Vulneraron decreto al fraguar datos de personal de limpieza en IPS
El Formulario de Identificación Personal que presentaron los proveedores de limpieza de la previsional y en el que figuran nombres de personas que nada tienen que ver con el servicio, es un documento clave en la ejecución del contrato. Fue incorporado por decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas, aprobado en el 2016 y compromete seriamente a la entidad convocante porque esta es la que debiera controlar la nómina de los asignados para el trabajo.
Fuente: La Nación
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
¿Qué es el Formulario de Identificación Personal (FIP) en el que el empresario amigo del vicepresidente, Alberto Palumbo, conocido como “Pulpo” por acaparar licitaciones, hizo figurar nombres de personas que nada tienen que ver con la prestación de servicios de limpieza en el Instituto de Previsión Social (IPS)?
El FIP es un documento incorporado en las contrataciones de servicios a través del Decreto Nº 6.121/2016, por el cual se reglamenta el inciso K) del artículo 40 de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas. Es decir, es una declaración del personal de las empresas contratistas que está vinculado a un contrato puntual, en este caso al de IPS.
Esto significa que lo ocurrido en el IPS con la declaración de personal en prestación de servicio de limpieza es gravísimo, puesto que se detectaron nombres de funcionarios que no están en las empresas de los proveedores. Principalmente, trascendieron varios empleados “mau” en nómina presentada por Potî S.A y Alberto Palumbo como firma unipersonal. Mientras que el otro adjudicado, Cevima SA, aparece con listado de personas jubiladas, con menos meses de aportes en el IPS que lo establecido en el contrato y también algunos funcionarios públicos, etc.
De forma clara, el inciso a) del artículo 2do. del Decreto Reglamentario señala que se presenta “el FIP, conforme con el formato y contenido previstos en el Anexo I, para registrar los datos de las personas físicas por medio de las cuales los proveedores y contratistas ejecutarán el contrato, respectivamente”. En otras palabras, es el listado de las personas que prestarán el servicio en determinada adjudicación.
“Básicamente es decir estos son mis empleados que yo destino para este trabajo. Y en teoría lo que buscaba también el IPS era poder analizar si yo soy quien está prestando servicio en este mismo horario, en este mismo lugar, no puedo estar cumpliendo en otro lugar, no me puedo teletransportar”, sostuvo Liz Centurión, directora de Gestiones y Capacitación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en cuya área está el Registro de Proveedores.
“Este formulario de identificación nace de la necesidad que se tenía de controlar quiénes son los empleados que están trabajando directamente en la ejecución de este contrato que tiene la empresa contratista. Porque muchas de estas empresas lo que hacen es declarar que tienen 5 empleados en IPS, pero al final tiene 5 contratos vigentes. Entonces lo que pasaba era que al sumar la totalidad de empleados que deberían estar cubriendo esos puestos en cada contrato sumaban 100, pero ellos figuraban como que estaban al día con sus aportes con el IPS porque pagaban por 5. La idea era cruzar esa información y ver quiénes son los empleados que están ahí y si están o no inscriptos en el IPS. Este decreto es del 2016 y lo que exige a la DNCP es disponibilizar un sistema que está vinculado al contrato. Entonces lo que desarrollamos a nivel informático, como uno puede ver el historial de adjudicación del proveedor, es quiénes son los empleados de mi empresa que están trabajando, o sea esa es la finalidad para verificar la trazabilidad de la información”, explicó Centurión.
La funcionaria de la DNCP también dejó bien en claro que es el IPS el encargado de recepcionar dicho formulario y este documento es clave para el proceso de pago del servicio. “La entidad que se encarga es el IPS, obviamente, pero lo que nosotros pusimos es la vinculación al contrato, entonces el decreto lo que establece es que la convocante le pide al proveedor que una vez que firmen contrato declaren quiénes son las personas que van a trabajar en esa institución. Principalmente porque se tiene que identificar a las personas que van a ingresar dentro de las oficinas públicas. O sea que, si yo estoy haciendo un contrato de seguridad, por ejemplo, quiero que me digas con nombre y apellido, número de cédula quiénes son los guardias que van a venir a prestar servicios dentro de mi institución”.
Las contundentes explicaciones de la funcionaria de la DNCP comprometen seriamente tanto al IPS como al proveedor, ya que refiere el valor del FIP como declaración de las personas contratadas para el cumplimiento de los contratos adjudicados, que en el caso de la previsional fue por G. 73.364 millones entre tres empresas.
Sin embargo, en los FIP presentados por Palumbo aparecen funcionarios de Salud, docentes que jamás han trabajado en sus empresas. Nuestro diario incluso publicó el nombre de una persona fallecida que figura como personal vinculado al contrato con IPS.
Existe también un Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), que rige por el mismo decreto del 2016 y que es para registrar los datos de los servicios prestados por cada persona física que conforma el personal, esto siempre conforme al FIP; es decir, con base en la declaración de las identidades de los prestadores vinculados al contrato.
BATAGLIA REMITIÓ MARCACIONES
Tras desentenderse de la primera solicitud de información que enviamos para acceder al listado de personal de limpieza del proveedor favorito de la previsional y luego del escándalo generado con los casos de limpiadores “mau”, el presidente del IPS, Vicente Bataglia, remitió una nómina correspondiente al mes de enero de este año. Así también desde la oficina de Transparencia enviaron las marcaciones de los subcontratados en la prestación del servicio.
Pudimos ver que varios de los que figuraban en las planillas del FIP, desaparecieron del documento Excel que nos proveyeron. Cabe recordar que el IPS tiene encima una investigación por parte de la DNCP, ente regulador de compras públicas cuyas primeras diligencias se enfocan en el control que realizó la convocante al momento de velar por la ejecución del contrato.
