Vulneraron decreto al fraguar datos de personal de limpieza en IPS

El Formulario de Identificación Personal que presentaron los proveedores de limpieza de la previsional y en el que figuran nombres de personas que nada tienen que ver con el servicio, es un documento clave en la ejecución del contrato. Fue incorporado por decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas, aprobado en el 2016 y compromete seriamente a la entidad convocante porque esta es la que debiera controlar la nómina de los asignados para el trabajo.


Fuente: La Nación

¿Qué es el For­mulario de Identifica­ción Personal (FIP) en el que el empresario amigo del vice­presidente, Alberto Palumbo, conocido como “Pulpo” por acaparar licitaciones, hizo figurar nombres de personas que nada tienen que ver con la prestación de servicios de lim­pieza en el Instituto de Previ­sión Social (IPS)?

El FIP es un documento incor­porado en las contratacio­nes de servicios a través del Decreto Nº 6.121/2016, por el cual se reglamenta el inciso K) del artículo 40 de la Ley 2051/2003 de Contratacio­nes Públicas. Es decir, es una declaración del personal de las empresas contratistas que está vinculado a un contrato pun­tual, en este caso al de IPS.

Decreto 6.121/2016 por el cual rige el FIP y FIS, el primero es la declaración del personal destinado para la prestación del servicio y el segundo es para registrar los trabajos realizados, por quién y dónde.
Decreto 6.121/2016 por el cual rige el FIP y FIS, el primero es la declaración del personal destinado para la prestación del servicio y el segundo es para registrar los trabajos realizados, por quién y dónde.

Esto significa que lo ocurrido en el IPS con la declaración de personal en prestación de servicio de limpieza es graví­simo, puesto que se detectaron nombres de funcionarios que no están en las empresas de los proveedores. Principalmente, trascendieron varios emplea­dos “mau” en nómina presen­tada por Potî S.A y Alberto Palumbo como firma uniper­sonal. Mientras que el otro adjudicado, Cevima SA, apa­rece con listado de personas jubiladas, con menos meses de aportes en el IPS que lo estable­cido en el contrato y también algunos funcionarios públi­cos, etc.

De forma clara, el inciso a) del artículo 2do. del Decreto Reglamentario señala que se presenta “el FIP, conforme con el formato y contenido previs­tos en el Anexo I, para regis­trar los datos de las personas físicas por medio de las cuales los proveedores y contratistas ejecutarán el contrato, respec­tivamente”. En otras palabras, es el listado de las personas que prestarán el servicio en deter­minada adjudicación.

Doña Miguelina Brítez era la cocinera de la familia Palumbo, pero aparece como personal de limpieza vinculado al contrato con IPS.
Doña Miguelina Brítez era la cocinera de la familia Palumbo, pero aparece como personal de limpieza vinculado al contrato con IPS.

“Básicamente es decir estos son mis empleados que yo des­tino para este trabajo. Y en teo­ría lo que buscaba también el IPS era poder analizar si yo soy quien está prestando servicio en este mismo horario, en este mismo lugar, no puedo estar cumpliendo en otro lugar, no me puedo teletransportar”, sostuvo Liz Centurión, direc­tora de Gestiones y Capacita­ción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en cuya área está el Registro de Proveedores.

“Este formulario de identifica­ción nace de la necesidad que se tenía de controlar quiénes son los empleados que están trabajando directamente en la ejecución de este contrato que tiene la empresa contra­tista. Porque muchas de estas empresas lo que hacen es decla­rar que tienen 5 empleados en IPS, pero al final tiene 5 contra­tos vigentes. Entonces lo que pasaba era que al sumar la tota­lidad de empleados que debe­rían estar cubriendo esos pues­tos en cada contrato sumaban 100, pero ellos figuraban como que estaban al día con sus apor­tes con el IPS porque pagaban por 5. La idea era cruzar esa información y ver quiénes son los empleados que están ahí y si están o no inscriptos en el IPS. Este decreto es del 2016 y lo que exige a la DNCP es disponibi­lizar un sistema que está vin­culado al contrato. Entonces lo que desarrollamos a nivel informático, como uno puede ver el historial de adjudicación del proveedor, es quiénes son los empleados de mi empresa que están trabajando, o sea esa es la finalidad para verifi­car la trazabilidad de la infor­mación”, explicó Centurión.

