La periodista de investigación del diario ABC Color, Mabel Renhfeldt, había realizado una serie de publicaciones en base a presunciones de un supuesto caso de espionaje a una colega de su mismo medio, que había hecho publicaciones sobre altos jefes de las Fuerzas Armadas en agosto de 2016.

En ese entonces, sostuvo en sus publicaciones que se llegaron a traer a la capital equipos de supuestas escuchas telefónicas que eran utilizadas en la zona norte, por parte de los efectivos militares para combatir a los criminales del EPP.

Con el correr de la investigación llevada adelante por la fiscalía se corroboró que en realidad un funcionario infiel de la compañía telefónica Personal, cuyo accionista también es dueño de ABC Color, Aldo Zuccolillo, fue el que filtró el detalle de las llamadas efectuadas desde el teléfono celular de la periodista en cuestión.

En esa ocasión Renhfeldt en una entrevista a ABC Cardinal había declarado lo siguiente: “Para mí es una de las cosas más graves que ha ocurrido en los últimos tiempos en esta vida democrática. Nuestro diario ha demostrado de que manera han espiado el teléfono celular de la compañera, consiguieron reportes completo de a quienes llamaba y quienes le llamaban. Espiaron el celular corporativo, el particular que usaba ella. (…) Es uno de los escándalos más graves de nuestro tiempo democrático. (…) No hay garantía constitucional de inviolabilidad de tu comunicación”.

Sin embargo, Renhfeldt quien hace dos años se preocupaba por la garantía constitucional de la inviolabilidad de la comunicación privada no dudó en divulgar conversaciones privadas con el fin de posicionar a su medio periodístico en detrimento de todo lo que siempre había declarado y es más, presentó como una gran investigación periodística el cruce de llamadas de algunos actores políticos en la noche del 31 de marzo del año pasado, que también lo obtuvo de manera ilegal, sin que el mismo forme parte de la carpeta fiscal o de un pedido judicial.

En el plano internacional, justamente el exjuez español Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en el año 2012. Cuando era magistrado destapó el caso Gürtel, que desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje.

Esta situación se dio porque Garzón ordenó grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que incurrió en prevaricación y vulneración de la intimidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que dicha intervención vulneraba “el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010, afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley “de forma errónea” y, sin motivación alguna, ante la “mera posibilidad” de que los letrados actuaran de “enlaces” de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación “conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa” y con ello, Garzón “transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados”.

Hasta ahora prosigue el juicio por este escándalo en España.

Durante la reunión de este martes, las autoridades policiales presentaron al gobernador de Itapúa un plan de trabajo, de cara a las próximas acciones a ser impulsadas para evitar nuevos ilícitos.

El jefe departamental explicó que la decisión de declarar “emergencia” fue tomada no solo por el asalto a la sucursal del BNF en el distrito de Natalio, sino también por los múltiples robos y asaltos a productores, comerciantes, macateros y pobladores en general.

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“Es algo a lo que no estábamos acostumbrados los itapuenses”, afirmó Pereira en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Se asinceró al admitir que hasta el domingo, horas después de producirse el millonario asalto a la sucursal del BNF, aún no sentían el respaldo de la Policía Nacional, lo cual cambió el día de ayer tras el envío de más efectivos a la zona.

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En ese sentido, destacó el importante despliegue policial y el numeroso contingente de uniformados que fue destinado a Itapúa, a fin de reforzar la seguridad en esta zona del país.

El propósito es instalar nuevamente la sensación de seguridad entre los pobladores del departamento, luego de los últimos hechos acontecidos, enfatizó Pereira.

Rafael Méndez acudió con sus amigos a la discoteca Wyngood el fin de semana. El local se encuentra sobre la Avda. España casi Avda. Sacramento. Alrededor de las 5:00 de la madrugada salió rumbo a su casa, para lo cual, caminó hasta la calle Bestard casi Avda. España, donde estacionó el vehículo, a la vuelta del casino de Asunción.

“Paró un auto y alguien me dijo que entre, me fui corriendo hacia mi auto y alguien me hizo una zancadilla y empezaron a pegarme, me quitaron mis pertenencias y rompieron mi ropa”, relató la víctima, en un contacto con la 1020 AM.

Respecto a los motivos de la golpiza, los atacantes alegaron que un celular le fue robado a una amiga y que, el GPS apuntaba a la dirección del agredido, por lo cual, pensaron que él era el ladrón. Sin embargo, incluso después de darse cuenta de que estaban equivocados, continuaron la golpiza.

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Por su parte, la fiscal Ariela Chaparro confirmó que hay seis hombres identificados como los autores y que la denuncia ingresó ayer.

“Tenemos que determinar y ser francos en la parte penal. El hecho está como lesión, hay que determinar si la lesión es grave o leve. Si es leve, es acción penal privada y eso vamos a determinar con los diagnósticos médicos, un dictamen forense sobre la gravedad de las lesiones”, explicó la fiscal.

Del resultado de la inspección forense dependerá la continuidad del curso de la investigación y a intervención del Ministerio Público.

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En el transcurso de la tarde de ayer se reportó el hallazgo de un lote de medicamentos abandonados en la ciudad de Ypané.

Se trata de cuatro cajas de fármacos pertenecientes al Laboratorio Bagó, que fueron dejados en un terreno baldío.

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Pobladores del barrio donde se produjo el hallazgo denunciaron el hecho y expresaron su preocupación ante el temor de que niños que cruzan por la zona pudieran llevarse los productos.

“Esto queda de camino a una escuela, hay criaturas pequeñas que generalmente van por la tarde”, refirió una de las pobladoras al canal C9N.

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La mujer dijo desconocer quién fue la persona que llegó hasta el sitio para dejar los medicamentos y el motivo por el que decidieron abandonarlos allí.

Varios de los fármacos ya se encuentran vencidos, según se pudo constatar al hacer la revisión de las cajas, aunque hay otros que aún poseen validez conforme a su fecha de fabricación.