El pasado viernes 21, Silvio Arévalos Villalba llegó hasta la Municipalidad de Presidente Franco para hacerse responsable de la multa de G. 4 millones establecida por la comuna, por la tala indiscriminada de árboles que se estaba realizando en una propiedad ubicada en el barrio Tres Fronteras y donde la empresa Inmobiliaria del Este, del Grupo Zuccolillo, pretende desarrollar un ambiosioso proyecto comercial.

Sin mediar reparos, Arévalos pagó íntegramente la totalidad de la multa establecida y ahora se aguarda la intervención de la fiscalía del ambiente, teniendo en cuenta el crimen ecológico perpetrado en el lugar, además de que el desmonte se realizó sin ningún estudio de impacto ambiental.

Antes de la publicación del hecho, que había realizado hace unos días el diario ADN, en la propiedad estaba fijado un cartel con el logotipo de Inmobiliaria del Este, con la leyenda: “Prohibido pasar, propiedad privada”. Sin embargo, tras la denuncia del referido medio, dicho cartel desapareció misteriosamente del lugar.

PROYECTO AMBICIOSO

La propiedad se encuentra en el área de influencia de lo que será el futuro segundo puente sobre el río Paraná, que unirá nuestro país con Brasil. La empresa inmobiliaria, propiedad de Aldo “Acero” Zuccolillo, director del diario ABC Color, tiene un ambicioso proyecto una vez que concluya la obra sobre el Paraná. Uno de los planes sería la construcción de locales comerciales, considerando el flujo turístico que supondría la terminación del segundo puente.

Otro plan que el grupo empresarial tiene es la construcción de un hotel en el lugar o de un shopping como ahora tiene previsto construir en la zona de Encarnación, donde el año pasado adquirió, en una dudosa operación con el municipio encarnaceno, un inmueble que le costó US$ 4,5 millones y que según los concejales opositores fue una “ganga”, en un contubernio entre el intendente Luis Yd y el empresario.

CAMPAÑA CONTRA HOTEL CASINO

Una de las explicaciones de la insistente campaña de los medios de comunicación propiedad de los Zuccolillo, en contra del megaproyecto que se pretende instalar en un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) ubicado en Ciudad del Este, es la intención de potenciar la zona de Presidente Franco, donde se construirá el segundo puente y en cuya zona el empresario posee varias propiedades.

La instalación de un hotel-casino en el Este, en el terreno que tiene la ANNP, todavía no fue licitado y la figura a ser utilizada será la de una concesión por 30 años, por la cual, según el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, la institución pública recibirá US$ 100 millones. Una vez concluida la concesión, las obras quedarán en manos de la ANNP. Leite había cuestionado la campaña mediática que había utilizado el término “despojo”, cuando en realidad nunca se producirá tal cosa, por las razones explicadas.

ANTECEDENTES DE DESMONTES

No es la primera vez que el Grupo Zuccolillo es denunciado por la tala de árboles. En el lugar donde hoy está el Shopping Mariscal, propiedad del referido empresario, se depredó añosos árboles del “pequeño bosque” de la zona de Villa Morra para ampliar sus instalaciones en la manzana adyacente de Quesada, Doctor J. Eulogio Estigarribia, San Roque González y Teniente Zotti. El lugar era utilizado anteriormente por el local comercial como estacionamiento adicional.

Según los vecinos, en dicha manzana habían tres antiguas casonas, que fueron adquiridas por el empresario en los últimos años para concretar su proyecto. Los miembros de la organización denominada “No a la destrucción de la Plaza Infante Rivarola”, denunciaron en su momento que los árboles eran derribados con mucho sigilo en horas de la noche para evitar los cuestionamientos. Vendedores ambulantes apostados al costado de la construcción comentaron igualmente que vieron salir varios camiones que llevaban los árboles del lugar.

Fuente: La Nación.

Un hombre fue detenido por los agentes de la comisaría 24° tras intentar agredir a su hijo de 14 años y, posteriormente, quemar las prendas de vestir del adolescente y de su pareja, grabar el hecho y enviar mensajes amenazantes al grupo familiar vía WhatsApp.

Se trata de Juan Carlos Flores Silvero, de 36 años, quien fue denunciado por Carina Aparecida Griebeler Da Silva (35). La mujer relató que se encontraba en su lugar de trabajo, mientras que el hombre estaba en la casa de sus padres ingiriendo bebidas alcohólicas, donde empezó a crear zozobras tratando de agredir a su hijo menor.

En ese contexto, el adolescente le dijo a su mamá que no vaya a la vivienda, debido a que Juan Carlos se encontraba en total estado etílico y violento. Luego, el hombre fue hasta su domicilio, comenzó a quemar las ropas de las víctimas sin sentido alguno, hecho que filmó y envió al grupo familiar vía WhatsApp, además de amenazar con hechos de violencia a su pareja.

En tal sentido, la mujer no dudó en denunciar por lo que los agentes, en prosecución a la denuncia de inmediato, en compañía de la víctima acudieron hasta la casa y aprehendieron al sindicado. Se comunicó el hecho al fiscal Víctor Santander.

En conversación con la radio 650 AM, Óscar Tuma, abogado de la senadora Yamy Nal, anunció que apelará el fallo del juez laboral Rubén Darío López, por carecer de fundamentos para conceder un amparo a favor de la abogada Alejandra Peralta Merlo.

“El fallo, con total seguridad, puedo decir que es una barbaridad desde todo punto de vista. Evidentemente, este amparo sobrepasó la capacidad del juez, que seguramente por ser nuevo, no tiene la solvencia necesaria para obrar conforme a derecho”, esgrimió. “Vamos a apelar porque deja un nefasto precedente”, indicó.

El abogado Tuma sostuvo que el amparo tiene como fin proteger un derecho constitucional y para que se haga lugar, la persona debe accionar contra un acto ilegal. “Ahí tenemos que preguntarnos si existe alguna norma de desbloquear o bloquear, o no interactuar con un internauta, y no existe. Entonces, no estamos ante un acto ilegal porque esta conducta no está legislada”, esgrimió.

Señaló que tampoco es ilegal porque la propia red social da la posibilidad de interactuar, bloquear, aceptar o rechazar a alguien. “La senadora no cometió un acto ilegal porque no está penalizada esta conducta y la propia red social permite esto”, dijo.

Otro punto esgrimido por Tuma es que no consiste en un caso de urgencia, tal como alegó el magistrado, porque la amparista podría recurrir a información a través de canales oficiales de la Cámara del Senado, tales como la cuenta oficial de esa institución o de la TV Cámara. “No iba a quedar sin el derecho a informarse o en indefesión porque fue bloqueada, puede acceder a la información a través de los medios de comunicación, o medios oficiales de los senadores”, resaltó.

Así también, el abogado resaltó que se debe diferenciar entre las cuentas oficiales y las personales. En ese sentido explicó que, la cuenta institucional se utiliza exclusivamente para comunicar los actos oficiales y las políticas institucionales, tal como lo hace el Senado mediante sus canales oficiales. En tanto que, un funcionario público o autoridad electa tiene el derecho de crear una cuenta privada donde emite opiniones personales que no son oficiales.

Finalmente Tuma consideró que se vulnera el derecho de la congresista, al obligarla a tener que aguantar todos los ataques de los demás cibernautas y no poder bloquearlos.

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Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

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El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

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