Profesor Arnaldo Sosa, educador con 96 meses de aporte en IPS como docente del MEC, figura en plantel presentado para limpiar la previsional.
Profesor Arnaldo Sosa, educador con 96 meses de aporte en IPS como docente del MEC, figura en plantel presentado para limpiar la previsional.

La funcionaria de la DNCP también dejó bien en claro que es el IPS el encargado de recepcionar dicho formulario y este documento es clave para el proceso de pago del servicio. “La entidad que se encarga es el IPS, obviamente, pero lo que nosotros pusimos es la vincu­lación al contrato, entonces el decreto lo que establece es que la convocante le pide al provee­dor que una vez que firmen contrato declaren quiénes son las personas que van a traba­jar en esa institución. Princi­palmente porque se tiene que identificar a las personas que van a ingresar dentro de las oficinas públicas. O sea que, si yo estoy haciendo un con­trato de seguridad, por ejem­plo, quiero que me digas con nombre y apellido, número de cédula quiénes son los guar­dias que van a venir a prestar servicios dentro de mi insti­tución”.

Las contundentes explica­ciones de la funcionaria de la DNCP comprometen seria­mente tanto al IPS como al proveedor, ya que refiere el valor del FIP como declara­ción de las personas contrata­das para el cumplimiento de los contratos adjudicados, que en el caso de la previsional fue por G. 73.364 millones entre tres empresas.

Ingue Liese Lotte Zulck Pet Zoldt, una señora que falleció hace 10 años en Piribebuy, también presentada como empleada vinculada al contrato.
Ingue Liese Lotte Zulck Pet Zoldt, una señora que falleció hace 10 años en Piribebuy, también presentada como empleada vinculada al contrato.

Sin embargo, en los FIP pre­sentados por Palumbo apa­recen funcionarios de Salud, docentes que jamás han traba­jado en sus empresas. Nuestro diario incluso publicó el nom­bre de una persona fallecida que figura como personal vin­culado al contrato con IPS.

Existe también un Formulario de Informe de Servicios Per­sonales (FIS), que rige por el mismo decreto del 2016 y que es para registrar los datos de los servicios prestados por cada persona física que con­forma el personal, esto siem­pre conforme al FIP; es decir, con base en la declaración de las identidades de los presta­dores vinculados al contrato.

BATAGLIA REMITIÓ MARCACIONES

Vicente Bataglia.
Vicente Bataglia.

Tras desentenderse de la primera solicitud de información que enviamos para acceder al listado de personal de limpieza del pro­veedor favorito de la previsional y luego del escándalo generado con los casos de limpiadores “mau”, el presidente del IPS, Vicente Bata­glia, remitió una nómina corres­pondiente al mes de enero de este año. Así también desde la oficina de Transparencia enviaron las mar­caciones de los subcontratados en la prestación del servicio.

Pudimos ver que varios de los que figuraban en las planillas del FIP, desaparecieron del documento Excel que nos proveyeron. Cabe recordar que el IPS tiene encima una investigación por parte de la DNCP, ente regulador de compras públicas cuyas pri­meras diligencias se enfocan en el control que realizó la convo­cante al momento de velar por la ejecución del contrato.

MRA: cuestionan aprobación de ejecución presupuestaria de intendenta liberal

El concejal colorado Edgar Martínez cuestionó la aprobación de la ejecución presupuestaria de la intendenta liberal de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda.

“La Junta Municipal aprobó de forma irregular la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta Carolina Aranda, es una bofetada a la gente”, manifestó el concejal Edgar Martínez (ANR-HC), quien se opuso al dictamen de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 que fue tratado y aprobado ayer por el Pleno de concejales de dicha ciudad. Dijo que está evaluando pedir la intervención de la Contraloría.

Martínez, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que por tercer año consecutivo su postura fue por el rechazo de la ejecución presupuestaria de la intendenta Aranda y cuestionó durante la sesión de ayer por el procedimiento “a tambor batiente” con el que se trató y aprobó la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta liberal Carolina Aranda.

Puntualizó falta de transparencia y un “sospechoso” apuro por la aprobación, ya que no fue estudiado ni analizado por la Comisión de Hacienda ni por los concejales.

“La Comisión no me ha convocado para ninguna reunión para hacer el estudio y análisis de esta ejecución presupuestaria 2023, para mí es demasiado importante que esto se estudie de forma responsable, de forma madura y no presentar hoy un dictamen como si fuese que somos pelotudos acá en esta Junta”, cuestionó Martínez.