MRA: cuestionan aprobación de ejecución presupuestaria de intendenta liberal
El concejal colorado Edgar Martínez cuestionó la aprobación de la ejecución presupuestaria de la intendenta liberal de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda.
“La Junta Municipal aprobó de forma irregular la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta Carolina Aranda, es una bofetada a la gente”, manifestó el concejal Edgar Martínez (ANR-HC), quien se opuso al dictamen de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 que fue tratado y aprobado ayer por el Pleno de concejales de dicha ciudad. Dijo que está evaluando pedir la intervención de la Contraloría.
Martínez, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que por tercer año consecutivo su postura fue por el rechazo de la ejecución presupuestaria de la intendenta Aranda y cuestionó durante la sesión de ayer por el procedimiento “a tambor batiente” con el que se trató y aprobó la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta liberal Carolina Aranda.
Puntualizó falta de transparencia y un “sospechoso” apuro por la aprobación, ya que no fue estudiado ni analizado por la Comisión de Hacienda ni por los concejales.
“La Comisión no me ha convocado para ninguna reunión para hacer el estudio y análisis de esta ejecución presupuestaria 2023, para mí es demasiado importante que esto se estudie de forma responsable, de forma madura y no presentar hoy un dictamen como si fuese que somos pelotudos acá en esta Junta”, cuestionó Martínez.
Agregó durante la sesión que “he solicitado en sesión ordinaria la copia de la ejecución presupuestaria en tiempo y forma, la cual no se me concedió, entonces, yo quiero dejar en claro y que conste que para mí este dictamen se ha hecho de forma irregular, de forma irresponsable. Es como darle una bofetada a toda la ciudadanía y para mí, especialmente como contralor, no voy a acompañar este tipo de procedimientos. Y yo les pregunto a los colegas, estamos los doce colegas. ¿Quién recibió el dictamen de la Ejecución Presupuestaria? Yo soy parte de la Comisión de Hacienda, por la cual usted presidente tiene la obligación de convocar a los miembros para hacer el estudio y el análisis de esta red de dictamen”.
El concejal lamentó el estado actual de la ciudad, que carece de inversiones como desagües pluviales y cloacales, calles en mal estado y espacios públicos en una situación calamitosa, con una ejecución presupuestaria poco transparente e irregular.
Comentó que está estudiando con su equipo la posibilidad de un pedido de intervención de la Contraloría General de la República para auditar la gestión de la intendenta liberal.
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Tribunal confirma desvinculación de médicos en muerte de Renato
Tres de los doctores investigados por la muerte del niño Renato, quien, según su familia murió por negligencia médica y omisión de auxilio, fueron sobreseídos de forma definitiva. La decisión la confirmó un Tribunal de Apelación. Continúa acusada una pediatra.
La resolución del juez penal de Garantías, Yoan Paul López, respecto al sobreseimiento definitivo de los médicos María de Fátima Bastos, José Ovando y Óscar Cabrera en la causa que los investigaba por omisión de auxilio en la muerte de niño Renato, fue ratificada hoy por el Tribunal de Apelación.
La decisión se conoce, luego de que la familia de la víctima presentara una apelación contra lo resuelto por el magistrado.
La investigación del Ministerio Público concluyó que estos profesionales no tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de Renato, por lo cual, la propia Fiscalía pidió desvincular del caso a los médicos.
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A este planteamiento hizo lugar el juez López, tras lo cual, la querella presentó la apelación que finalmente fue rechazada, ratificando la decisión inicial.
Este nuevo revés de la familia del niño solamente deja una última ventana de oportunidad: la de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. De proceder a la acción, la Sala Penal será la que responda.
Por el caso continúa procesada la pediatra Laura Sena, quien está acusada de homicidio culposo, ya que fue la que atendió al bebé.
Renato Talavera falleció en el 2019, a los dos años de edad en el sanatorio Migone, a donde lo llevaron de urgencias por un cuadro febril y tos, síntomas que se complicaron y le provocaron la muerte.
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Concepción- Pozo Colorado: en mayo esperan licitar obras inconclusas del tramo
Claudia Centurión, ministra del MOPC, anunció que para mayo próximo se espera sacar la nueva licitación de obras del trayecto inconcluso de la ruta PY05 que une las ciudades de Pozo Colorado- Concepción.
Lo hizo durante el recorrido técnico que realizó la titular con su equipo en dicha zona. En ese sentido, señaló que se está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Economía y con expertos de la ingeniería vial de nuestro país y que, en este momento, todo el equipo del MOPC está abocado en el proyecto.
“Este es un proceso que fue rescindido al inicio de nuestra gestión y ahora estamos ya enfocados en poder retomar rápidamente esta ruta y que sea una realidad para todas las personas del norte del país. Estoy muy confiada que vamos a tener un proceso exitoso”, aseveró al tiempo de puntualizar que la financiación provendría del mismo crédito, es decir, el remanente que quedó.
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Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce indicó que ya se está trabajando en el nuevo llamado y que se espera que para el mes de mayo se pueda levantar de nuevo en el portal de Contrataciones Públicas “para dar al pueblo concepcionero una solución definitiva a este problema”.
Según el viceministro, son cerca de 90 km los que serían intervenidos de manera a completar lo que falta de la ruta entre la ciudad de Concepción y el Lote 1 (concluido) que llega a Pozo Colorado.
Mientras tanto, avanza el mejoramiento de un tramo de 6 km desde la cabecera del puente Nanawa hasta la rotonda 2 de mayo, un sector que también quedó abandonado tras la rescisión del contrato.
Cabe recordar que este proyecto fue licitado en tres lotes bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema). De estos tres, solo el Lote 1 concluyó exitosamente, siendo el organismo financiador el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de hasta USD 100 millones.