Esta tarde se llevó a cabo una reunión entre el presidente, Horacio Cartes, con representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el sector productivo, para debatir sobre las medidas a tomar para hacer frente a la impunidad y la ola de violencia que sacude al país.

“Siguiendo con la temática de la preocupación de todos estos sectores en la cuestión de seguridad nacional y todos los acontecimientos que hacen a los últimos hechos de violencia en el campo y se están articulando mecanismo de control, especialmente en los procesos judiciales, porque es llamativo de delincuentes con frondosos antecedentes se encuentren en libertad para cometer delitos”, declaró Hector Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción, quien fungió de vocero junto al abogado Felino Amarilla.

Tanto la presidenta de la CSJ, Alicia Pucheta, como el fiscal general del estado, Javier Díaz Verón, se comprometieron a monitorear directamente los casos emblemáticos, a modo de evitar que la actuación de los magistrados y jueces impidan que los delincuentes obtengan su castigo.

Por su parte, Amarilla informó que también se habló de la ‘coraza parlamentaria’, por el caso de los legisladores implicados con invasión de tierras y que siguen sin ser procesados.

“La impunidad es una de las lacras de nuestro país; en el caso de José “Pakova” Ledesma y Luis Alberto Wagner es una constante política, es una forma de hacer política; el populismo es una forma de hacer política y en Paraguay es una forma de vida. El irrespeto a la ley por parte de parlamentarios es mucho mas grave que la violación de la ley por parte de un delincuente; lo que no se puede permitir es que la instigación para cometer actos criminales provengas de legisladores”, declaró.

“El avasallamiento de la propiedad privada y el último caso de Guahory que proponen incluso la expropiación de tierra del propio Estado Paraguayo, pone en claro el grado de irresponsabilidad de estos parlamentarios”, agregó.

La instalación se llevó a cabo conjuntamente entre el Hospital Regional que invirtió para la mano de obra, el Instituto Nacional de Nefrología, que brinda los insumos y el catéter para los pacientes, y la empresa Index SACI, que proveyó de pinturas, mamparas y otros equipamientos para adecuar la sala.

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La diálisis es un tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica y les brinda la oportunidad de utilizar esta opción, colocación de catéter, si reúnen las condiciones, según criterio médico, lo que a su vez les permite mejorar su calidad de vida.

El Dr. Emilio Cabrera, especialista en cirugía mínimamente invasiva, instruyó a los cirujanos del Hospital Regional de Paraguarí en la colocación del catéter de diálisis peritoneal.

El evento contó con la participación de la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba; Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí; Dr. Ernesto Wasmosy, presidente de Index SACI; Dra. Natalia Wasmuth, jefa de díalisis peritoneal del Instituto de Previsión Social y del Instituto Nacional de Nefrología; Lic. Marisa Lezcano, jefa de docencia del Instituto Nacional de Nefrología; Mgter. Deisy Benítez, jefa de enfermería de la IX Región Sanitaria; Sr. Modesto Arce, representante de la Gobernación de Paraguarí.

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Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.