Agregó durante la sesión que “he solicitado en sesión ordinaria la copia de la ejecución presupuestaria en tiempo y forma, la cual no se me concedió, entonces, yo quiero dejar en claro y que conste que para mí este dictamen se ha hecho de forma irregular, de forma irresponsable. Es como darle una bofetada a toda la ciudadanía y para mí, especialmente como contralor, no voy a acompañar este tipo de procedimientos. Y yo les pregunto a los colegas, estamos los doce colegas. ¿Quién recibió el dictamen de la Ejecución Presupuestaria? Yo soy parte de la Comisión de Hacienda, por la cual usted presidente tiene la obligación de convocar a los miembros para hacer el estudio y el análisis de esta red de dictamen”.

El concejal lamentó el estado actual de la ciudad, que carece de inversiones como desagües pluviales y cloacales, calles en mal estado y espacios públicos en una situación calamitosa, con una ejecución presupuestaria poco transparente e irregular.

Comentó que está estudiando con su equipo la posibilidad de un pedido de intervención de la Contraloría General de la República para auditar la gestión de la intendenta liberal.

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Tribunal confirma desvinculación de médicos en muerte de Renato

Tres de los doctores investigados por la muerte del niño Renato, quien, según su familia murió por negligencia médica y omisión de auxilio, fueron sobreseídos de forma definitiva. La decisión la confirmó un Tribunal de Apelación. Continúa acusada una pediatra.

La resolución del juez penal de Garantías, Yoan Paul López, respecto al sobreseimiento definitivo de los médicos María de Fátima Bastos, José Ovando y Óscar Cabrera en la causa que los investigaba por omisión de auxilio en la muerte de niño Renato, fue ratificada hoy por el Tribunal de Apelación.

La decisión se conoce, luego de que la familia de la víctima presentara una apelación contra lo resuelto por el magistrado.

La investigación del Ministerio Público concluyó que estos profesionales no tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de Renato, por lo cual, la propia Fiscalía pidió desvincular del caso a los médicos.

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A este planteamiento hizo lugar el juez López, tras lo cual, la querella presentó la apelación que finalmente fue rechazada, ratificando la decisión inicial.

Este nuevo revés de la familia del niño solamente deja una última ventana de oportunidad: la de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. De proceder a la acción, la Sala Penal será la que responda.

Por el caso continúa procesada la pediatra Laura Sena, quien está acusada de homicidio culposo, ya que fue la que atendió al bebé.

Renato Talavera falleció en el 2019, a los dos años de edad en el sanatorio Migone, a donde lo llevaron de urgencias por un cuadro febril y tos, síntomas que se complicaron y le provocaron la muerte.

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Concepción- Pozo Colorado: en mayo esperan licitar obras inconclusas del tramo

Claudia Centurión, ministra del MOPC, anunció que para mayo próximo se espera sacar la nueva licitación de obras del trayecto inconcluso de la ruta PY05 que une las ciudades de Pozo Colorado- Concepción.

Lo hizo durante el recorrido técnico que realizó la titular con su equipo en dicha zona. En ese sentido, señaló que se está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Economía y con expertos de la ingeniería vial de nuestro país y que, en este momento, todo el equipo del MOPC está abocado en el proyecto.

“Este es un proceso que fue rescindido al inicio de nuestra gestión y ahora estamos ya enfocados en poder retomar rápidamente esta ruta y que sea una realidad para todas las personas del norte del país. Estoy muy confiada que vamos a tener un proceso exitoso”, aseveró al tiempo de puntualizar que la financiación provendría del mismo crédito, es decir, el remanente que quedó.

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Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce indicó que ya se está trabajando en el nuevo llamado y que se espera que para el mes de mayo se pueda levantar de nuevo en el portal de Contrataciones Públicas “para dar al pueblo concepcionero una solución definitiva a este problema”.

Según el viceministro, son cerca de 90 km los que serían intervenidos de manera a completar lo que falta de la ruta entre la ciudad de Concepción y el Lote 1 (concluido) que llega a Pozo Colorado.

Mientras tanto, avanza el mejoramiento de un tramo de 6 km desde la cabecera del puente Nanawa hasta la rotonda 2 de mayo, un sector que también quedó abandonado tras la rescisión del contrato.

Cabe recordar que este proyecto fue licitado en tres lotes bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema). De estos tres, solo el Lote 1 concluyó exitosamente, siendo el organismo financiador el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de hasta USD 100 millones.