tipo de información tendrá la necesidad de justificar las razones por las que formula su pedido.

Teniendo en cuenta este aspecto, consideró que el hecho de que un viceministro del Poder Ejecutivo esté preguntando algo así puede llegar a considerarse como ilegal porque la propia ley los exime de explicar los motivos.

A su criterio, aún falta trabajar mucho sobre la cultura de la transparencia a nivel de instituciones públicas. “La transparencia parece ser un discurso que queda bien en boca de autoridades pero que duele en el momento en el que toca materializarla”, afirmó.

Según Santagada, muchas autoridades no se dan cuenta que una respuesta de este tipo puede generar la sensación de amedrentamiento a solicitantes de acceso a la información pública y, en ciertos casos, inclusive podría inhibir a más de una persona de hacer un pedido similar.

Destacó que, pese a todo el debate generado, el viceministro Martin de alguna u otra manera reconoció sus poco afortunadas expresiones y se mostró abierto a mostrar las documentaciones requeridas.

Peña reglamenta ley que crea el Sistema Nacional de Investigadores

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto por el cual se reglamenta la Ley Nº 7064/2023, “Que crea el Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) y establece la carrera del investigador científico”. Para muchos significa un gran paso hacia un desarrollo de la ciencia en Paraguay.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

Allanan planta transmisora ilegal y requisan equipos

Una comitiva fiscal allanó una planta transmisora en Juan León Mallorquín por operar ilegalmente.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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Más de 2.200 familias afectadas por inundaciones

Hasta el momento se contabilizan 2.268 familias afectadas por inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas en territorio nacional, según el Centro Nacional de Información y Vigilancia de Salud.

La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.