A través de un posteo en su cuenta de Facebook, el viceministro Julio Rolón “festejó” que Salud Pública haya recuperado el 100% de lo que se había dado como anticipo a las empresas Imedic y Eurotec, integrantes del clan Ferreira, monto que asciende a 17 mil millones de guaraníes, y también la multa por el incumplimiento del contrato por valor de 8 mil millones de guaraníes, tras la fallida compra de insumos médicos para el combate de la pandemia.

La autoridad sanitaria recordó que “muchos utilizaron la fallida compra para acusar, desacreditar, mentir, inventar, agredir, ofender, alentar a la rebeldía sanitaria, etc etc. Sirvió para que algunos politiquillos tengan su minuto de fama o pronuncien discursos grandilocuentes”.

Sin embargo, el viceministro de Salud Pública evitó mencionar que fueron los funcionarios de esa institución los encargados de hacer una llamativa contratación a dichas empresas. La adjudicación estuvo plagada de irregularidades y el caso quedó en evidencias solo al publicarse en los medios de prensa.

Una de las legisladoras que tomó intervención en esta compra fue la diputada Kattya González, quien en entrevista con la radio 650 AM cuestionó la actitud de Rolón.

“Estuvo leyendo el posteo del viceministro Julio Rolón y no se puede ser más desubicado. Parece que no entiende que el rol sanitario está lejos de las políticas de seccionales. El hecho que se haya recuperado el dinero pagado era lo menos que se podía hacer. El daño patrimonial no se circunscribe solamente a ese anticipo. Nosotros vamos a seguir controlándolos. Estas críticas nos fortalecen”, lanzó.

González mencionó que ahora hay que redoblar esfuerzos porque el Gobierno “ya no nos cuidó en su momento con las compras irregulares realizadas y está visto que no nos va a cuidar. Me indigna como paraguaya que nuestras autoridades sean tan pacatas”.

LA GRAN ESTAFA

Las empresas de Justo Ferreira son investigadas por varios delitos por el caso de las fallidas compras de insumos chinos.

El fiscal Legal imputó a Justo Ferreira, su hija Patricia, el despachante de Aduanas Carlos Gamarra, la agente de Transporte Lauri Pohl, el administrador de Aduanas Guillermo Molinas y los señores Gustavo Acosta y Mario Olmedo por contrabando, aunque cuenta con los elementos para hacerlo también por tentativa de estafa, perjuicio al Estado y falsificación de marcas.

Esto fue tras la denuncia presentada por el Ministerio de Salud, en base al informe de la Comisión Especial de Supervisión de Compras que detectó unas alevosas alteraciones realizadas a las características consignadas en los envoltorios y cajas de las mascarillas entre su depósito en el Aeropuerto Silvio Pettirossi y su verificación en el Parque Sanitario del ministerio.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.